Sinvergüenzas; no estúpidos, aunque parezcan

 

 

Humberto Musacchio

 

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, don Constancio Carrasco Daza, puso el dedo en la llaga y apretó fuerte porque le consta: las multas que se aplican a los partidos —dijo— “finalmente se pagan con financiamiento público, lo que pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de la sanción”.

Pues sí. En 2012, se estima que la campaña del PRI costó más de cuatro veces el monto máximo autorizado, lo que le permitió contar con una flotilla de aviones y helicópteros, cientos de autobuses, un ejército de colaboradores a sueldo, pagos bajo la mesa por publicidad disfrazada de información y todo lo que cabe dentro de la marrullería. Pero un señor de apellido Cristalinas, encargado de fiscalizar tales excesos, nunca se dio por enterado y no pasó nada, o lo poco que sí pasó fue cubierto con el dinero de los ciudadanos que el IFE entregó puntualmente a ese partido.

¿Y qué decir de las mil transas del PVEM? En el más reciente proceso federal, este partido violó una y otra vez la legislación electoral, rebasó cuanto quiso el tope de gastos y ahí está, listo para resarcirse de las multas echando mano de nuestro dinero, el cual le entrega el INE, además del que recibirán sus diputados, ediles y concejales elegidos gracias a las malas artes de los verduleros, que pagan, sí, pero carcajeándose, porque su contumacia acaba siendo ampliamente recompensada por una ley que se aplica al gusto de los ganones para que acaben por cobrar muchísimo más. Negocio redondo.

Lo dicho por Carrasco Daza fue parte del informe anual de labores que rindió en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pidió “la eventual redefinición del esquema sancionatorio respecto de conductas que trastoquen el modelo de comunicación política en forma grave, para que la punición no se concentre esencialmente en el ámbito patrimonial de los partidos políticos y candidatos, y se transite a medidas de carácter funcional que establezcan como consecuencia jurídica, restringir la participación de partidos políticos o candidatos en los respectivos procesos electorales subsecuentes”.

Con mucha elegancia, pero lo cierto es que don Constancio pide que sin abandonar las multas, que también duelen, las sanciones a candidatos y partidos sean de carácter político y que incluso se llegue hasta la privación de derechos a los que violen la norma, lo que también deberá implicar que se le suspendan las ministraciones a los que burlan la ley.

Lamentablemente no hay razones para el optimismo. La pelota ya está en la cancha del Poder Legislativo, donde tendría que reformarse la legislación para proceder en el sentido que señala el magistrado. Pero —Marx dixit— nadie construye la pistola con que habrá de suicidarse. Los partidos representados en el Congreso no modificarán la ley para ponerse en riesgo de perderlo todo. Son sinvergüenzas, no estúpidos, aunque lo parezcan.