A 10 días hábiles para que concluya el actual período de sesiones, y 26 del histórico triunfo de cuatro sobre la prohibición del uso de la marihuana, ésta llegó al Senado y desató la discusión incómoda que legisladores y gobierno han intentado evadir por años.
Si había dudas del alcance y el impacto de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, éstas se disipan al conocer que desde aquél 5 de noviembre a la fecha, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios ha recibido ya 55 solicitudes de consumo personal de mota.
Dichas peticiones han sido presentadas en las ventanillas que tiene la dependencia sanitaria tanto en el Distrito Federal como en algunas entidades del resto del país.
Así, ante lo imparable, los integrantes del Senado de la República iniciaron el debate sobre la posible legalización del consumo de la marihuana en México, y en este marco, se instaló el Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Cannabis.
En su afán de alargar el tema, los legisladores han encontrado una efectiva forma de alejar la cumbre de esta discusión, al determinar que las discusiones y demás aportaciones, análisis y estudios que se presenten y evalúen, deberán presentarse en un informe final que sea compartido “hacia el primer trimestre del próximo año”, con ambas cámaras legislativas.
El Consejo de referencia está integrado por un grupo de especialistas e investigadores, quienes tienen la encomienda de destazar todas las implicaciones vinculadas a la motita, como es la prevención, la política de atención criminal, los efectos del consumo frecuente o eventual, y el impacto social que genera el consumo de la droga verde.
Senadores y diputados se han puesto de acuerdo para que el resultado final de dicha evaluación integral se presente en un foro donde participen los integrantes de ambas cámaras y que puedan ellos llegar a conclusiones integrales, sólidas y responsables.
Los legisladores saben, por fin se dieron cuenta, que es imposible parar el tema y esconderlo. El propio Jesús Zambrano Grijalva lo dijo este lunes cuando señaló que “ya no debemos posponer la discusión”.
El experimentado político recordó el acumulado de no menos 10 iniciativas de distintos ángulos y presentadas por distintos grupos parlamentarios.
En una de esas críticas con dedicatoria sin nombre, el perredista aceptó en este evento que la política prohibicionista y la violencia que se quiso atajar cuando se avanzó de una manera más frontal en el combate al crimen organizado, vinculado con el uso y tráfico de estupefacientes, “no ha rendido los frutos que se había pensado desde el principio”. A saber.
Aunque pareciera que la intención es desalentar a los entusiastas que no dejan de defender las bondades cuasi-milagrosas de la Juanita y el hecho de que no es recomendable permitir su autorización, debido al daño potencial que causa a infantes, y el impacto negativo en el desempeño escolar de los adolescentes, según refirió la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, María Elena Medina Mora.
Están, además, los adolescentes, que tienen un menor desempeño escolar y más índice de reprobación cuando el consumo es alto y frecuente.
Ante el cúmulo de información difundida de carácter técnico-sanitaria en contra de la posibilidad de legalizar el consumo de la Juanita, pareciera que los legisladores mexicanos ya tomaron la decisión de seguir alargando la toma de decisiones; preferirán no meterse en problemas y, tras echarle la culpa a otros, convencernos –y convencerse- de que el tema es un botín político que a nadie interesa, verdaderamente, cobrar.