Entrevista a Antonio de la Cuesta | Analista político independiente
Moisés Castillo
La mayoría de los actores políticos calificaron de “histórica” la reforma política del Distrito Federal, que permitirá a la Ciudad de México tener su propia Constitución. Sin embargo, los críticos de la reforma aseguran que la integración de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la carta magna para la capital, tendrá una influencia decisiva del PRI.
El priismo estará sobrerrepresentado en los 100 diputados honorarios que conformarán la Asamblea Constituyente, de los cuales 40 serán designados bajo el siguiente mecanismo: 14 lugares por el Senado, 14 por la Cámara de Diputados, seis por el Ejecutivo federal y seis por el jefe de Gobierno. Asimismo, 60 constituyentes de representación proporcional —los partidos políticos serán quienes escojan las fórmulas que participarán— serán producto de la elección ciudadana programada para el primer domingo de junio de 2016. La Constitución de la Ciudad de México debe estar lista antes del 31 de enero de 2017 y se prevé que sea promulgada el 5 de febrero de 2017.
La reforma política del Distrito Federal impactará en el trato institucional, ya que la Ciudad de México será la única que recibirá el Fondo de Capitalidad, subsidios federalizados que obtienen los municipios y que no se entregaban a la capital en materia de seguridad pública.
Los cambios aprobados no tocaron el régimen fiscal que tiene la capital, tampoco existe indicación alguna en el régimen transitorio que coloque al Distrito Federal en la misma categoría de los estados en obligaciones como aportar recursos propios para sus sistemas educativos y de salud, pero sí lo homologa en la entrega de recursos federalizados para lo que serán las demarcaciones territoriales, como se denominará a las delegaciones políticas.
Opiniones
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que con la reforma política se da un paso histórico en el camino hacia la autonomía de la Ciudad de México.
“Estaremos muy pendientes de que se garantice la participación de toda la ciudadanía, de las diferentes voces, de quienes han estado de manera permanente acompañando esta tarea”.
Por su parte, la senadora priista Ana Lilia Herrera criticó que la reforma le otorgue a la ciudad un fondo de capitalidad de 3 mil millones de pesos.
“Mayores facultades deben conllevar mayores responsabilidades, deberá haber un trato equitativo con respecto al resto de las entidades federativas, especialmente en repartición de recursos y rendición de cuentas”.
La panista Mariana Gómez del Campo sostuvo que la reforma carece de una visión metropolitana y se corre el riesgo que su ejecución sea una simulación.
“Lamentablemente todavía hay muchos temas pendientes dentro de esa reforma política. La propuesta del PAN era que las delegaciones políticas tuviesen autonomía presupuestal y personalidad jurídica, espero que muchos esos temas se discutan dentro del debate dentro de la Constitución”.
Quedó muy corta
Para Antonio de la Cuesta, analista político independiente, el Distrito Federal no se convertirá en el estado 32 y tendremos a un jefe de gobierno empoderado y cercano a la Presidencia de la República.
“La reforma política quedó muy corta, a pesar de que en varios medios se diga que la Ciudad de México será el estado 32; esto es inexacto. La Ciudad de México seguirá siendo una entidad federativa, como está definida en el artículo 44 de la Constitución, pero con otras características similares a las de un estado, no idénticas”.
¿Cómo califica la reforma política del Distrito Federal?
La reforma política quedó muy corta de las expectativas generadas. Las alcaldías, por ejemplo, en las que se convertirán las delegaciones no serán municipios y no están incluidas en las reglamentaciones del 155 de la Constitución, que se refiere a todas las potestades que tiene esta división primaria geográfica y política que es el municipio. Las alcaldías en cuanto a sus potestades tendrán que ser definidas posteriormente por la Constitución de la Ciudad de México. Veremos cuáles serán sus acotaciones y pocas atribuciones, comparando lo que es un municipio.
La Ciudad de México no será un estado porque hay aspectos sueltos, sobre todo en la cuestión de que la urbe seguirá siendo la sede de los poderes federales y eso le da cierto margen de maniobra para que siga teniendo un estatus especial. Aspectos del artículo 122 de la Constitución se van a quitar, potestades que tenía el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.
