Poner fin a complicidades institucionales

 

Diversos organismos internacionales, tanto universales como interamericanos, han reiterado que nuestro país está inmerso en una profunda crisis humanitaria y que ello se debe, entre otras razones, a que las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias son una constante, una práctica generalizada que está prohijada por la impunidad que envuelve a los responsables.

Ese diagnóstico es sumamente grave porque pinta de cuerpo entero un estado de cosas en el que imperan el menosprecio a la dignidad humana y el atropellamiento sistemático de los derechos fundamentales reconocidos en tratados, lo que implica una responsabilidad internacional a cargo del Estado mexicano que puede ser materializada en las instancias supranacionales competentes en la materia.

Tal percepción también deviene muy preocupante en virtud de que está esbozando la existencia de una tremenda debilidad institucional, una verdadera dispraxia orgánica y funcional del aparato gubernamental que ineludiblemente produce en la mente la imagen de lo que ha dado en llamarse Estado fallido.

Más allá de los efectos jurídicos inherentes al quebrantamiento masivo de derechos humanos, esa patología tiene hondas consecuencias políticas ya que deslegitima las instituciones, atenta contra la gobernabilidad democrática y erosiona la confianza ciudadana en las autoridades.

Todo lo anterior no hace sino poner de manifiesto el vínculo indisoluble que hay entre los derechos humanos y la viabilidad de los Estados, el cual está explicitado en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, en cuyo artículo 4 claramente y sin lugar a dudas se indica que el respeto a los derechos humanos es un componente fundamental del ejercicio de la democracia.

Muchas son las medidas que habría que instrumentar a fin de empezar a remontar ese escenario catastrófico. Una de ellas consistiría, lisa y llanamente, en hacer acopio de una buena dosis de voluntad política y romper de un solo tajo el nudo gordiano de las complicidades institucionales. Otra, tal vez menos espectacular pero igualmente efectiva, sería el traer a valor presente el ontos y el telos (el ser y la finalidad) del principio angular de la división de poder, particularmente en lo tocante a nuestro máximo tribunal. Éste debe ser realmente autónomo. Sólo así estará en posibilidad de contener los desvíos provenientes del uso arbitrario o despótico del poder.

Para alcanzar ese objetivo, es necesario que los ministros, al igual que Calpurnia, la mujer del César, sean y parezcan honestos; sean y parezcan ajenos a los juegos palaciegos; sean y parezcan juristas de altos vuelos y no oscuros abogados codigueros; sean y parezcan celosos guardianes del valor supremo de la dignidad humana; sean y parezcan férreos garantes de los derechos humanos; sean y parezcan enemigos jurados de la corrupción, la impunidad, la manipulación y la desigualdad social; sean y parezcan jueces al servicio de la verdad, la justicia, la seguridad humana, la democracia y la soberanía nacional.