Cada año en el mundo, más de 60 mil mujeres pierden la vida en “circunstancias violentas” y en este contexto, América Latina es la región de mayor violencia en contra de las féminas y donde, evidentemente, el fenómeno mantiene una tendencia a la alza.
Es en 25 naciones del mundo donde se concentra el mayor número de muertes violentas de mujeres, y diez de esos países se ubican precisamente en América Latina y México no podía permanecer al margen de esa lista.
Los feminicidios y, en general, la violencia hacia la mujer, son una constante en distintos puntos del territorio mexicano, muy vinculados al embate del hampa organizada, del narcotráfico, la trata de blancas y otros delitos que parecieran ya parte de la cotidianeidad de los mexicanos.
Las estadísticas hablan, por ejemplo de que en un periodo de seis años, entre el 2007 y el 2012, al menos mil 900 mujeres perdieron la vida de manera violenta en nuestro país y de ellas, aproximadamente el 50 por ciento fue tras ser atacadas con armas de fuego.
Guerrero, Michoacán, Estado de México, son algunas de las entidades que a gritos, piden el actuar de las autoridades para frenar la ola de violencia que padecen sus mujeres.
Aunado al fenómeno de la violencia física, psicológica y económica que padecen más comúnmente de sus parejas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha advertido sobre la urgencia de atender otro problema de violencia hacia la mujer: la laboral.
El Consejo ha informado a la Cámara de Diputados sobre el resultado de una investigación que llevaron a cabo y en la que se retratan los riesgos constantes que sufren las féminas de ser “prejuzgadas, estereotipadas, de sufrir violencia de género y misoginia”. El resultado es, en general, “terrible”.
Hablar de violencia hacia la mujer, es hablar de violencia social, de prejuicios y discriminación que siguen vigentes en la era de la tecnología y la globalización.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México reveló e hizo visibles conductas discriminatorias cometidas en contra de diversos grupos de población, especialmente el de las mujeres, se trata de apreciaciones sociales que “naturalizan” la asignación de papeles subordinados a las féminas.
Históricamente –hoy sigue siendo igual-, las féminas han sido blanco de exclusión, segregación y violencia; es discriminación en muy distintas manifestaciones. Por ello la urgencia de medidas y decisiones que impacten en las atribuciones y actuaciones de las instituciones responsables de impartir la justicia.
Frenar esta conducta, prevenirla, erradicarla, son objetivos que debieran marcarse como de máxima prioridad en México, ante la gravedad de la violación a los derechos humanos que representan y que, en muchos de los casos, concluye con el asesinato de mujeres.
Hay ciudades, entidades enteras que han asumido y firmado compromisos; pero en la práctica el problema sigue creciendo de manera alarmante y alcanza, cada vez, a mujeres a más temprana edad.
Un ejemplo es lo que ocurre en los últimos años entre Guerrero y Michoacán, donde organizaciones internacionales hablan de al menos 16 mil personas desplazadas.
“Humanas Sin Violencia” ha documentado que, al menos, más de 2 mil 500 mujeres han emigrado de sus lugares de origen a causa de esa inseguridad; se trata de mujeres que eran el sustento económico de su hogares, de la región, y que pareciera, lamentablemente, a nadie les importa.