Un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México dictaminó que un dispositivo para tratar hidrocefalia implantado a 194 personas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) carecía de la licencia médica y que además, fue implantado sin el consentimiento firmado de los pacientes.
El dispositivo fue inventado por el ex director del Instituto, el doctor Julio Sotelo Morales quien es el único dueño de la patente; no hay declaraciones por parte de Sotelo al respecto ni se sabe de su paradero.
El informe del arbitraje critica que no se les haya informado a los pacientes que se trataba de un dispositivo en fase de experimentación ni que se les hubiera implantado sin su autorización firmada ya que no era un recurso médico ordinario.
Los implantes fueron realizados entre los años 2004 y 2009 por médicos residentes sin supuesta supervisión, según los informes recopilados por otro grupo de médicos del mismo instituto quienes llevaron este asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El dispositivo es un tipo de manguera que drena por la nariz el exceso de líquido cefalorraquídeo que se produce a causa de un tipo de tumor cerebral que muchas veces no puede ser operado en su totalidad.
Según los informes, el problema del dispositivo es que no tiene una válvula para regular la presión por lo que solamente funcionaba si la persona se encontraba de pie por lo que los pacientes tenían que dormir completamente sentados.
Otro problema que revelaron las víctimas es que, ya con el implante, empezaron a sentir fuertes e inusuales dolores de cabeza y vómitos. Los pacientes declararon que no podían acostarse porque “les estalla la cabeza” pero al estar de pie o sentados “se les vacía el cerebro”.
Al respecto, lo que señalan los informes de los otros neurocirujanos es que este dispositivo, como está en fase experimental, no está diseñado para ser implantado permanentemente en las personas además de que era de bajo costo con materiales.
Los daños a 10 años de ese implante cerebral son irreversibles porque prácticamente está encarnado en el cerebro de las víctimas por lo que las operaciones para retirarlo son completamente imposibles.
Las 194 víctimas han denunciado por todos los medios posibles esta arbitrariedad además de que la mayoría están en bancarrota por las consecuencias legales y farmacéuticas que requiere seguir viviendo con ese implante en el cerebro.
Una de las víctimas entrevistadas por el diario español El País narró: “Jamás nos dijeron que se le iba a colocar un aparato experimental. Sólo firmamos unos documentos para que la intervinieran de urgencia. Dimos nuestro consentimiento, pero confiamos en los que supuestamente eran los mejores especialistas del país”.
Con información de El País oag