Seguridad pública
En la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada apenas hace unos días en Palacio nacional, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que, independientemente de que se han logrado avances con respecto a esa punzante asignatura del régimen que sigue asolando a la sociedad, la realidad es que por ello mismo no puede considerarse satisfactorio el balance de estos primeros tres años del peñismo en la materia.
El mensaje del mandatario fue claro: todos los órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales deben colaborar activamente para que en el país se enfrente con eficiencia a ese enemigo formidable que es la inseguridad básicamente producida por el crimen organizado, pero de cuya acción se cuelgan los delincuentes de todo orden.
Nadie puede evitar o eludir la responsabilidad en este tema, se requiere del esfuerzo de todos, aseguró tajante en esa reunión Peña Nieto.
La declaración anterior es un claro cuestionamiento a los resultados que se han obtenido en los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, máxima instancia de definición de políticas públicas en la materia, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A la llamada al principio del peñismo la súper Secretaría de Gobernación le fueron encargadas las labores de seguridad del país, centralizando prácticamente todos los mandos en la dependencia que ubicada en el simbólico Palacio de Covián en las calles de Bucareli de la Ciudad de México.
Al margen de esa concentración de control de los órganos de seguridad y de inteligencia, solo están las secretarías de la Defensa, la de Marina y la Procuraduría General de la República.
¿Y de qué ha servido tanta concentración de poder?
Para Gobernación, y en el caso concreto de su titular, Osorio Chong, la verdad es que no ha servido de mucho.
Los casos de Ayotzinapa y Tlataya, sumados a la fuga de el Chapo Guzmán, conformaron el escenario anticlimático y catastrófico de la concentración de poder que logró obtener desde el principio del régimen el hidalguense que despacha en Bucareli.
México está lleno de protestas totalmente artificiales: la CNTE desde hace muchos años era un reducto de protesta social controlado por Elba Esther Gordillo. El famoso, politiquero y esquivo grupo de expertos interamericanos que “analizan” el caso de la no incineración de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos en el basurero de Cocula, se ha convertido en un escaparate de la ausencia, eso dan a entender, del respeto a los derechos humanos en México.
Un personaje resentido como es Emilio Álvarez Icaza, que no alcanzó su sueño dorado de ser presidente de la CNDH, parece ser la mano que mece la cuna del comportamiento de los expertos ocultos en una inexplicable criptocracia.
La estrategia del fallecido Manuel Camacho para mantenerse como un personaje de la sociedad civil con capacidad para negociar con los grupos disidentes que culminaban sus protestas con la toma de plazas y las marchas callejeras, era crear el conflicto y después proponerse él mismo ante el entonces presidente Carlos Salinas, para resolverlo.
Y ahora parece que le están aplicando la misma medicina al presidente Peña Nieto.
En el Estado de México, su tierra natal, el gobernador Eruviel Ávila padece la intromisión de los que se dicen cercanos al Presidente y dejan que la entidad siga teniendo la policía más corrupta del país.
El quinto autobús del ominoso caso de los estudiantes que salieron de Ayotzinapa para viajar cerca de 100 kilómetros hasta Iguala y después ser masacrados en Cocula por grupos del crimen organizado coludidos con la policía municipal a cargo de José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, pasó por el Estado de México y nunca se supo que las corporaciones de esa entidad dieran cuenta del tránsito del quinto autobús fantasma presuntamente repleto de droga.
Del caso Ayotnizapa ya pasó el año de que ocurrió y las señales son en el sentido de que no tiene para cuándo resolverse.
Peña Nieto y su imagen sobre derechos humanos está en manos de unos misteriosos expertos que declaran sólo cuando sus dichos van en contra del gobierno mexicano.
¿Qué pasa realmente con todas estos asuntos que no terminan por resolverse?
¿Casualidades? En política regularmente, es más, casi siempre, las casualidades no existen.
Osorio Chong declaró que un día después de los hechos en Iguala que le instruyó al todavía gobernador Ángel Aguirre que pusiera especial vigilancia en el matrimonio Abarca-Pineda. No le hizo el caso ex mandatario y la pareja se fugó. La declaración de Osorio Chong se pronunció un mes después de la fuga.
Era para que de inmediato hubiera llamado a Aguirre Rivero y apercibirlo de que si no resolvía el problema incurriría en complicidad y quedaría en tesitura de culpable por omisión.
No se hizo.
¿Entonces Peña Nieto y Osorio Chong están durmiendo con el enemigo?
¿O solamente está en el supuesto de dormir con el enemigo el presidente de la república?
Y volvemos a repetir: en política las casualidades no existen.
Y ya son muchas las que ocurren en materia de seguridad que sirven, “casualmente”, en el mejor estilo de lo que acostumbraba hacer Camacho, para hacer necesaria la presencia de funcionarios desde el nivel del propio Osorio Chong en el complicado (¿y artificial?) contexto peñista en este sensible aspecto de sus tareas al frente de la presidencia, hasta los custodios menores del penal de alta seguridad de Almoloya.
Respetuosa reflexión de fin de año para el presidente de México.