El Poder Judicial y su legitimación

Los ciudadanos tenemos muchas razones para ver con desconfianza nuestro sistema judicial. Pero una cosa es que las víctimas de esa insensible maquinaria estén insatisfechas y muy otra es que un ministro de la Suprema Corte, el día mismo en que entra en funciones, manifieste que el Poder Judicial “debe legitimarse” (Reforma, 6/I/2016).

En efecto, don Javier Laynez Potisek, en el acto de su asunción, “resaltó en su discurso la falta de representatividad y control democrático directo” en el Poder Judicial, quizá porque todo el mundo sabe, supone o intuye el papel que en la selección de juzgadores tienen el nepotismo, los compadrazgos, los liderazgos comprados y el intercambio de favores, lo que por supuesto acarrea falta de legitimidad, pues tales procedimientos permiten encaramar en un cargo a la amante, al valido o al lambiscón más cercano sin que tenga que probar su aptitud.

Para el ministro Laynez, el Poder Judicial debe legitimarse ante la ciudadanía con transparencia (de acuerdo), argumentos de calidad en sus fallos (también de acuerdo) y sensatez en sus posicionamientos ante temas que suscitan debate público (qué clase de sensatez, cabe preguntar, ¿acaso la propia del avestruz, la graciosa huida o el alineamiento invariable con el poder que de veras puede?).

Laynez ha hecho toda su carrera en puestos públicos, bajo gobiernos priistas y panistas, lo que significar que carece de ideas políticas sólidas, o bien, que más allá de partidarismos es un funcionario siempre dispuesto a servir a su país, un hombre de Estado en toda la extensión de la palabra.  Por eso mismo, sorprende que asigne a la Corte una tarea que es más bien propia del Poder Ejecutivo: “garantizar el respeto a los derechos humanos y la supremacía constitucional”.

A lo sumo, el Poder Judicial puede sancionar acciones y decisiones del otro poder que no respeten los derechos humanos. Igualmente, la judicatura, en caso de faltas contra lo dispuesto por la Constitución, está facultada —ojalá— para sancionar a funcionarios de ésos que suelen bailarse un zapateado sobre la llamada Ley Suprema. Y esos bichos están en todos los niveles de gobierno, aunque por supuesto lo más preocupante es que ocupen las posiciones superiores.

¿Cómo puede garantizar la Corte el respeto a los derechos humanos en casos como el de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿De veras cree don Javier que pueden ser castigados los que desaparecieron a esos 43 seres humanos, de quienes ignoramos la suerte que corrieron? Está muy bien que como regalo de Reyes nos obsequie con tan loables intenciones, pero no creemos que esté en sus manos cambiar el Poder Judicial, que de cada cien delitos que se cometen juzga apenas once y sólo castiga a dos por ciento de los acusados.

Dicho en buen romance, el Judicial es un poder que no sirve gran cosa y que con ofensiva frecuencia se pliega al interés del otro, el que de veras puede, como se ha demostrado repetidamente y está por ratificarse de nuevo con la sentencia que autoriza a quitarle agua al valle del Yaqui. Así está el asunto de la división de poderes.

Pero faltó referirse al discurso de la flamante ministra Norma Piña, que habló de lo capaces que son las mujeres, de las bondades de la familia y cosas así, lo que parece insuficiente para garantizar la supremacía constitucional y legitimar el Poder Judicial. Pero así andamos.