Acapulco, Gro.- El asesinato de la alcaldesa de Temixco, revivió en Guerrero la polarización de posturas en torno al mando único, que intentó implantarse desde el 2014.
A pocas horas de los hechos de Morelos, Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, manifestó la aceptación de la medida aunque precisó que “Lo que creo es que hay que construirlo. El hacerlo por decreto es un asunto que está en una facultad constitucional, no me voy a ir por ese camino”. Se tendrá que “convencer por la ruta política y por análisis de la circunstancia social a quienes no estén a favor de este modelo de seguridad. Cuando yo tenga preparada cuál va ser la ruta, se la voy a presentar a todos los presidentes municipales, hay que darles los detalles de cómo se implementaría”.
Astudillo Flores había dicho que en un plazo de seis meses estaría en operación el Mando Único policial, aunque admitió que habrá puntos de la entidad en los que habrá algunas complicaciones.
Antecedentes
El primero de diciembre de 2014, a dos meses del caso Iguala, Enrique Peña Nieto presidente del país, presentó un paquete de diez acciones inmediatas en materia de seguridad y justicia y combate a la corrupción. La iniciativa enviada al Senado plantea reformar siete artículos de la Constitución –21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123–, en la exposición de motivos se argumenta que los cambios permitirán una mejor coordinación entre autoridades para combatir a la delincuencia y evitar crímenes como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, presuntamente cometida a finales de septiembre de 2014 por policías municipales de Iguala y de Cocula Guerrero, ligados a un cártel del narcotráfico. La propuesta planteó que la transición iniciara en cuatro estados: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
La iniciativa planteó que sean los gobiernos de cada entidad los que se encarguen de la seguridad pública en los municipios. Para ello, se plantea reformar el artículo 21 constitucional.
El 7 de mayo del 2014, un comunicado del gobierno estatal, informó que “Acapulco, Chilpancingo; Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo serían en ese entonces los primeros seis municipios en los que operará la policía con mando único”.
En virtud de que no hay una ley federal la cual obligue a los municipios a permitir el control desde el estado sobre sus cuerpos policiales, sólo se puede hacer mediante convenio entre ambas partes.
Abarca y el mando único
En su primer y único Informe de Gobierno que presentó José Luis Abarca, como presidente municipal de Iguala, dijo: “El municipio de Iguala es uno de los dos municipios del estado que firmó el convenio para que entrara en operación el mando único, cuya finalidad es concatenar esfuerzos con las policías estatal y municipal para lograr mejor efectividad. Dicho convenio se firmó el 17 de junio del 2013”.
Sin embargo, el acuerdo se quedó en el papel, pues la noche del 26 de septiembre, sus elementos policiacos, en complicidad con sicarios de Guerreros Unidos, asesinaron a seis personas, hirieron a una veintena y desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de acuerdo a la versión de las diferentes investigaciones realizadas hasta ahora.
Abarca presumió que de sus 298 policías, sólo seis no habían pasado las pruebas de control de confianza, aunque en los hechos, la PGR demostró que por lo menos 22 policías de Iguala estaban coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos. “El municipio de Iguala está considerado entre los más seguros y menos conflictivos, gracias al trabajo de la policía”, insistió en ese Informe de Gobierno.
La Dirección de Policía del municipio contaba entonces con 298 elementos con 574 armas, 12 patrullas y 18 motopatrullas, “y pese a que son insuficientes, mantienen el orden y tranquilidad en el municipio”.
La criminalidad en Guerrero
A poco de tomar posesión Javier Olea Peláez, como el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró que la criminalidad está focalizada en por lo menos cinco de los 81 municipios que tiene Guerrero.
Destacó que tiene un máximo de 326 elementos en activo, en tanto que Guerrero es un estado sumamente complicado, con muchas zonas de difícil acceso y por lo tanto, en no pocas ocasiones el personal de la FGE se ve imposibilitado para llegar a los lugares en que se cometen los crímenes.
El titular de la FGE afirmó que ya se trabaja para recomponer la situación, en aras de crecer y mejorar los resultados en un lugar en el que sostiene: “Parece que nos cayó la bomba atómica”. Respecto a la incidencia criminal, dijo que esta se focaliza en municipios como Iguala, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo y la Sierra.
Olea Peláez, recordó que su designación fue precedida de un clamor generalizado, que va en el sentido de abatir los niveles de criminalidad, lo que representa su principal reto, incluso en la víspera de ser nombrado fiscal, Olea lanzó comentarios críticos respecto a la situación que prevalece en la FGE y la Policía Ministerial del Estado (PME), sin embargo, señaló que la recepción que tuvo entre el personal que ahora está a su cargo fue sumamente positiva.
La expansión de la criminalidad en Guerrero, es uno de los argumentos que se esgrime justificando la presencia de grupos de autodefensas en la entidad. Entre 2011 y 2015, se vivió un segundo boom de estos grupos cuya aparición inicio en 1996 cuando, curiosamente, Ángel Aguirre Rivero fue gobernador sustituto de Rubén Figueroa Alcocer.
En esta segundo ocasión, la presencia de grupos de autodefensa en Guerrero se extiende a 46 de los 81 municipios del estado, con lo que sus operaciones pueden alcanzar al 65.47 por ciento de la población estatal y derivó en una espiral de violencia” en la entidad puesto que se convirtieron en un poder paralelo al institucional, incurrieron en abusos y en algunos casos terminaron vinculados a grupos del crimen organizado además de que hubo enfrentamientos violentos entre ellos.
El grupo de mayor expansión es la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), que llega a 21 localidades. Le sigue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con 15 y, en menor nivel, la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG, cuatro), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP, tres), la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC, una) y el Movimiento Aplaxtlense Adrián Castrejón (MAAC, una).
Todos ellos señalaron en su momento la vinculación o sometimiento de primeros ediles a los carteles de la droga.
Detenciones
Tan sólo en Michoacán, han sido detenidos por la PGR seis presidentes municipales por nexos con la delincuencia: Uriel Chávez Mendoza de Apatzingán, PRI; Jesús Cruz Valencia de Aguililla, PRI; Dalia Santana Pineda de Huetamo, PRI; Salma Karrum Cervantes de Pátzcuaro, PRI; Arquímedes Oseguera Solorio de Lázaro Cárdenas, PRD, y José Luis Madrigal Figueroa de Numarán, PRD. Una parte de ellos, colindantes o parte del corredor con esta entidad. En el caso de Guerrero, José Luis Abarca y adicionalmente otros fueron asesinados.
Ante la nueva circunstancia que se presentó en Morelos al inicio del año, Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, subrayó que el siguiente paso en el desarrollo del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la agrupación es la erradicación de la pobreza y el desarrollo de las comunidades, labor que, enfatizó, debe estar por encima de las labores de seguridad, como un enfoque preventivo.
Señaló que “no podemos seguir deteniendo gente porque es pobre, hay que dar el otro paso, hay que enfocarnos en el desarrollo de las comunidades, hay que pasar a una etapa de reconstrucción, pues no podemos seguir con puras armas”.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación advirtió que desde la Federación, “no nos alcanza a las instituciones federales para cuidar a todos los municipios, para cuidar a todos los estados”. Expuso que el gobierno federal apoya “a todas las entidades, pero también las entidades tienen que hacer fortalezas municipales para proteger a los ciudadanos”.