Privatización de la mordida

 

 

Dime y lo olvido,

enséñame y lo recuerdo,

involúcrame y lo aprendo.

Benjamín Franklin

Muy a pesar de las reiteradas súplicas que en todos los tonos y en diversos foros políticos hicieran integrantes del partido que llevó a Miguel Ángel Mancera Espinosa a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a fin de posponer la aplicación de su nuevo reglamento de tránsito, el funcionario desoyó dichas peticiones y, unilateralmente, recetó a quienes le pagan, un ordenamiento calificado por la ciudadanía de “verdadero atraco vial”, dado el incremento de sanciones que representa, a los mecanismos para ejecutarlas y a la oscura subrogación del sistema a un particular que recibirá el 46% de cada multa cobrada.

Sin valorar los argumentos vertidos en tribunas legislativas, foros especializados y medios informativos, que llamaban al razonable establecimiento de un periodo de adecuación y aprendizaje ciudadano de las nuevas normas, a fin de convertir el reglamento en un eficiente insumo de convivencia vial para la ciudad; a partir del 15 de diciembre del pasado año, el jefe de la administración pública ordenó la aplicación de este ordenamiento, a pesar de tener plena conciencia de la ignorancia masiva sobre un importante cambio al que poca o nula publicidad se había dado, enfrentándose así, sin miramiento alguno, a conductores que una vez más son “presa fácil” de la corrupción policiaca.

Para sorpresa del marketing team del Dr. Mancera, la repulsa ciudadana crece día a día conforme se van conociendo los entretelones de la “subrogación de servicios para imponer multas a través del sistema integral de fotomultas” a favor de Autotraffic, S. A. de C. V., empresa que en la Puebla de Moreno Valle obtuvo la “privatización” de la mordida a través de este mismo sistema de fotomultas.

En el Contrato Administrativo Anual SSP/BE/S/312/2015, signado por ambas partes el 1 de septiembre del pasado año, se establecen los cuadros de ingreso mínimo mensual de 2015 a 2017, en los que se exhibe que 150 mil será la “cantidad de multas mínimas mensuales” y que el monto fijo de cobro por multa será de 46%.

La pésima estrategia de “control de daños” expone al Dr. Mancera en una de las posiciones más vulnerables de su gestión, pues, a cada controversia, su reacción lo hunde más en el desprestigio, como cuando se acreditó que el contrato sí contempla un mínimo de 150 mil multas al mes —señalamiento al que el funcionario calificó de “mito”— o cuando aduce que el reglamento “salva vidas”, al tiempo de eludir su responsabilidad en la recuperación de la educación vial como proceso educativo que sí salva vidas y que inhibe el recurrir a un esquema punitivo como el que propuso y que, además, en este caso es la vía de enriquecimiento por 175 millones de pesos a un particular que, en dos años, apuesta a recuperar su inversión y a obtener pingües ganancias a su favor.

Bien haría el GDF en aplicar la máxima de uno de los mejores legisladores y estadistas de la humanidad, Benjamín Franklin, para quien si no se involucra a la sociedad no hay aprendizaje.