Entrevista a Carlos de la Rosa | Investigador del CIDAC
Moisés Castillo
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte) aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos a favor de cuatro personas que promovieron un amparo. Sin duda, esta decisión abre la puerta para quienes buscan la despenalización de la cannabis.
En el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, se determina que los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud que prohíben toda una serie de actividades relacionadas con drogas ilegales, incluida la marihuana, son inconstitucionales. Además, la Secretaría de Salud debe definir cuántas plantas podrá sembrar cada uno de los amparados, y la cantidad que podrán transportar para consumo lúdico.
La legalidad de todas las actividades relacionadas con el autoconsumo de la marihuana para todos los mexicanos se debe lograr vía jurisprudencia: a través de amparos, es decir, si se resuelven cuatro casos más de la misma forma; por contradicción de tesis. Si en otro tribunal se llega a una resolución contraria, la Corte deberá atraer y decidir por medio de una jurisprudencia cómo evaluar los casos a futuro en todos los tribunales.
Primer precedente y muy importante
Para Carlos de la Rosa, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo, las implicaciones que tendrá esta decisión de la Corte —en la creación de un mercado legal de marihuana en México— serán limitadas, pero inevitablemente en los próximos años se hablará de la “liberalización” del autoconsumo.
¿Qué efectos legales tiene la aprobación del dictamen del ministro Arturo Zaldívar?
En primer lugar hay que destacar que se trata de la primera decisión del Poder Judicial en México en casi 100 años de una política prohibicionista, que se remite a 1926 con la primera ley que penaliza el consumo de marihuana. Se refiere a una posible liberalización del consumo de marihuana en México, se trata de una decisión judicial innovadora. Las implicaciones específicas de esta decisión son un tanto limitadas en términos jurídicos. Es decir, esta aprobación de la Primera Sala de la Corte implica que los cuatro integrantes del grupo Smart van a poder llevar a cabo actividades que estén destinadas al autoconsumo de marihuana; quedan excluidas de esta decisión actividades que tengan fines comerciales o de lucro. La decisión sólo beneficia a estas cuatro personas por el momento.
Si bien el fallo no significa la legalización general de la marihuana, ¿hacia esa dirección va encaminada la discusión?
Definitivamente. Hay que tener en cuenta que es un primer precedente y muy importante, porque abre la posibilidad de que en el futuro se presenten más amparos y que se resuelvan en ese sentido. Posiblemente, en los próximos años, ya se esté hablando de una liberalización del autoconsumo de la marihuana en el país, pero para que esto ocurra se requieren cumplir una serie de pasos.
En primer lugar, se necesita que se presenten otros cuatro amparos, que éstos se resuelvan en el mismo sentido del grupo Smart ,y en ese momento se generaría jurisprudencia con cinco amparos resueltos. Una vez que exista jurisprudencia, la Corte tiene la facultad de notificar al Congreso de la Unión para legislar y modificar la Ley General de Salud.
Sin embargo, se trata de una facultad discrecional, el Congreso puede hacerlo o no. Si decide no hacerlo, entonces la Corte tiene la facultad de emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Si así lo decidiera, una vez que existe jurisprudencia, entonces sí podríamos hablar de que existiría un marco regulatorio que permitiría el autoconsumo de marihuana en todo el país.
De nueva cuenta el debate
¿Qué pros y contras encuentra en el fallo de la Corte?
El tema que generó debate tras el fallo es que no se tenían muy claras las implicaciones, se mostró cierta polarización. Por un lado, se dijo que se había creado la puerta de entrada para la liberalización de la marihuana, lo cual no es necesariamente cierto; también se comenzó a decir que con esta decisión habría altos riesgos para la salud pública, lo cual tampoco es cierto. Es importante notar que el proyecto del ministro está basado en una línea de derechos humanos y no aborda temas de seguridad pública, en ningún momento pretende que este fallo tenga impacto en cuestiones de crimen organizado o en las dinámicas de seguridad pública. Lo importante es tener muy claras las implicaciones del fallo y saber que se trata de una decisión muy importante, pero con alcances limitados.
¿Fue adecuado el argumento del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para no apoyar el dictamen?
El principal argumento es que no se estableció adecuadamente cuáles serían los alcances y quedaría pendiente la regulación de cómo operaría el autoconsumo, en dónde se adquiriría la semilla. No está claro cómo operaría, cuántas cantidades se permitirían, las dosis, qué estamos entendiendo por una dosis de autoconsumo, aunque lo más probable es que opere como se hace en los clubes cannábicos de España, donde funcionan como una asociación civil que tiene permitido cultivar y consumir marihuana en ciertas instalaciones y bajo ciertas reglas.