¿Coincide con la senadora Mariana Gómez del Campo en que es una “reforma a medias”?
Sin duda. No va a haber un estado 32, eso es un hecho. Seguirá habiendo la entidad federativa 32, con un poco más de potestades y con un jefe de gobierno empoderado. Eso es lo más importante y hay que estar pendiente de la manera en que se redactará la Constitución de la Ciudad de México. Tendrá una mayor autonomía la Ciudad de México y un mayor poder el jefe de Gobierno, eso sí. Lo que no va a pasar es que tengamos alcaldías empoderadas a nivel de municipios ni tampoco creo que el ciudadano vaya a ganar demasiado en cuanto a representatividad, que es algo importante sobre todo en un régimen federal y en las capacidades que tiene el Distrito Federal.
Se habla de que con las alcaldías habrá mayor transparencia, pero el gobierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y servicios de salud, esto no pasa en otros estados.
En cuanto a los órganos de transparencia y los órganos de participación ciudadana, el Instituto de Transparencia del Distrito Federal ya está funcionando, pero esto no significa que, ahora con la reforma, las alcaldías serán más transparentes o que vayan a funcionar de manera más eficiente. El jefe de Gobierno tendrá mayor discrecionalidad en cuanto al uso de recursos públicos y tendrá mayor voz. Tendrá mayor discrecionalidad en el uso de recursos y eso es lo importante de la reforma.
El Estatuto de Gobierno, base de la nueva Constitución
¿El Congreso Constituyente cómo se conformará, porque se habla de que habrá sobrerrepresentación del PRI? ¿Cuáles son los riesgos?
Este proceso tendrá que iniciar con la elección de los constituyentes que es una fórmula que incentiva, efectivamente, la sobrerrepresentación de partidos que en la capital no son fuertes, sobre todo el PRI; y la subrepresentación del partido que ganó la mayor parte de distritos locales y varias delegaciones como es Morena. Dada la fórmula de 100 constituyentes, 60 serán elegidos por el principio de listas partidistas, habrá una fórmula de candidaturas independientes muy complicada, y ese será el único resquicio que tendrán los partidos mayoritarios como Morena y PRD para tener una representación genuina. Después de esos 60 —que van a ser distribuidos como representación proporcional— habrá 14 diputados y 14 senadores designados por sus juntas de coordinación política respectivas. Aquí la cuestión es que en estos momentos ambas juntas la presiden priistas: César Camacho, en la Cámara de Diputados; Emilio Gamboa, en el Senado. Ellos van a tener cierto peso en la designación, que no elección, de esos 28 legisladores.
¿Cuál debería la fórmula adecuada para que tengamos un Constituyente plural y democrático?
Lo más legítimo sería que la Asamblea Legislativa se convirtiera en el Congreso Constituyente, en cuanto en términos de representatividad. Además se conformará con seis designados por el presidente Enrique Peña Nieto y seis por Miguel Ángel Mancera. Esto generará una sobrerrepresentación de constituyentes afines al PRI y a sus aliados. Este mecanismo ya no tendrá marcha atrás. Se convocará a la elección del Constituyente programada para el 5 de junio de 2016. Después de elegir a los 100 constituyentes, el 15 de septiembre tendrá que abrir sesiones el Constituyente y tendrá que entregar la Constitución y aprobarla a más tardar el 31 de enero de 2017. Tienen menos de cinco meses para crear este proyecto constituyente. Recordemos que la Constitución de 1917 se tardó unos cuantos meses en redactarse, porque ya estaba el modelo de la de 1857. En esta ocasión no sé qué modelo de constitución vayan a usar, con las limitantes que aún tiene administrativamente las entidades de gobierno de la Ciudad de México.
En cuanto a una mejor fórmula de representatividad sería, porque ya no hay forma de echarla atrás, tal vez estos diputados de mayoría partidista, un poco saltándose la representación distrital; o tal vez haber presentado a la Asamblea Legislativa se convirtiera en un Constituyente.
