Entrevista a Jaime Cárdenas | Investigador del IIJ de la UNAM
Dicen que una buena reputación es más segura que el dinero. Pero Arturo Escobar, exvocero del Partido Verde Ecologista de México, piensa lo contrario. Lo suyo es el dinero y la ilegalidad. En julio de 2009, en el aeropuerto internacional de Chiapas, elementos de la Policía Federal detuvieron, momentáneamente, al entonces senador con una maleta en la que había un millón 100 mil pesos.
Primero lo negó, después dijo que no había dinero y luego aseguró que el efectivo fue producto de la venta de unos automóviles y que el dinero lo llevaba Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, dirigente del Partido Verde en Chiapas. Castellanos Cal y Mayor afirmó que esos recursos eran para gastarlos en las elecciones locales. Al final, la PGR concluyó que no había elementos para ejercer acción penal en contra Castellanos Cal y Mayor, la persona involucrada, porque probó que el dinero “era suyo y de procedencia lícita”.
Un sexenio después, el mismo PVEM desafió a la autoridad en pleno proceso electoral al regalar vales de medicinas a derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, no respetó la “veda electoral”, difundió spots en salas de cine, contrató a personajes de la TV para promover el voto en las redes sociales, obsequió kits escolares, entre otras violaciones a la ley electoral. Sin embargo, el PVEM y Escobar, el segundo hombre en importancia del partido, sobrevivieron a la multa de casi 600 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral y evitaron la cancelación del registro como partido político.
Posteriormente, Arturo Escobar fue nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación. Ante el rechazo contundente de organizaciones de la sociedad civil, Escobar alcanzó a decir que “este premio tiene que ver más bien con una invitación que me hace el presidente de la república, que me llena de orgullo poder aceptarla”. Duró menos de tres meses en el cargo por presuntos delitos electorales.
Olvidó declarar su casita
Como subsecretario presentó su declaración patrimonial pero no la hizo pública. Quiso ocultar una casa valuada en casi 5 millones de pesos, en San Antonio Texas. Ante el nuevo escándalo, Escobar se puso a disposición de la Secretaría de la Función Pública para acreditar, dijo, que adquirió el inmueble con recursos propios.
El pasado 25 de noviembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR consignó ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal la indagatoria relativa a las tarjetas denominadas Premia Platino. Hay que recordar que el Partido Verde repartió 10 mil tarjetas que le permitió a la gente obtener descuentos del 10 al 30 por ciento en más de 9 mil establecimientos en todo el territorio nacional.
Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, sostiene que la Fiscalía se ajustó al marco normativo y respetando los derechos humanos de los indiciados, de los ofendidos y de las víctimas, con absoluta imparcialidad, sin “filias ni fobias”.
En el pliego de consignación, la FEPADE también solicitó órdenes de aprehensión contra los empresarios relacionados con las compañías Proyectos Juveniles S. A. de C. V., Multiservicios de Excelencia R. Q. de S. C. y Cards & Systems Solutions S. A. de C. V. por las aportaciones en dinero y en especie al PVEM, Luisa María Robles, María Guadalupe Robles y Pablo Líder Robles.
Para Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Arturo Escobar no estará tras las rejas. Al propio gobierno de Enrique Peña Nieto le podría favorecer que sea procesado para mandar el mensaje a todos los funcionarios de primer nivel de que nadie es impune.
“Mi preferencia sería que lo procesaran, pero eso dependerá del juez y de los argumentos que presente. No creo que Arturo Escobar pise la cárcel. Si lo vemos más allá de la coyuntura política, al propio gobierno federal le convendría mandar ese mensaje de que nadie es impune y de que todos los funcionarios deben actuar con rectitud. Sería bueno para la sociedad que el juez otorgue la orden de aprehensión, pero si Arturo Escobar es inocente debe prevalecer su inocencia.”
Irregularidades evidentes
¿Cómo califica, hasta el momento, la actuación de la FEPADE, en el caso Arturo Escobar?
La FEPADE ha realizado un buen papel. Lo que se desconoce del trabajo de la Fiscalía es si existen, por ejemplo, otras carpetas de investigación relacionadas con Arturo Escobar u otros dirigentes del Partido Verde. Pero lo hecho por la FEPADE me parece correcto, porque gran parte del descrédito de las autoridades electorales del país, me refiero al INE y a veces hasta el propio Tribunal Electoral, no actúan cuando la sociedad demanda y existen irregularidades evidentes. Por ejemplo, la molestia de muchos sectores sociales cuando solicitaron al INE la pérdida del registro del Partido Verde por todas las irregularidades en el curso del proceso electoral pasado, y el INE no atendió esa solicitud. Desde mi punto de vista era una solicitud que debió haberse atendido. La Fiscalía, en este sentido, sí está realizando su trabajo adecuadamente. Se preguntan muchos si el fiscal consultó la consignación de Arturo Escobar con la procuradora Arely Gómez, supongo que sí, supongo que el fiscal no puede tomar una decisión de esta magnitud sin consultarlo con la titular de la PGR.
En el papel, la FEPADE ya es autónoma…
Es una autonomía relativa. Si se analiza el diseño legal de la Fiscalía es una Fiscalía donde la propuesta proviene del Ejecutivo federal y es aprobado por una mayoría de senadores. Hay una suerte de relación jerárquica entre la titular de la PGR y el titular de la FEPADE por los temas administrativos y presupuestales. No hay una autonomía plena. Quiero suponer que el fiscal antes de realizar la consignación lo consultó o informó a la procuradora Arely Gómez.
¿La orden de aprehensión contra Escobar es por delitos graves? ¿Qué consecuencias legales tendría la entrega de tarjetas Premia Platino?
