En Michoacán cualquiera puede robar, literal, y no pasa nada, también literal; y en un hecho sin precedente, además, se ha legitimado la corrupción y el hurto institucional. Los políticos michoacanos ya no tienen de qué preocuparse, a partir de ahora, cualquier faltante en las arcas gubernamentales lo cubrirán los propios ciudadanos.

Así marcó el antecedente el pleno de la 73 Legislatura con 38 diputados en los hechos, tras autorizar el reemplacamiento más caro de todo el país, de casi 2 mil 300 pesos por vehículo; un aumento a los servicios e impuestos generales que marca el Estado en un 25 por ciento, y una nueva deuda pública por el orden de los 3 mil 100 millones de pesos.

Los diputados locales del PRI, PRD, PT Y PVEM, aprobaron una disposición legal para que el gobierno del estado pueda, sin autorización del Poder Legislativo, contratar una deuda pública más al estado, la cual se contempla un monto de hasta 3 mil 500 millones de pesos, que representarían el 6% del ingreso estatal anual total del 2016.

Con esta nueva autorización, la deuda pública estatal podría rebasar los 36 mil millones de pesos.

El nuevo comienzo de los michoacanos inició, de verdad, el penúltimo día del 2015, el año que a gritos los michoacanos imploraban concluyera ya, tras la desastrosa y cuestionada administración del hoy subsecretario federal de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero.

Un Michoacán sumido en los daños colaterales que dejó la inseguridad y el combate al hampa organizada; que arrastra el lastre de la deuda y el desfalco heredados desde los tiempos del perredista Leonel Godoy Rangel, cerró con broche de oro uno de los peores años que han vivido los habitantes de este bello Estado, con la aprobación del paquete fiscal.

Mientras estados como Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Guanajuato, aplican pagos que no rebasan los 800 pesos por el cambio de las placas, aquí, el planteamiento del Ejecutivo, avalado por la mayoría de los legisladores (del PRI, PRD, PT Y PVEM) rebasará los 2 mil 300 pesos.

Aparte de ello, todos los derechos por prestación de los servicios que ofrece el Estado, es decir, cualquier documento extra que a usted se le antoje, costará un 25 por ciento más de lo que actualmente se paga.

Y la nueva deuda que se sumará al déficit godoyista-jarista, será del orden de los tres mil 542 millones 53 mil 21 pesos.

Durante los dos días de estira y afloje, y de la mascarada legislativa, el jefe del Ejecutivo estatal mantuvo un total silencio. Sólo aplaudió el respaldo de los diputados cuando todo el proceso de la montada discusión y la obligada votación, concluyó. Les dijo que eran maduros y solidarios con el Estado; y el respetable chifló hasta no poder más.

Adriana Hernández, diputada pluri del PRI, se ganó las peores rechiflas cuando aseguró que ellos, los diputados, tenían la obligación de velar por los michoacanos aún y en contra de ellos mismos.

Y es que los ciudadanos de esa entidad no saben lo que piden cuando exigen un alto a los abusos de las autoridades y cuando, como hoy, se les obliga a cubrir un pagaré por 2 mil 300 pesos y más, a cambio de sus placas.

Parece que no les basta con que actualmente de los 4.5 millones de habitantes michoacanos, 2.9 millones se encuentren en condiciones de pobreza; que sea una de las entidades más inseguras; que raye en los últimos lugares de educación, y por si fuera poco, con los mayores índices de conflictos sociales y corrupción, no solo del país, sino de todo Latinoamérica.

Con la decisión legislativa queda claro que quienes deberán resolver el grave problema financiero que enfrenta Michoacán no serán esos gobernantes que con sus deficientes trabajos hundieron a la entidad en el bache en el que se encuentra. No.

Serán los michoacanos quienes tendrán que sacar casta y apretarse el cinturón para cubrir las irregularidades ajenas, hoy legitimadas por aquellos cuyo principal mandato y compromiso, es con quienes los eligieron y llevaron al poder. Cría cuervos…

¡Pobre Michoacán, cada vez más pobre!