En menos de quince días el Estado de Michoacán mereció dos sendas recomendaciones con alcance a todo el país, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El caso del albergue para jornaleros agrícolas situado con el municipio de Yurécuaro superó, lamentablemente, la temática inicial y se convirtió en causa para que el organismo llevara a cabo una investigación a fondo de las condiciones en que habitan los jornaleros mexicanos.

La recomendación emitida por el organismo fue dirigida a José Antonio Meade Kuribreña, actual titular de la Sedesol, pero el evento en sí ocurrió durante la administración de Rosario Robles Berlanga, sumándose a las muchas irregularidades que le tildan a la exdirigenta perredista; empero, deberá ser Meade el que dé respuesta y atienda cada punto de los 188 que marcó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Tocará también agarrar su parte a las actuales autoridades municipales de Yurécuaro, que tomaron posesión del cargo apenas en septiembre del presente año. La situación del inmueble, sin embargo, no cambia.

En Yurécuaro, el 11 de marzo el 2014 murió ahogada una pequeña de apenas seis años, hija de un jornalero migrante, quien la descubrió sumergida en un aljibe del albergue. El caso llegó a oídos de la CNDH a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo visitador había realizado una primera visita.

El jornalero migrante, papá de la pequeña, puso el dedo en la llaga y lo removió a morir cuando afirmó en su queja que la muerte de su hija fue a consecuencia del abandono en el cual viven los habitantes del Albergue, del descuido de no mantener cerrado el aljibe, de no tener personal encargado del mismo, pues a quien fungía como tal “lo habían corrido por malos manejos y malos tratos hacia nosotros”; aunado a que no contaban con luz eléctrica ni agua en los tinacos; que los inodoros y sanitarios no funcionaban y no había control ni vigilancia de quienes entraban o salían del lugar. 

Con sus declaraciones, al principio ignoradas por medio mundo, desató las alertas de la comisión, porque además de evidencias las condiciones que habitaban, desnudó la poca o nula atención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. A la fecha en que murió la pequeña, el lugar tenía casi dos meses sin personal a cargo, se habían suspendido los servicios de energía eléctrica y agua para los sanitarios, por lo que solamente podían acceder al agua a través del aljibe, lo que reflejaba descuido, además de condiciones insalubres.

Las violaciones a los derechos humanos crecieron como la espuma en Yurécuaro. Los testimonios de casi 30 de los jornaleros y sus familiares, dolieron e indignaron. Las evidencias así lo indican.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), en 2013, la población potencial de jornaleros agrícolas e integrantes de sus hogares era de 6.02 millones. De éstos, 1.55 millones de personas correspondían a jornaleros agrícolas y 4.47 millones de personas eran integrantes de los hogares de jornaleros agrícolas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha establecido en su informe una serie de recomendaciones y ordenamientos a cada institución involucrada. 

A la Sedesol, le pide repare el daño, en coordinación con el Ayuntamiento con medidas de rehabilitación, atención médica y psicológica; instrumentar proyectos en beneficio de jornaleros y sus familias y que se dé mantenimiento a los inmuebles dedicados a la atención de los jornaleros, con supervisiones periódicas, gestionar y dedicar subsidios y, sobre todo, dignificar los espacios, programas y atención de estos ciudadanos, obligados por las circunstancias a emigrar de sus lugares de origen buscando el sueño americano en territorio mexicano.