Insensato sería que algún otro sector ajeno a la disidencia magisterial no respaldara en estos momentos tan complicados el avance de las reformas estructurales en materia educativa, para evaluar y obligar a los docentes a incrementar su calidad de enseñanza.
Ya es tiempo de que la justicia social se haga sentir en la vida pública de los mexicanos a través de la participación ciudadana que está obligada a definir su posición en torno de qué es lo que quiere para sus hijos y los hijos de sus hijos.
Es decir, justo sería que maestro que mejor se prepare y más trabaje gane más, con plaza o sin plaza, pero sí con los beneficios laborales que cualquier trabajador merece de acuerdo a su desempeño.
De ahí parte ahora la necesidad de que todos los sectores de la población exijan al magisterio y al sector académico en general, una mejor calidad en el sistema educativo, pues decía Platón en una de sus inmortales frases, que “La obra maestra de la injusticia, es parecer justo sin serlo”…
Al menos, aún y con sus intereses muy particulares, la Asociación “Mexicanos Primero” ha sido el lado crítico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), gremio magisterial que cada vez logra una mayor aversión de la ciudadanía en general.
Mexicanos Primero hizo un enérgico llamado al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y a las autoridades educativas, para que el gran esfuerzo que significa la evaluación de desempeño no se ensombrezca con inconsistencias o titubeos.
Resaltó que de forma por demás preocupante, el INEE resolvió que un maestro “no se presentó a la evaluación” –y por lo tanto incurre en el supuesto de despido- solamente cuando no presentó ni uno solo de los tres instrumentos de la misma.
Los criterios son: Técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la emisión de resultados de la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia en Educación Básica, 2015-2016., p. 15, fechado el 5 de noviembre, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 13 de noviembre.
Señaló, que con eso se pierde congruencia con el diseño e intención de la reforma educativa, que, establece lo siguiente en orden lógico:
- a) Hace un deber del Estado Mexicano garantizar la idoneidad de maestros y directivos, como parte del derecho de los alumnos,
- b) Establece que, a ese fin, los maestros deben integrarse al Servicio Profesional Docente (SPD),
- c) Para permanecer en el Servicio, los maestros deberán ser evaluados en su desempeño, sin excepción, cada cuatro años,
- d) La evaluación de desempeño es un único proceso, con tres instrumentos para lograr que sea integral,
- e) No presentarse a la evaluación es motivo de separación del Servicio.
Para Mexicanos Primero, quedó claro, desde la intención de los legisladores y a lo largo de los meses que han transcurrido desde la promulgación de la reforma normativa, que la evaluación no podía reducirse a un sólo instrumento, pues se necesitaba captar el desempeño del maestro desde distintos ángulos para ponderar con justicia la actuación del maestro como educador profesional.
Enfatizó que el mensaje en los últimos meses, de parte de las autoridades federales y estatales, era claro: la consecuencia inmediata de la evaluación de desempeño es el apoyo, tanto en la forma de regularización para quien resulte en nivel insuficiente, como en la forma de refuerzo, oportunidades y hasta incentivos económicos para quien resulte en los niveles suficiente, bueno y destacado.
En este sentido, sólo saldría del Servicio quien se niegue a ser evaluado, como se establece en los artículos 69, 74 y Octavo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD); así también lo reiteró el Secretario de Educación Pública.
Por eso, es un contrasentido mayúsculo que, sabiendo de la importancia de allegarse la información de los diversos instrumentos para establecer de forma integral el desempeño de un maestro, ahora se relativice el cumplimiento de la totalidad de la evaluación, como lamentablemente lo ha hecho el INEE al considerar que con solo un componente de los tres se da por “evaluado” a un maestro.
El texto del artículo 69 de la LGSPD señala como primera obligación del docente o directivo del Servicio: Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de Ingreso, Promoción, Permanencia y, en su caso, Reconocimiento, en términos de lo prescrito por esta Ley.
Además no propone el mandato que el cumplimiento sea de “parte de los procesos”; se sobreentiende que tienen que ser todos los procesos, en tiempo y forma.
Ésta equivocada decisión confunde a los maestros y eventualmente los desamina, pues se da por igualmente cumplida una ardua obligación -que a la inmensa mayoría de los sustentantes les implicó meses de dedicación, repaso y estudio para responder a cada fase- haciéndola ahora equivalente a que algunos sólo cumplan superficialmente y sin compromiso verdadero con la mejora y el mérito.
De acuerdo a su último informativo, Mexicanos Primero establece que pareciera que la preocupación de que no se despida a un maestro que se niega a los procesos, prevalece sobre el derecho de los niños, posponiendo el derecho que tienen a contar con un profesor idóneo.
Reconoció que en el campo de la profesión docente la enorme mayoría de los maestros de México se han comprometido con el cambio, y participan en los concursos de ingreso y promoción y en la evaluación de desempeño como marca la Constitución y las leyes; que la SEP muestra cada vez más firmeza y eficacia en la implementación de la reforma y mejor comunicación con los maestros.
Agregó que el INEE mismo ha aportado valiosos elementos técnicos para una evaluación con varios componentes, rigurosa e imparcial y advirtió:
“No podemos quedarnos sin exigir -en esta reforma que es de todos los mexicanos, porque involucra directamente el futuro de nuestros hijos- que el proceso de la evaluación de desempeño se concrete en su integralidad y sea resguardado como su importancia histórica lo exige.
Asimismo, exigimos que no se permita que queden impunes aquéllos que amenazan, hostigan o bloquean a los maestros que sí quieren la evaluación, el mérito y la transparencia; además exigimos que les cumpla cabalmente a los maestros, respetando su orden de prelación, la continuidad de sus niveles de estímulos y la certeza de que la formación para apoyarlos estará a la altura de sus necesidades.
La reforma avanza, pero exigimos que no haya excepción, incongruencia, titubeo o negligencia en su implementación”…
Es coincidente, entonces, que hay mucho en juego: los maestros requieren apoyo para consolidarse como profesionales, pero los niños, niñas y jóvenes, merecen una reforma sólida y sin inconsistencias.