En la ley penal, en el código de procedimientos penales, está establecida la lista de los delitos graves y ahí no aparecen los delitos electorales. Sin embargo, algunos delitos electorales tienen una penalidad cuyo término medio aritmético es superior a 5 años. Para algunos, un delito grave es cuando el término medio aritmético entre la pena inferior y la pena superior excede los 5 años. Con otra interpretación se puede entender que todo aquel delito cuyo término medio aritmético rebasa los 5 años de prisión es un delito grave. Existe otra interpretación: en el catálogo de lo que se entiende por delitos graves, no están los delitos electorales. Como decimos los juristas: haciendo una interpretación pro homine, como lo establece el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución, tal vez el juez considere no graves estos delitos porque no están en el catálogo de delitos graves, aunque el término medio aritmético pueda rebasar los 5 años. Desde la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución en 2011, se estableció el principio “a favor de la persona” y en materia penal la norma tiene que aplicarse siempre In dubio pro reo (en caso de duda), a favor del indiciado. Creo que es muy posible que el juez penal, independientemente de que dicte la orden de aprehensión, considere que el delito no es grave.
Escobar estaría violando los artículos 7 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la pena prevista es de cinco a 15 años de cárcel…
Hasta donde tengo entendido, la consignación fue por varios delitos, vamos a ver en cuáles de esos probables delitos el juez determina si hay o no orden de aprehensión.
Poco prestigio de las autoridades
El líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que se trataba de un asunto político, ¿coincide con esta visión?
No lo veo así, creo que la Fiscalía trató de hacer bien su trabajo. Sabemos que las instituciones viven un profundo descrédito. Creo que algunos titulares de áreas del Estado mexicano intentan tener credibilidad y ganar legitimidad, y supongo que éste fue el caso de la FEPADE, que se le vea un órgano creíble. En la historia de los órganos electorales de México, la FEPADE nunca ha tenido mucho prestigio. Las épocas del IFE o cuando el Tribunal Electoral gozaba de gran prestigio en algunos sectores sociales, nunca la FEPADE tuvo ese mismo nivel de reconocimiento. Por ejemplo, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo mucho prestigio desde que anuló aquella elección famosa de Tabasco en 2000. Hubo cuatro o cinco años donde el Tribunal Electoral gozó de credibilidad a juicio de muchos sectores sociales como lo tuvo algunos años el IFE en tiempos de los casos Amigos de Fox y el Pemexgate. La FEPADE busca credibilidad y legitimidad y decir que puede hacer un buen trabajo. Desde el punto de vista político, como señala Beltrones, es el deseo del Fiscal de legitimar su área; desde el punto de vista jurídico creo que es bastante razonable lo que está consignando ante el juez.
Y esta decisión del juez se tendrá que dar en un contexto donde la corrupción y la impunidad son imparables en México…
Hay muchos contextos. El primero, una situación terrible de lo que fue la participación del Partido Verde durante el pasado proceso electoral. Fue el partido más multado, más sancionado, el que desafió a la autoridad, el partido en donde se pidió la pérdida del registro por parte de ONG. Por otra parte, Arturo Escobar es un personaje con antecedentes negativos, por lo menos en los medios de comunicación, cuando le encontraron un millón de pesos en efectivo; el escándalo de su casa lujosa en el extranjero. Cuando fue designado subsecretario de Gobernación muchas organizaciones de derechos humanos y de seguridad lo vieron negativamente. Si hay este elemento político, existe el deseo de la autoridad, del Ministerio Público, de la Fiscalía, de legitimación y mostrar a la sociedad que se puede realizar un buen trabajo.
Que el juez haga su trabajo
¿Coincide con analistas políticos en que si no se castiga a Arturo Escobar se envía el mensaje de que el Poder Judicial está “podrido”?
Creo que sí, hay un riesgo, sobre todo, si el juez decide no girar la orden de aprehensión. En lo que insistiría es en que lo que vaya a decidir el juez, lo debe transparentar, debe hacerlo público. Tenemos que saber bien sus argumentos jurídicos. Si hay argumentos jurídicos para girar la orden de aprehensión, el juez debe cumplir con su trabajo. Si la FEPADE no integró adecuadamente la averiguación previa, el juez lo determinará. Lo importante es que el Poder Judicial se va a salvar si existe una adecuada argumentación jurídico legal. Tiene que ser una argumentación convincente, porque se corre el riesgo, efectivamente, de que se diga que el Poder Judicial está “podrido”.
Qué paradoja: el subsecretario de Prevención del Delito acusado de transgredir la ley, ¿le sorprende?
Pienso que fue un error designar a un personaje tan cuestionado como Arturo Escobar, en un área tan importante y relacionada con organizaciones no gubernamentales y derechos humanos como la de Prevención del Delito. Creo que el perfil del encargado de esta área debe ser un perfil de abogado o de científico social muy vinculado con derechos humanos, con sectores sociales y grupos de la sociedad como el de la señora Wallace llamado Alto al secuestro, o el de Alejandro Martí, que vigilan el funcionamiento de programas y autoridades sobre el tema. Es un perfil que debe ser revisado escrupulosamente porque tiene que trabajar en conjunto amente con sectores sensibles como víctimas de delitos, madres de desaparecidos, donde el funcionario debe tener capacidades políticas de comunicación con autoridades de los tres niveles de gobierno. El estilo de Arturo Escobar —porque fui consejero del IFE y él era representante del PVEM— es muy hosco, muy duro de comunicación. Él es buen abogado, pero carece de un estilo que busque armonización de intereses. En pocas palabras, no es una persona sensible y que sepa escuchar. Su designación se vio más bien como un pago de favores por la alianza con el PRI. Se vio muy mal esa decisión del gobierno de Peña Nieto.