¿Qué escenarios se perfilan ahora que el tema pasará al Congreso?
Lo que sucede es que con esta decisión tan importante de la Corte se ha abierto de nueva cuenta el debate y se han presentado argumentos que cuestionan seriamente la política prohibicionista en materia de drogas. Este debate lleva muchos años, sobre todo en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Por una parte, no se han logrado reducir los índices de consumo y tráfico de este tipo de sustancias, además ha elevado los costos tanto sociales y económicos para los países involucrados. Es positivo que el Legislativo se introduzca en el debate y presente iniciativas adecuadas, y que no espere que el Poder Judicial tome decisiones que modifiquen la política de drogas, sino que el Legislativo busque cambiar la situación actual.
Lógica de derechos y libertades
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a que se genere un debate amplio, ¿qué aspectos legales deben de tomarse en cuenta para tener una discusión seria en materia de derechos humanos, seguridad y salud?
El debate en el tema de drogas tiene que estar basado, principalmente, en una ruta de derechos. El proyecto del ministro Zaldívar está sustentado bajo una lógica de derechos humanos. Argumentó, en su proyecto, que el Estado no tiene la facultad de intervenir en la vida de las personas, de obligarlas o no a consumir ciertas sustancias. El argumento fuerte del ministro fue el derecho del libre desarrollo de las personas y establece que existen otro tipo de regulaciones que son mucho menos costosas tanto para el individuo y el Estado. Hay ejemplos a escala internacional: Uruguay despenalizó el consumo de la marihuana; en entidades de Estados Unidos, donde sí se ha liberalizado de forma más ambiciosa el mercado de la marihuana; en Portugal, donde está despenalizado el consumo y la posesión; en Holanda, donde tiene más tiempo una política de tolerancia al consumo de ese tipo de sustancias.
En la guerra contra el narcotráfico, ¿se abre también la posibilidad de cambiar la estrategia y crear una política integral en materia de drogas?
El fallo abre la posibilidad de iniciar un debate nacional en torno a la regulación vigente en materia de drogas, sobre todo que se cambie el enfoque que hasta ahora ha sido de seguridad pública. Cada vez más hay un consenso internacional que invita a los países a modificar ese enfoque por uno de salud pública, ya que implica menores costos para quien consume y para el Estado. El debate se debe de dirigir hacia el desarrollo de políticas públicas que estén basadas en una lógica de derechos, libertades y en argumentos científicos que establezcan cuál es la mejor regulación para este tipo de sustancias.
¿Fue oportuno que Peña Nieto fijara su postura y al mismo tiempo impulse un debate nacional?
El Ejecutivo federal está en su derecho de expresar su posición sobre el tema. Al final la regulación pasará por muchos actores y factores, es un asunto que le compete al Legislativo y al Judicial. Lo importante es que haya distintas posiciones, pero que no estén basadas en el prejuicio sino en investigaciones profesionales y datos duros.
España, un modelo
¿La posible legalización de la marihuana terminaría con la violencia del narco?
No necesariamente terminaría con las actividades de los cárteles de la droga o la guerra contra el narco. No está muy claro qué tan importante es el tráfico de marihuana dentro del negocio del crimen organizado. La seguridad pública no es un tema que dependa exclusivamente de las sustancias ilegales sino que es un tema que pasa por construir un estado de derecho verdadero, construir instituciones de procuración de justicia que sean eficientes. Si no se construyen instituciones dentro del sistema de justicia confiables entonces no se resolverá el tema de seguridad pública. Es peligroso defender la liberalización de ciertas drogas bajo el argumento de que eso va a terminar con los índices de violencia que tenemos en el país. El tema de las deficiencias institucionales es algo que preocupa en caso de que se concrete la liberalización del consumo de la marihuana, porque necesitaríamos instituciones fuertes para poder regular ese tipo de actividades. Además serían necesarias muchas campañas de prevención para informar a la sociedad sobre los riesgos del consumo de este tipo de sustancias, a fin de reducir riesgos en la salud de las personas.
¿Hay un modelo que México puede seguir a partir de la experiencia internacional?
A partir de la decisión de la Corte y los alcances que tiene esta decisión, el modelo que más se parece y que probablemente podría operar en México serían los clubes de autoconsumo que actualmente están regulados en España. Lo más distinto sería el marco que existe en algunos estados de Estados Unidos, ya que se está liberalizando totalmente el mercado de la marihuana para fines de autoconsumo, pero también comerciales, se está desarrollando una industria.