Jahir Dabroy
Pese a que muchas veces se suele considerar a la región centroamericana como prácticamente idéntica en los territorios que la componen, cabe decir que si bien tienen una raíz histórica que puede catalogarse como común, hay construcciones sociales y culturales que determinan diferencias sustantivas entre un país y otro.
Esta diferenciación permite distinguir a Centroamérica en al menos tres espacios. Costa Rica y Panamá sería el primero, con dinámicas económicas muy particulares que les han permitido que sus territorios cuenten con inversión extranjera, que aprovecha el recurso humano y la estabilidad sociopolítica para el caso costarricense, y la dinámica económica financiera de los panameños.
Nicaragua sería el segundo, que si bien no ha logrado el despegue económico por una muy escasa industrialización y un bajo nivel de desarrollo, tiene una mayor estabilidad social y credibilidad en sus instituciones. Otra característica que lo particulariza es que una buena parte de su migración la realiza al sur (Costa Rica) lo que imposibilita encuadrarlo con algún otro país del istmo.
Por último, el caso de Guatemala y El Salvador, son dos países muy similares en sus dinámicas sociopolíticas con la gran diferenciación cultural que tiene Guatemala por contar con al menos 23 grupos étnicos, situación que no sucede con los salvadoreños por el extermino indígena que se dio producto del levantamiento de 1932.
Honduras, por su parte, si bien se encuentra con un menor desarrollo económico que los dos países citados anteriormente, cuenta con las mismas problemáticas: con una debilidad institucional, altos índices de criminalidad, corrupción y fuertes procesos migratorios para el norte del continente. Estos tres países han sido denominados como el Triángulo Norte.
El triángulo norte centroamericano tiene características generales a las que se suman altos niveles de pobreza y desigualdad, tendencia a la migración como respuesta a ello y a los altos niveles de violencia que se viven en su territorio. El fenómeno de las migraciones ha sido abordado recientemente como parte de la política exterior estadounidense, apoyando el plan denominado Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central.
La Alianza para la Prosperidad es un plan presentado por los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que recoge los lineamientos generales para apalear —no solucionar— la problemática migratoria. Cuenta con el respaldo financiero de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como con el aporte financiero de cada uno de los Estados que participan; de hecho el BID funciona como secretario técnico de dicho plan. En sí, la Alianza para la Prosperidad podría requerir 15 mil millonesde dólares, teniendo una duración de cinco años.
Mucho se ha dicho sobre las bondades o reales intereses del plan. Sus defensores argumentan que será un mecanismo de contención de las masivas migraciones yendo a sus causas y no a sus efectos solamente. Sus detractores argumentan intereses empresariales que buscan impulsar y consolidar grandes inversiones privadas en la región. En lo personal no considero que la presencia del empresariado en un mundo abiertamente globalizado tenga que ser satanizado.
Lo que sí me preocupa es que no exista la coherencia necesaria de los planes de desarrollo nacional —si es que los hay— con la Alianza para la Prosperidad. Además, la credibilidad en las instituciones, el respeto por las reglas del juego, la disminución de las inequidades, la seguridad pública, la justicia y las certezas a las inversiones, sean estatales, públicas o mixtas, deben de ser el marco para que una política que pretende el desarrollo funcione.
En cuanto a las líneas estratégicas de acción para lograr esto, el plan propone: dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas, desarrollar oportunidades para nuestro capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado.
Para desarrollarlo es interesante que le apuestan a la focalización territorial, así como a la coordinación regional. Esto conllevará la promoción de sectores estratégicos y atracción de inversiones, la reducción de costos de energía y confiabilidad del servicio eléctrico, modernizar y expandir infraestructura y corredores logísticos, y facilitar el comercio internacional.
El plan requiere estrechar el vínculo entre la oferta laboral y la demanda de las empresas, acumular capital humano, reforzar programas de prevención de la violencia, fortalecer las instituciones de seguridad ciudadana, modernizar el sistema de justicia, fortalecer la capacidad financiera del Estado y aumentar la transparencia.
México es un socio determinante para el éxito o fracaso del plan. Es imposible generar desarrollo en la frontera norte centroamericana sin su vecino inmediato, que a todas luces tiene un mayor nivel de desarrollo económico que sus vecinos sureños.
Factores como la creación de un gaseoducto, mejoras en las relaciones políticas con respecto al tema migratorio, la natural inversión de empresas mexicanas en Centroamérica, la disminución de costos sociales y económicos producto de las externalidades de la migración, la reciprocidad entre países vecinos, así como el marco de respeto a los derechos humanos debiesen ser motivos suficientes para que México respalde, al menos políticamente, la Alianza para la Prosperidad. Este plan podría generarle menos costos y mayores beneficios en el mediano plazo.
@jahirda
Investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala.