Entrevista a Gerardo Rodríguez | Profesor-investigador de la UDLAP | Exclusiva Siempre!
El mando único policial estatal no es la panacea para combatir ni la inseguridad ni la impunidad, ni la delincuencia organizada o el narcotráfico, aunque sí reduce las posibilidades de cooptación de las instancias de seguridad, es una manera de reducir los márgenes de maniobra de los grupos delictivos, además es un mecanismo ad hoc, una regresión muy perversa que se ha visto en los últimos años de centralización de funciones en esta materia de seguridad, afirma Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor-investigador de la Universidad de las Américas Puebla.
Además, “hay que decirlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, lo que está también en juego detrás de los mandos únicos es el control de los recursos que en materia de seguridad pública se destina a los municipios y hay que hacer la puntualización que no ha sido también debidamente monitoreado, evaluado, la manera en que se destina los recursos a los municipios y esto va de la mano con otro problema estructural que se lo escuché a Alberto Capella Ibarra, que es el tema de que los municipios tienen una debilidad institucional al solamente permitirles que gobiernen tres años a los alcaldes, por lo cual es crítico que avancen los procesos de reelección de los alcaldes”.
Sin embargo, “no hay que generalizar a Temixco con el país, hay importantes corporaciones municipales operando en el país como el caso de Monterrey, como el caso de San Pedro Garza García, el caso de Aguascalientes, aunque hay otros casos donde vemos regresión en materia de seguridad como los casos de Naucalpan, de Tlalnepantla o de Ecatepec, en el Estado de México”.
Sí ha funcionado
De ahí que Rodríguez Sánchez Lara considere que el mando único policial sí ha funcionado, aunque tiene muy poco tiempo de su implementación, “sí ayuda sobre todo a reducir los niveles de inseguridad que viven algunos de estos estados, pero es muy peligroso el que se quieran asumir todas las responsabilidades centralizadas en ciudades o en las oficinas de los gobernadores. No podemos permitir que los grandes municipios de este país dejen a la ligera la seguridad, pues cuando un alcalde es elegido uno de los principales mensajes que recibe de la ciudadanía en los procesos electorales es el tema de la seguridad, entonces hay que seguirlos haciendo responsables en aquellos municipios que tengan capacidades económicas, financieras, operativas, en aquellos en donde se vean problemas, debilidades, los gobernadores sí deben de tener la autoridad, el derecho, para intervenirlas”.
Tras crimen de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, el 2 de enero, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, anunció que conforme sus facultades observadas en el artículo 115, fracción 7 de la Constitución política local, el gobierno estatal asumiría la seguridad, a través del mando único, en 15 municipios entre los que se encuentran Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Jiutepec, Tlayacapan, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Tlaquiltenango.
El mandatario estatal afirmó que “el modelo de mando único ha demostrado su eficacia en el combate a la delincuencia y en la construcción de la nueva institucionalidad que requiere la entidad y el país”.
Ante este lamentable hecho uno de los temas que ha salido nuevamente a la luz y que hoy es motivo de debate público es el relacionado con el mando único policial estatal y sobre el cual Gerardo Rodríguez expone a Siempre! su posición: “El mando único tiene virtudes y tiene defectos como se ha planteado a nivel federal y en algunos estados. Virtudes, en el sentido de fortalecer a los municipios pequeños que están tomados por la delincuencia organizada y en donde las capacidades de los ayuntamientos es mucho menor frente al poder avasallante de la delincuencia organizada en términos de capacidad de fuego, de capacidad de control territorial, en capacidad económica, por lo tanto es un esquema que puede ayudar sobre todo a municipios pequeños, alejados, en distintos territorios a nivel nacional, pero hay que recordar que la potestad de la seguridad pública está sustentada en el municipio libre”.
México ha evolucionado a ser un país con grandes ciudades donde muchas de ellas, las capitales de estos estados son ya megaurbes donde no solamente hay un municipio sino que comparten la vida diaria urbana varios municipios y pueden establecerse, por ejemplo, ahí, un mecanismo intermedio que son las policías metropolitanas que ha sido un caso de éxito en algunos otros países. En el caso de la Ciudad de México tenemos una policía metropolitana aunque no se quiera reconocer dentro de las fronteras del Distrito Federal, por lo cual es válido el argumento de ciudades capitales, sobre todo, de oponerse a los mandos únicos.
En este sentido a lo que se refiere el académico de la UDLAP es a que “hay estados de la república en donde las policías municipales tienen mayor estado de fuerza, es decir, elementos policiales superiores a la policía estatal y quitarle la responsabilidad a los presidentes municipales de una obligación que tienen que es la de mantener la seguridad ciudadana es muy peligroso en dos sentidos: uno, porque se puede hacer de la vista gorda en términos de seguridad y achacarle la responsabilidad al gobierno del estado, pero también las grandes ciudades tienen problemas diferentes a los del resto del territorio en los estados, entonces el mando único debe tener mecanismos diferenciados, puede haber mando único en regiones alejadas de los estados, alejadas de las capitales, sin embargo si son concentraciones urbanas importantes como es la capital deben de permitirse llegar acuerdos con los alcaldes para que ellos mantengan y sigan siendo responsables de su seguridad”.
