Carcinoma nacional
Raúl Jiménez Vázquez
Las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, incluyendo a las fuerzas armadas, ha sido una constante a lo largo del tiempo. Así lo demuestran las crueles matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, las torturas y desapariciones forzadas de opositores políticos que tuvieron lugar durante la guerra sucia, las horrendas masacres de Acteal, Aguas Blancas, el Charco y el Bosque, la agresión a los pobladores de Atenco y las más de cien mil vidas humanas segadas en el contexto de la guerra antinarco.
En los tiempos que corren, la desaparición forzada de los muchachos de Ayotzinapa es el epítome de ese repulsivo patrón de conducta gubernamental, del cual igualmente forman parte los sucesos de Tlatlaya, donde militares asesinaron a 22 presuntos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, acto hipercriminal que pudo ser visibilizado gracias a la denuncia hecha por una sobreviviente a través de la revista Esquire.
Milicianos también fueron los que en Calera, Zacatecas, desaparecieron, torturaron y sacrificaron a siete jóvenes campesinos analfabetas.
A las canalladas anteriores se suman dos inefables acontecimientos relacionados con elementos de la policía federal que tuvieron lugar en Michoacán: la tortura y matanza de 42 personas con fusiles de alto poder en el rancho Del Sol, ubicado entre los municipios de Ecuandureo y Tanhuato, y el ataque masivo contra civiles en una plaza de Apatzingán. Este último fue objeto de una investigación cuyos resultados están contenidos en la recomendación 3VG/2015 que la CNDH dio a conocer a la opinión pública hace unos días, dirigida al secretario de la Defensa Nacional, al comisionado nacional de Seguridad, al gobernador del estado y al presidente municipal de Apatzingán.
En tal documento se determinó la existencia de violaciones graves a derechos humanos, consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de cinco personas y la ejecución extrajudicial de una más.
Todo ello ha conllevado la transgresión flagrante de una constelación de derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en multitud de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Asimismo ha implicado el atropellamiento de los lineamientos puntuales establecidos por la ONU en dos instrumentos de enorme trascendencia: el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Este gravísimo carcinoma nacional tiene su origen en la indolencia oficial, la permisividad, la impunidad crónica y las complicidades institucionales.
Sin embargo, la causa de la causa es mucho más preocupante: dentro de las estructuras gubernamentales ha florecido la cultura del desprecio a la vida, la necrofilia, la cultura de la muerte, raíz y esencia de los totalitarismos. En ella todos los seres humanos somos sacrificables.