La paridad de género debe alcanzar a las comunidades indígenas, coincidieron los especialistas que participaron en las mesas de discusión del Coloquio para Fortalecer la Protección de los Derechos de Integrantes de Pueblos Indígenas, donde la incursión femenina indígena en temas políticos, se convirtió en el tema central de la discusión.
El antecedente es que la paridad de género ha garantizado mayor presencia femenina en la integración del Congreso de la Unión y de los congresos locales del país, a pesar del fuerte embate de la cultura machista que prevalece.
En contraste, y sin embargo, quedan fuera de ese nuevo precepto de equilibrio y justicia, a las comunidades indígenas mexicanas; por ello la urgencia de fortalecer en la integración de los cabildos de las comunidades indígenas la interacción de las mujeres.
La sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició con la discusión y el debate sobre las normas que tutelan las garantías de los integrantes de las comunidades indígenas y los desafíos que enfrentan para una mayor protección de sus derechos.
El Coloquio sobre Pueblos Indígenas, Autodeterminación y Justicia, convoca a especialistas en distintas materias y también a representantes de comunidades nativas, quienes de manera conjunta analizan las legislaciones estatales, la Constitución federal y los tratados internacionales que establecen la obligación de proteger los derechos de los integrantes de los pueblos ancestrales, así como aspectos relevantes de sentencias a favor de éstos.
La intención es pues que de estas mesas de trabajo, emerjan propuestas favorables hacia las mujeres de los pueblos indígenas, y de las propias comunidades en general.
El tribunal difundió las reflexiones de James Anaya, ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los Derechos Humanos y Libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas.
El especialista expuso que en el ámbito internacional “se han establecido garantías fundamentales a favor de los pueblos originarios, como la no discriminación, libre determinación, autonomía, participación, derecho a la cultura, a la tierra, así como garantías económicas y sociales”.
En el papel, pues, han quedado debidamente marcadas las obligaciones instituciones hacia las mujeres de los pueblos nativos, sólo falta que la garantía deje lo escrito y se lleve a la práctica.