Indolencia gubernamental
En un acto realizado hace pocos días en las instalaciones del museo Memoria y Tolerancia, Estela Carlotto, presidenta de la agrupación de valientes mujeres argentinas conocida como Abuelas de Plaza de Mayo, patentizó su apoyo y acompañamiento a quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos, especialmente a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Haciendo alusión al “Estado terrorista” que en el país austral desapareció, asesinó y secuestró a bebés en el contexto de un plan de exterminio, responsabilizó al Estado mexicano de cualquier privación ilegítima de la libertad, de las torturas y de los asesinatos, ya sea por autorizarlos, apoyarlos o consentirlos.
La lideresa asimismo señaló que México es el “dolor de América Latina” y que es responsabilidad de todos trabajar por la verdad, la justicia y la memoria colectiva, imprescindible para la construcción de una identidad y como garantía para evitar que el horror se repita.
Tan severas palabras fueron pronunciadas durante la presentación del informe de Amnistía Internacional “Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición forzada de personas”, en la que Érika Guevara, directora de la organización para las Américas, señaló que nuestro país enfrenta la peor crisis de derechos humanos del hemisferio occidental y una de las más graves de todo el mundo, y que ésta es consecuencia de la respuesta militarizada a problemas sociales y al narcotráfico.
El informe en cuestión es fruto del análisis de la desaparición de cientos de personas en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y de la desaparición forzada acaecida durante la trágica noche de Iguala. La conclusión es lapidaria a más no poder: la nación está inmersa en una epidemia de desapariciones alimentada por la incompetencia, inercia e indolencia del gobierno, quien se ha preocupado más por dar respuestas políticas coyunturales que por diseñar verdaderas y eficaces políticas públicas articuladas para enfrentar ese fenómeno.
Ello se debe esencialmente al hecho de que las autoridades no han reconocido la magnitud del problema, ni han asumido plenamente su deber de investigar todos los casos y llevar a los responsables ante la justicia, ni mucho menos han asegurado el acceso a las reparaciones integrales para las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, más allá de consideraciones de naturaleza estructural, el núcleo duro de la tragedia humanitaria a la que se está refiriendo la ONG emana de una patología mucho más preocupante y peligrosa, la cual está conformada por el binomio de la incapacidad de sentir el dolor ajeno y el adormecimiento del juicio ético.
Ausencia de empatía y ceguera moral son, pues, las fuentes primigenias de la visión hiriente, descarnada y deshumanizada que está detrás de la indolencia gubernamental ante los más de 26 mil desaparecidos. Autores como Hanna Arendt, Erich Fromm y Nicos Poulantzas han subrayado los graves riesgos que implica esa dispraxia emocional y política, pues es el ingrediente basal de las sociedades fascistas.