Con más pena que gloria pasó en México la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
La persistencia de estas faltas, como los casos de Tlataya, Iguala, Apatzingán, Tanhuato, Oaxaca, Veracruz, Chiapas; los abusos constantes en la procuración y la aplicación de la justicia y en temas como la salud y la educación, por decir algunos, restaron méritos a cualquier celebración que pretendiera el gobierno mexicano.
Lo más grave es que, a pesar de contar con un organismo nacional en la materia y uno por cada entidad federativa, las violaciones en materia de derechos humanos siguen en la impunidad en el 98 por ciento de los casos.
En su momento, el alto comisionado para de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, si bien reconoció “esfuerzos” en este rubro y compromiso por parte del gobierno mexicano, también evidenció la persistencia de las violaciones que fueron registradas en el informe preliminar del GIEI.
Hay sí, avances legislativos, en protocolos y quizá en difusión, pero falta. La crisis en derechos humanos es real y se sostiene.
En México, es constante la denuncia ciudadana por los deficientes servicios médicos en instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, o en la Secretaría de Salud; también los hay en cuanto a instituciones educativas se refiere.
El premio mayor sin embargo, se lo siguen llevando las corporaciones policiacas y de seguridad pública, y de manera especial los hombres de la milicia, acusados de actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Desde octubre, medios de comunicación dieron cuenta cómo impactó en el organismo internacional de Derechos Humanos que siendo México un país ajeno a conflictos bélicos, tiene un registro de más de 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015.
Las desapariciones forzadas también agregan más preocupación. Hay, en el país, al menos 26 mil personas no localizadas. Fallan las instituciones y el sistema de justicia que siguen ignorantes del paradero de estos mexicanos.
La variante mexicana, a diferencia de naciones en guerra, es la inestabilidad y la inseguridad que genera el hampa organizada, y en el nombre de esa defensa, cientos de actos violatorios en contra de civiles son denunciados, evidenciados, grabados pero nunca reconocidos, hasta que llegan organismos internacionales a decirle a los mexicanos “sí pasó, sí hubo ejecuciones extrajudiciales, sí hubo violaciones a los derechos humanos”.
En Tlatlaya, militares asesinaron a 22 personas, y hubo, al parecer, alteración de la escena del crimen, además de la fabricación de cargos contra los sobrevivientes.
En Ayotzinapa desaparecieron 43 normalistas.
En Apatzingán, nueve personas fueron ejecutadas y otras 43 sufrieron la misma suerte en Tanhuato.
Ignorar lo que sucede en México en materia de derechos humanos, es un pecado capital. La procuración e impartición de la justicia no debieran estar divorciadas, como hasta ahora, de los derechos humanos. Lo suscribe la Carta Magna.