Además de su incursión en la lista de los 10 mexicanos más corruptos de México, que le etiquetó la revista Forbes hace algunos años; de su casa de más de 6 millones de pesos, su extraño enriquecimiento, los pleitos con MVS y Josefina Vázquez Mota, entre otras linduras, Alejandra Sota Mirafuentes enfrenta hoy la derrota en los juzgados y el saber que, a pesar del tiempo pasado, sigue siendo un personaje poco grato para los ciudadanos.
Ella que fue una de las coordinadoras (es) de comunicación social del gobierno federal que más ejerció la censura desde el poder, desató la furia de las redes sociales, generada a partir de que su nombre regresara a las primeras planas de los medios electrónicos, cuando la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, desechó los tres cargos de la acusación que presentó por difamación y daños económicos en contra de la periodista Dolia Estévez por su dichosa incursión en la lista de los 10 más corruptos de México en el 2013.
Y es que aunado a todo lo que pesa sobre la mujer que fue mano derecha del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y que se hizo más famosa que él cuando se descubrió que cursaba una maestría en Harvard con un costo de 42 mil 868 dólares, sin estar titulada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Sota Mirafuentes es de carácter pretensioso, desagradable.
Los cibernautas recordaron cómo, cuando fue directora de Comunicación Social de Banobras, en su declaración patrimonial afirmó haber cursado la carrera de Ciencias Políticas en el ITAM y haber recibido un certificado que así lo acredita.
Ningún cibernauta que gusta de seguir cuestiones políticas y sociales olvida la crítica de Sota Mirafuentes cuando evidenció su desprecio a lo que llamó “periodismo de Facebook”. El elitismo de la “estratega” de comunicación fue evidente siempre, generando un sinfín de antipatías que hoy le acompañan hasta cuando va por el pan y la leche. Ni sus propios compañeros de partido le soportan y se lo hicieron saber una y mil veces, cuando casualmente se filtraban “cosillas” de la exservidora pública.
A pesar de la autocampaña que hizo para limpiar su nombre y de que en reiteradas ocasiones negó el sospechosismo que acompañó a su repentino enriquecimiento, el que le permitió adquirir una casa de más de 6 millones de pesos –con todo y crédito hipotecario-, Alejandra Sota Mirafuentes no pudo con el juez gringo.
El fallo del magistrado Liam Liam O’Grady fue claro y tenía que ser, en los hechos, las afirmaciones de Estévez en el sentido de que Alejandra Sota estaba siendo investigada por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, así como el hecho de que estudiaba en Harvard sin haber obtenido previamente un título en México, son ciertas.
Y aunque diga que no es verdad, lo cierto es que varios de sus círculos más cercanos y excompañeros de escuela, convertidos en notables empresarios y proveedores, fueron beneficiados con contratos de gobierno.
Las leyes norteamericanas hicieron lo que en México jamás fue posible con Sota Mirafuentes, garantizaron la libertad de expresión de Estévez y protegieron sus derechos como comunicadora.
El karma cobró de manera sangrienta aquél desplante que germinó la gran disputa entre MVS y su entonces conductora estrella Carmen Aristegui, el que a la postre concluiría con el divorcio necesario entre ambas partes. Ni el carísimo bufete de abogados que contrató Alejandra Sota pudo defenderla tantito de los daños colaterales que aún hoy sigue padeciendo.
Lamentablemente para Margarita Zavala y su coach, el daño colateral alcanza, otra vez, a la expareja presidencial.