Por ejemplo, el municipio de Aguascalientes, tiene mayor estado de fuerza que el gobierno del estado, que la policía estatal y hace operativos y hace labores de prevención, de participación ciudadana diferentes a las que debe de hacer una policía estatal, que puede ser una policía mucho más de reacción y de investigación. También está el caso del Estado de México, la realidad que se vive en Toluca es diferente a la que viven los municipios conurbados del Valle de México, entonces dejar la responsabilidad a cientos de kilómetros de donde está sucediendo la realidad cotidiana puede ser muy peligroso, inclusive hay que decirlo también, las policías estatales no están blindadas tampoco de la presencia de la delincuencia organizada y en algunos casos en los últimos 15 años hemos vistos que han sido policías municipales los que han sido detenidos, inclusive policías estatales, que han estado coludidos con delincuencia organizada, con secuestradores, con bandas delictivas, el tráfico de drogas, de extorsión, de robo, entonces México debe encontrar un modelo equilibrado y en donde poco favorecen mecanismo autoritarios de imposición de estos mecanismos”.
Gerardo Rodríguez estudió en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia, es egresado del U.S. Institute on National Security de la Universidad de Delaware y graduado de Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, diplomado en Seguridad Nacional por el ITAM y en comunicación social por el INAP. También es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
La Corte dará la razón a los gobernadores
Con una larga experiencia en temas de política exterior, política mexicana contemporánea, seguridad nacional e internacional, terrorismo, geopolítica, comunicación política y agenda pública, el profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas asegura que “en donde haya casos de delincuencia organizada, los gobernadores deben tener la facultad y todo apunta que la Corte con un fallo que ya hubo con el caso de San Pedro Garza García, en Nuevo León, le dará la razón a los gobernadores que tienen la soberanía de su territorio para atraer la seguridad en aquellos municipios en donde se presuma que hay cooptación de la delincuencia organizada de autoridades de policía o autoridades inclusive de gobierno, esa es la facultad que deben seguir teniendo los gobernadores.
No obstante, advierte “si hay una oposición o hay una negativa de un alcalde sobre todo de municipios importantes o ciudades capitales se les debe respetar el derecho que tienen para asumir sus mandos de seguridad. Probablemente en el caso de Morelos hay información que no conocemos que no ha sido transparentada de que la policía de Cuernavaca haya estado corrompida por la delincuencia organizada como también sabemos que ha estado la policía ministerial de Morelos desde hace 15 años, al menos que sabemos que tenemos información que la policía ministerial del estado de Morelos ha estado cooptada por la delincuencia organizada”.
Trabajar bien en seguridad
Además, advierte que este modelo de seguridad puede ser utilizado con fines partidistas y es por eso que “tienen legítimo temor, oposición y negación muchos alcaldes que no siendo del mismo partido político haya una cooptación, una autorización política o mala utilización política de la seguridad en contra de ellos como una represalia porque los gobernadores no pudieron refrendar a un correligionario en una ciudad capital o en un municipio importante. Por eso también es legítimo, por el mal uso político que se ha dado históricamente a las policías estales y municipales, a que tengan la posibilidad de defenderse ante decisiones autoritarias o el uso político de las policías estatales te podría dar una lista enorme de casos en donde he atestiguado de manera personal la utilización política de policías estatales o municipales, entonces no es fácil la situación que estamos viendo, me parece que son muy irresponsables las declaraciones que hemos visto de actores políticos en el estado y que no abonan en nada a la seguridad en Morelos”.
Frente a este panorama, el experto asegura que “el debate con el tema del mando único seguirá, no por nada es una discusión que se encuentras atorada en el Congreso de la Unión casi por un año, el Presidente la sugirió como la gran panacea para solucionar el tema de la seguridad, pero ya basta de echarle la bolita al Poder Legislativo y a la legislación a nivel local, lo que se tiene que hacer es implementar y trabajar bien en materia de seguridad y de justicia también este país no puede avanzar teniendo 3.5 jueces por cada 100 mil habitantes cuando la media a nivel internacional es de 16 jueces”.
Por eso, Gerardo Rodríguez considera que está muy bien que el tema se debata al interior de los Congresos Locales “pero de nuevo es muy peligros el quitarle por un lado la responsabilidad a los presientes municipales y por otro lado, imponerles un mando único, se tienen que encontrar mecanismos muy establecidos de coordinación. Los presidentes municipales tienen que tener aunque sean de diferentes partidos políticos altura y miras políticas para coordinarse con las autoridades estatales. Sí es un juego político de dos vías en donde se encontrarán problemas, en donde haya una irresponsabilidad o haya conflictos de poder político y económicos para controlar las policías estatales, pero si hay alcaldes y gobernadores de diferentes partidos políticos que ponen por delante la política de estado en materia de seguridad pueden avanzar mecanismos de coordinación de mando único”.