Popularidad a la baja
Alfredo Ríos Camarena
La historia de Miguel Ángel Mancera y de su gobierno en el Distrito Federal esta plena de claroscuros. Mancera arribó al poder desde una posición poco visible, de subprocurador de justicia del DF, donde alcanzó la titularidad de esa institución realizando una eficiente labor de combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos, consecuente con sus antecedentes como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y sin ser militante del PRD las pugnas internas y la ausencia de figuras prominentes en ese instituto político permitieron postulado obteniendo un éxito arrasador en su triunfo electoral.
Su gobierno ha tenido aciertos y errores, y su popularidad se ha venido abajo vertiginosamente, no obstante, continúa siendo el probable candidato presidencial del PRD donde todavía no milita oficialmente; en las últimas semanas enarboló la bandera de mejorar el salario mínimo, pues el actual es una burla a los derechos humanos y a los conceptos que marcan el origen del salario mínimo en el artículo 123 constitucional que establece que “los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
La realidad es que cada día ha sido más cuestionado este salario de miseria que ofende a la sociedad y a la nación. Su propuesta de un salario de 86.33 fue desechada por la Comisión de Salarios Mínimos que sólo sirve para apoyar la desigualdad, con el pretexto de que el alza de estos salarios ínfimos puede producir inflación; lo que sí puede producir es una rabia social que puede afectar la gobernabilidad.
En otro escenario, Mancera decidió que la sentencia de la Corte en materia de ecología vehicular fue la correcta, por lo que, anticipándose a una larga cadena de juicios amparo, abrió las puertas a más de 300 mil vehículos de modelo no reciente que pasaron la verificación; decisión polémica porque aumento el tráfico, pero que favorece a aquellos capitalinos de bajos recursos que no pueden comprar un automóvil nuevo.
La nueva ley de tránsito aumenta las multas para infractores, que dada la conducta de la policía metropolitana va a ser un instrumento de gran corrupción, y al mismo tiempo, al reducir la velocidad hasta 40 kilómetros en muchas de las calles de la ciudad, va a aumentar aún más el caótico tráfico generando contaminación.
Por otro lado, al aprobarse el proyecto de reforma política al DF, habrá un Constituyente absurdo jurídicamente, sin el consenso del partido que tuvo mayores votos en la última elección en el DF; una reforma seria desde la técnica constitucional y poco eficiente para los ciudadanos, favorecedora de los intereses políticos, continuando con un centralismo del gobierno del DF manejando el Metro, la Setravi y las alcaldías, que no tendrán patrimonio ni personalidad jurídica propia.
Una reforma esperada por muchos ciudadanos, pero tirada a la basura por los intereses políticos de unos cuantos. Tendremos elección en una sola circunscripción de 60 constituyentes, los otros 40 serán designados por dedo, y la ciudad tendrá elecciones en el 2018, mientras el jefe de Gobierno, probablemente, estará en compitiendo por la presidencia de la república