¿Qué tipo de Constitución requiere la Ciudad de México? ¿Habrá alguna regresión si hay una sobrerrepresentación priista?
Me parece que el Estatuto de Gobierno, que es lo que rige al Distrito Federal, va a quedar con algunas modificaciones y será la base, por lo menos, de la nueva Constitución. El Estatuto de Gobierno se diferencia de una Constitución estatal en que es el Congreso de la Unión quien lo reforma y lo adiciona, no es el legislativo local.
Por otro lado, creo que la Constitución necesita pocos cambios en términos de participación ciudadana, mecanismos que fueron de avanzada como la consulta popular, el presupuesto participativo, que desafortunadamente no tienen demasiada convocatoria entre los ciudadanos. Temas como la equidad de género, de respeto a la diversidad sexual, cosas que son de avanzada y que están en ordenamientos legales del Distrito Federal. Veo muy complicado que se vayan a echar atrás, tal vez en el proceso del Constituyente habrán puntos que se discutirán y que serán polémicos.
Pero a los partidos políticos, sobre todo el PRI, están listos para tener una mayor representación electoral en 2018. Tiene tres delegaciones y este proceso rumbo a la Constitución le dará mucho mayor escaparate para presentar una propuesta que se adecue al electorado. La mira no es ganar la jefatura de gobierno en 2018, pero sí avanzar en reposicionarse en la ciudad.
Triunfo pírrico de la izquierda
¿Con la reforma política ya seremos “ciudadanos de primera”? ¿Qué beneficios reales tendrá para los capitalinos?
Muy pocos. De parte de los ciudadanos ha habido mucha apatía en cuanto a los mecanismos de participación. Si bien lo que sucedió hace algunas semanas con el Corredor Cultural Chapultepec fue un evento interesante, la participación fue en promedio del 4.6 por ciento de la población con credencial de elector en la delegación Cuauhtémoc. El presupuesto participativo, que es una posibilidad de que parte del dinero que llega al Distrito Federal se pueda canalizar a proyectos que están avalados y propuestos por ciudadanos, sigue teniendo unos niveles de participación muy bajos. Hablar de ciudadanos de segunda es inexacto, porque se tienen los instrumentos pero son desaprovechados. Estoy seguro que la Constitución no va a cambiar mucho de lo que se ha avanzado en términos de política social.
¿Es un triunfo de la izquierda partidista? Recordemos que Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno electo por los capitalinos.
Es un triunfo pírrico. El PRD negoció con el PRI para que la reforma política sea una realidad, que la Constitución pueda salir y desatorar el debate de muchos años. El PRD puede colgarse la medalla de que efectivamente pugnó por una Constitución del Distrito Federal, pero es pírrico porque la izquierda está cediendo parte del juego a un actor político como el PRI, que en la ciudad prácticamente no existe. Esto se explica mucho por el cambio que ha habido en la administración local, donde anteriormente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard tenían pugnas con el gobierno federal. Mancera se ha acercado con el gobierno de Peña Nieto y tiene una alianza importante que de alguna manera facilitó el proceso de negociaciones de la reforma política.
¿Con esta reforma política se dice adiós a uno de los pilares del sistema hegemónico presidencialista?
Esas potestades de designación de funcionarios las ejerció muchos años el Ejecutivo federal. Recordemos cuando Ebrard fue titular de la policía capitalina y por los hechos de Tláhuac fue destituido. Había muchas presiones que el presidente de la república ejercía sobre el jefe de Gobierno. Eso se puede leer como un avance sobre la autonomía del titular local, pero realmente se trata de un empoderamiento del jefe de Gobierno y más en esta etapa donde se había tenido una postura institucional y personal contestataria y de contrapeso para ciertas políticas públicas federales. El Presidente pierde esas facultades, pero a cambio tiene una relación mucho más cercana con el gobierno local, que no es malo, pero sí hay riesgos de que las voces críticas se vayan diluyendo a cambo de prerrogativas políticas y económicas importantes.