La trata de personas se ha convertido en un grave problema social que demanda en la actualidad, y con urgencia, la atención de las autoridades pero a niveles más allá de fronteras y condiciones, a grado tal que la Organización de las Naciones Unidas le ha dedicado un capítulo especial con su respectiva investigación, al caso.
El diagnóstico elaborado establece los puntos clave donde esta práctica está mayormente arraigada y también marca a las entidades que le han aportado a la investigación y atención del problema.
El diagnóstico también ha evidenciado cómo los esfuerzos unilaterales no conducen más que a unas pocas detenciones que no afectan en sobremanera a las grandes “corporaciones” o redes dedicadas a esta práctica, principalmente con enfoques sexuales.
Ciudades como Tijuana y Mexicali, en Baja California Norte; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, Cancún, Quintana Roo; Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, son zonas de riesgo y de alta práctica.
El alcance de la presión ha sido tal que Estados Unidos estableció vínculos de investigación común, lo que le ha permitido a ambas naciones atinas algunos golpes a esas redes.
Como en los ranchos, los secretos a voces de secuestros en tierras mexicanas de mujeres y niñas que son llevadas a prostituirse al vecino país del norte, tronó ante la constante desaparición de las féminas, grandes y pequeñas. Se evidencia también que en muchos de los casos son mexicanos quienes se encargan de llevar a sus connacionales a esos sitios de abuso.
La trata de personas va ligada a otros grandes delitos y en el afán de garantizar condenas más altas para los hechores, el gobierno norteamericano ha reforzado sus acusaciones, como uno de los casos más recientemente ocurridos donde ocho personas, entre mexicanos y ciudadanos de EU, incluida una mujer, fueron acusados de 27 cargos: trata sexual, prostitución interestatal, tráfico de indocumentados, lavado de dinero, asociación delictuosa, conspiración para obligar a menores y a adolescentes a prostituirse, fraude, coerción, y otros delitos relacionados.
La acusación fue hecha en la corte del Distrito Este de Nueva York en contra de los imputados, cinco de ellos arrestados en México y dos en Queens, Nueva York. Se trata de un negocio “familiar” y así fue señalado por los acusadores, al señalarlos como parte de una organización criminal internacional identificada como la “organización de trata Rendón Reyes”.
Este grupo conformado por Jovan Rendón Reyes, alias “Jovani”, de 32 años de edad, originario de México; Saúl Rendón Reyes, alias “Satánico”, de 37 años oriundo de Queens; Guillermina Rendón Reyes, de 44 años, de México; Francisco Rendón Reyes, alias “Pancho”, 27 años, de Queens; José Rendón García, alias “Gusano”, de 32, de México; Félix Rojas, de 45, de México; Odilón Martínez Rojas, alias “Chino“ o “Saúl”, de 44, de Brucetown Mills, Virginia Occidental, y Severiano Martínez Rojas, de 50 años, de México, llevó a cabo trata sexual y crímenes relacionados entre diciembre de 2004 y junio de 2014 en Queens, Nueva York, y en Atlanta y Jemison, Alabama, entre otras ubicaciones.
Los acusados utilizaban la fuerza, amenazas de fuerza, fraude y coerción para hacer que jóvenes y niñas de México y América Latina se prostituyeran en los Estados Unidos.
La lucha contra estas actividades ilícitas y denigrantes de la condición humana ha caminado lenta pero eficazmente. Por desgracia, este problema social revela cada más un mayor alcance internacional que obliga a las autoridades de ambas nacionales, principalmente la nuestra, a operar acciones más contundentes y profundas para arrancar de raíz el origen de este tipo de redes que sobrepasa, evidentemente, las fronteras territoriales marcadas.