TEPJF: la clave para la democracia
Yazmín Alessandrini
Al presentar su Informe de Labores 2014 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, el miércoles pasado, Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral), fue muy preciso al momento de explicar cuál es el más prioritario de todos los (muy sensibles) objetivos que debe cumplir este órgano y aquéllos que lo componen: eficientar los derechos de votar y ser votados, misión de altísima sensibilidad indispensable para la formación y permanencia de los Estados nacionales modernos.
Sin embargo, tanto en su discurso como en su accionar, el magistrado presidente Carrazo Daza ha tenido a bien ponderar durante el periodo comprendido del 1º de noviembre de 2014 al 15 de octubre de 2015 que el TEPJF, efectivamente, ha hecho su tarea en beneficio de los derechos electorales de todos los mexicanos, al resolver 25 mil 945 asuntos bajo un nuevo esquema constitucional, de redefinición estructural y de competencias de las autoridades electorales, en los que el quehacer de los jueces electorales cobra una notable importancia, ya que éstos deben tener el compromiso de hacer prevalecer en todo momento la fuerza de la Constitución ante cualquier desacuerdo.
Por ello, en un afán de propiciar un entorno jurídicamente balanceado para todos aquéllos que busquen la acción imparcial y transparente del Tribunal Electoral con sus resoluciones, Carrasco Daza manifestó que se está trabajando para perfilar una línea de progresividad en la protección de los derechos humanos, así como en la creación de jurisprudencia para dotar de coherencia, sistematicidad y certidumbre todas las decisiones judiciales.
Asimismo, considerando el entorno inmediato que vivirá México en el 2016, con 12 gubernaturas en disputa (13, si consideramos la de Colima, cuya votación fue acertada y asertivamente anulada), el magistrado presidente del Tribunal Electoral urgió a adoptar un nuevo esquema de sanciones a los partidos políticos y sus candidatos, para aquellas conductas que alteren y trastoquen el modelo de comunicación política en forma grave, ya que está demostrado que los castigos patrimoniales le hacen lo que el viento a Juárez a los infractores, porque éstos pagan sus multas con financiamiento público. Dejar de lado este tipo de sanciones e implementar medidas de carácter funcional de consecuencias jurídicas (como restringir a los partidos políticos y sus candidatos participar en comicios subsecuentes o ¿qué tal la suspensión o pérdida del registro, según la gravedad de la violación?) bien podría sentar un nuevo escenario que favorezca la transparencia y la legalidad.
www.lapoliticamedarisa.mx
yalessandrini1@gmail.com
alessandriniyazmin@yahoo.com.mx
@yalessandrini1