Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo pública la revisión de los posicionamientos específicos de la Procuraduría General de la República a las 26 observaciones y propuestas formuladas por la CNDH, contenidas en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”.

El primer punto que resalta en el amplio informe, es cómo la autoridad federal no atendió el primer punto marcado por el organismo referente a la integración de las fichas de identificación para la comparación y establecimiento de los perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos a partir de las evidencias existentes y de los testimonios de su entorno familiar y social.

A juicio de Derechos Humanos, las acciones de búsqueda de los estudiantes desaparecidos que se pudiera llevar a cabo sin contar con sus fichas de identificación, disminuyen sensiblemente las posibilidades de éxito.

Y aunque la ficha de identificación es una herramienta básica en los procedimientos de búsqueda, toda vez que incluye los datos generales de la persona a localizar, comprende además datos específicos como el tipo de sangre, el uso de algún aparato terapéutico, la referencia de intervenciones quirúrgicas, la ficha odontológica, señas particulares, tatuajes, cicatrices, la huella digital, entre otros, para la PGR, no es el caso.

La observación no fue atendida por la procuraduría, ya que, de acuerdo al posicionamiento que entregó, se llevaron a cabo acciones con familiares de los normalistas desaparecidos y miembros de las organizaciones que representaban, a efecto de llenar el cuestionario AM/PM (ante mortem/post mortem), y con ello tener elementos para el llenado de fichas de identificación.

Y que si no se hizo, fue porque el llenado de dichas fichas era una decisión que debían tomar los padres, a quienes se tendría que consultar, sin lograrse autorización para el llenado del citado cuestionario. Justifican que los familiares y los directivos de la escuela con resultados negativos.

Afirma además que sí hubo la elaboración de fichas de registro y búsqueda y que a través de Servicios Periciales se obtuvieron las muestras de familiares remitidas por la FGJE de Guerrero, las cuales permitieron descartar en primera instancia que los cuerpos de las víctimas fueren los localizados en “La Parota”.

Por ello y otros argumentos, la CNDH determinó que la Procuraduría General de la República no ha atendido la propuesta, toda vez que, a la fecha, la PGR no ha integrado las Fichas de Identificación de los 43 alumnos de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos.

La CNDH remarca, entre otros puntos, que como parte del proceso de atención a la propuesta, “la PGR afirma que obtuvo información a partir del análisis de documentos remitidos por distintas instancias, sin embargo, en los anexos que exhibe como soporte a su posicionamiento, no se localiza ninguno de esos documentos”; y que las fichas que afirma sí elaboró, son sólo anotaciones de datos generales de los jóvenes; es decir, “es información útil pero incompleta”.