Inconsciencia de la Corte
La Suprema Corte “de Justicia” de la Nación acaba de dar otro ejemplo de inconsciencia y desapego por el interés popular: por acuerdo de mayoría de la segunda sala, se determinó que es constitucional limitar a un año el pago de salarios caídos por despido injustificado (La Jornada, 21/I/2016).
Los ministros Fernando Franco González Salas, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora son los autores del atentado antilaboral que tendrá como consecuencia un mayor endurecimiento de las negociaciones por despido, pues bastará con que la parte patronal alargue el pleito para quebrar la resistencia obrera, pues de cualquier manera sólo se pagarán 12 meses de salarios caídos.
Al desaguisado se opusieron, y hay que celebrarlo, los ministros Margarita Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Cada vez son más raras las expresiones de independencia y dignidad de los togados, que obedecen en primerísimo lugar toda instrucción que les llega del Ejecutivo, pues saben que el cargo se lo deben al presidente de la república que los incluyó en la terna de donde fueron elegidos (¿previa recomendación?) por el Poder Legislativo.
Si bien acatan dócilmente las indicaciones que llegan de Los Pinos, también hay ministros muy dispuestos a defender el interés de quienes tienen más recursos políticos y sobre todo económicos, como las organizaciones patronales, de lo cual acaba de dar una muestra elocuente el inmoral fallo de la segunda sala.
Es difícil imaginar que funcionarios como los ministros de la Corte, que ganan mensualmente cerca de 600 mil pesos (¡seiscientos mil pesos!), encima de eso todavía acepten regalos, cochupos, mordidas u otros ingresos ilegítimos. Hemos de creer —si esto es sólo un asunto de creencia— que la triada Franco-Dayán-Medina actuó por mera convicción antiobrera, por su sólida conciencia reaccionaria y su decidida orientación en contra de los trabajadores. O quizá los togados actuaron movidos por un buen argumento demográfico, con el afán de evitar que los pobres se sigan multiplicando —habrán pensado—, lo mejor es dejar sin pan a las familias que de por sí viven en la inopia.
Por supuesto, el trío de tres tristes togados desplegó una florida verborrea jurídica, pues ya se sabe que la ley, sobre todo en México, sirve lo mismo para un barrido que un fregado, como es este caso. Pero ya puestos en esa tesitura, los dos ministros que votaron contra el golpe antiobrero también son juristas e igualmente poseen argumentos. Pero esto no es asunto de leyes, sino de vergüenza, de conciencia social, de visión para anteponer el interés nacional a la mezquindad que roba al obrero su salario.
El país se hunde, y hay funcionarios judiciales que le hacen más agujeros al casco. Su irresponsabilidad los arrastrará hasta el fondo.