El Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Guanajuato, dictó auto de formal prisión contra César Miguel Peñaloza Santana, ex alcalde de Cocula, Guerrero, en el periodo 2012-2015, como probable responsable en la comisión del delito de Delincuencia Organizada.
Bajo la hipótesis de cometer delitos contra la salud, en su modalidad de fomento, Peñaloza Santana es acusado por un testigo de los hechos de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de un estudiante más.
Los hechos ocurrieron durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 a manos de la Policía Municipal de Iguala, apoyados por integrantes del crimen organizado.
La resolución, entonces, obedece al exhorto girado por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guerrero.
El juez de la causa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto indiciado el pasado 16 de diciembre de 2015, la cual fue cumplimentada ese día en Iguala, Guerrero, por elementos de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), y por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Dicho mandamiento es resultado del trabajo de investigación del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la SEIDO, quien logró vincular a dicho personaje con el grupo criminal “Guerreros Unidos” que opera en la zona norte del estado de Guerrero.
El 14 de diciembre del 2014, la PGR detuvo por primera vez al exalcalde; sin embargo, días después tuvo que ser liberado luego de que el Juez Primero de Distrito con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinara que la PGR no había aportado las pruebas suficientes para su encarcelación.
A un año de ese primer fracaso en la integración de pruebas, la PGR obtuvo por fin de otro juez federal la orden de aprehensión en contra de Peñaloza, misma que le fue cumplimentada el pasado 16 de diciembre.
Si bien es importante la reaprehensión del expresidente municipal de Cocula, también será importante que la PGR no vuelva a dar pasos de tumbos como lo ha hecho en diferentes casos de escándalo nacional.
Aquí lo trascendental es que caiga, quien caiga, se debe detener a todos los involucrados, porque no es posible que el director de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, declare a un diario que no siente culpa por la desaparición de sus 43 alumnos.
No es responsabilizarlo de esos hechos de extrema violencia, pero sí de esconderse por más de un año y dejar las riendas de la institución en manos de líderes que inclusive no estudiaban en esa institución.
El diario El Debate, publicó la noche de este miércoles que José Luis Hernández una entrevista donde negó que la institución sea un centro de la delincuencia organizada, como lo pretendió hacer creer el gobierno federal.
“Esa fue una información perversa que pretendió tachar al movimiento normalista y la a la escuela de que estaban relacionados con la delincuencia organizada, para desviar la atención por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas”, acusó.
Aseguró no pertenecer al grupo delincuencial conocido como “Los Rojos”, por lo que sostuvo que tiene la conciencia tranquila y no tener miedo de sufrir un atentado.
“A la distancia de un año y tres meses de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, asegura que los del Comité de Expertos intelectuales independientes (CEII) de la CIDH, demostraron que la ida de los jóvenes normalistas a Iguala, fue circunstancial”, publicó el diario web.
“No es que lo hayan programado, pero dieron a conocer también que en esa ciudad, había una relación de la delincuencia organizada con las autoridades municipales, que fue lo que llevó a pasar lo que pasó”, resalta la publicación.
Entonces ahora que quienes rodeaban a los 43 jóvenes se han deslindado, salta a la vista que el exgobernador Ángel Aguirre, no haya sido llamado a rendir cuentas de manera más responsable, por omisión dentro de un concepto del Derecho de nombre “lesa humanidad”.