Retraso del apagón analógico

La modificación del artículo décimo noveno transitorio del decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por parte del Poder Legislativo para retrasar el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016 provocó, entre otras, las siguientes consecuencias generales para la sociedad mexicana en la esfera de la gobernabilidad, de la competencia, del daño patrimonial al Estado, de la ampliación de servicios, de la pluralidad informativa, de la tercera cadena de televisión, de los medios públicos, de los acuerdos internacionales y de la política:

En el ámbito de la coherencia de gobernabilidad del gobierno en turno:

1. El Estado mexicano transmitió una pésima señal institucional a los inversionistas nacionales y extranjeros, pues demostró que el gobierno estaba dispuesto a cambiar la Constitución para adecuarse al plan de negocios de una empresa que depende de la audiencia de un mercado que controla y en el cual no quiere que exista más competencia. Así, se envió un pésimo mensaje de incertidumbre a los empresarios extranjeros que ven en el mercado de telecomunicaciones mexicano uno de los sectores con mayor potencial, especialmente, a gigantes como AT&T.
2. Esta decisión también demostró la existencia de un sistema de excepciones al régimen general que establece la Constitución para todos los ciudadanos, pues no obstante que el mandato de conclusión del apagón analógico fue incluido en el texto de la Carta Magna para evitar que un agente económico o político poderoso lo pudiera modificar con base en sus apetitos; finalmente un poder empresarial particular fue capaz de cambiarlo fácilmente a su favor. Con ello, México, como nación y gobierno, le envió al mundo el deplorable mensaje de que las reglas constitucionales —en materia energética, de telecomunicaciones, educación, financiera o de competencia económica— se pueden cambiar al gusto de un empresario con influencias en el Congreso.
3. En última instancia, el verdadero apagón que se realizó en México por el Poder Legislativo, fue el apagón constitucional al burlarse el cumplimiento del Estado de derecho para beneficiar a sectores monopólicos. Esto confirmó públicamente que en México la Constitución no es más que un conjunto de intenciones que pueden adaptarse a modo según convenga a los intereses políticos y económicos de los grandes consorcios económicos y políticos poderosos.

En el terreno de la competencia:

4. Se permitió que el duopolio concentrara, al menos otro año, más espectro, infraestructura, publicidad y audiencia. Es necesario considerar que actualmente Televisa y TV Azteca concentran el 96.5% de la cuota de pantalla en televisión abierta, lo cual les permite acaparar los mayores recursos que destinan las distintas marcas en inversión publicitaria. Por ejemplo, según Signum Research en México el 48% de la inversión publicitaria total en el país, se destina a anuncios en televisión abierta, cuyo valor alcanzó en 2014, 38 mil 520 millones de pesos. Con el retraso del apagón, ambas televisoras se beneficiaron porque ejecutaron una fórmula perfecta: máxima audiencia durante el máximo tiempo posible y con poca competencia, igual a ganancias seguras durante más años.
5. Con el retraso de la digitalización se impidió la diversificación de un escenario audiovisual dominado por un solo actor, encarnado en la empresa Televisa, que fue un objetivo central de la reforma constitucional de las telecomunicaciones de 2013, y quedó ratificado en la ley reglamentaria de 2014.
6. Se obstaculizó la utilización de la banda de los 700 megahercios para la integración de la red compartida, y con ello incrementar la competencia en el país.
7. En aras de extender el modelo de negocio de un solo consorcio audiovisual se vulneró el espectro, al provocar que bandas de frecuencia con alto potencial se desaprovecharan para ofrecer otros servicios y la incorporación de más competidores. Por ejemplo, al no concluir las transmisiones digitales en el plazo oficial previsto por la Constitución, se afectó gravemente el proceso de licitación de la banda nacional ancha de Internet, conocida como la red compartida, que debía desplegarse en el espacio de los 700 MHz, y que no se instaló ni en 2014, ni en 2015, siendo utilizados varios segmentos de ésta por algunas concesiones de televisión comerciales.

Hay que recordar que la banda de 700 Mhz es una de las más rentables por su idoneidad para ofrecer servicios de banda ancha móvil, por su capacidad para transportar datos a alta velocidad, permitir una amplia cobertura en zonas rurales, y con ello impulsar la inclusión digital, así como mejorar la recepción en zonas urbanas. Todo ello, representó importantes ventajas que, de ejecutarse en función del interés público, se traducirían en más y mejores servicios para mayor número de personas.

8. Se logró que el tradicional sistema dominante de televisión en México pudiera conservar durante otro año más los dos sistemas de transmisión televisiva —analógico y digital— para que el duopolio audiovisual, particularmente Televisa por ser el mayor concentrador de espectro en radiodifusión, continuara acaparando un bien del dominio de la nación de altísimo valor económico y social. Es necesario recordar que al apagarse en definitiva la transmisión analógica la Constitución ordena devolver las bandas del espectro radioeléctrico en las que operaba el antiguo sistema, que van desde los 400 Mhz. hasta algunos segmentos de la banda de los 700 Mhz, donde precisamente se contiene otra de las grandes decisiones constitucionales en telecomunicaciones: desplegar una red nacional de internet de ancho de banda. Al recuperarse tal espectro valioso, lo que se conoce como dividendo digital, éste podía ser licitado por el Estado para nuevos y mejores servicios de telecomunicaciones, en cuanto a calidad, capacidad y velocidad.

Con ello, las dos televisoras atesoraron el espectro público, patrimonio de la nación, por más tiempo, en especial, al seguir usufructuando los 294 canales espejos que les concedió el gobierno de Vicente Fox bajo el pretexto de impulsar el apagón analógico.

9. En resumen, lo que generó de fondo el posponer un año esta dinámica analógica fue el retraso de una competencia más efectiva en la televisión abierta, favorecer al duopolio audiovisual, proteger a las empresas de Televisa que ofrecen televisión por cable en la zona fronteriza y vulnerar de paso el proceso de licitación de la red compartida.

Sobre el daño patrimonial al Estado mexicano:

10. Con el retraso del apagón se evitó que el duopolio televisivo pagara las sanciones que el Estado le debió imponer por no realizar las inversiones necesarias a que le obligaba la ley. Dichas penas oscilaron entre el 6 y el 10% de sus ingresos, equivaliendo entre 400 y 600 millones de pesos que debió recibir el erario; ya que de las 907 señales complementarias el 93.27 % pertenecían a Televisa y TV Azteca, y sólo 61 estaciones eran permisionarios que correspondían a medios públicos.
11. La dilación de este proceso tecnológico representó un desperdicio muy significativo de explotación del espectro radioeléctrico, especialmente, para emplearlo en la mayor penetración de internet de banda ancha móvil. En su momento, los canales de televisión abierta en señal analógica ocupaban 402 Mhz.; y al posponerse el apagón, se desperdiciaron 306 Mhz. Esto constituía un valor económico muy relevante, pues nada más comparando el conjunto de toda la telefonía móvil que utilizaban compañías como América Móvil, Telefónica y AT&T en el país, sumaban tan sólo 250 Mhz.

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