CRetraso del apagón analógico VI y última parte
Después de las presiones recibidas por los podres fácticos mediáticos, especialmente de la telecracia, el Congreso de la Unión modificó la Constitución para retrasar el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016, provocando las siguientes repercusiones generales en el terreno de la política y de la democracia.
En la dimensión política
- El Congreso envió al mundo un mensaje muy delicado sobre su fragilidad institucional demostrando lo endebles que son nuestras reformas constitucionales ante cualquier presión extraordinaria. Si sólo dos años después de haberse realizado la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones con el consenso mayoritario de los partidos políticos, ahora ésta pudo ser adecuada a las necesidades o caprichos de los poderes fácticos o intereses personales; entonces pueden empezar a remojarse las barbas de las reglas constitucionales en materia energética, de telecomunicaciones, de educación, de competencia económica, financiera… Los acuerdos se pueden cambiar al gusto de una empresa con influencias en el Congreso, sobre todo si tiene un arma poderosa como el cañón del Canal 2 de TV y la apunta contra un régimen político corrupto y en franco proceso de pudrición y ocaso.
- Posponer el apagón analógico fue un error gigantesco de escala internacional, pues México fue el primer país en América Latina en realizarlo y dar el ejemplo a toda la región. El tener un 10% de población sin cobertura por el proceso de transición tecnológica sucedió en muchas naciones y los gobiernos en lugar de postergarlo lo que decidieron fue realizar planes accesibles para que en el corto plazo los públicos pudieran adquirir decodificadores a bajos precios. Por ello, aplazar el apagón fue un inaceptable obsequio político para el duopolio de la televisión en México que siempre ha gozado de privilegios extremos otorgados por los gobiernos en turno.
- Con esta intervención jurídico política retardataria del Poder Legislativo, los senadores le sustrajeron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) su capacidad de interpretación de la ley, de regulación, de definición de la transición a la televisión digital terrestre y de sancionar el tema del “apagón analógico”, restándole autonomía constitucional.
- Fue deplorable y vergonzoso que un grupo de senadores se prestara para realizar el chantaje y el engaño a la opinión pública usando el discurso populista de que “los más pobres se quedarán sin ver la tele”, o que “la gente se va a sacar los ojos si no puede ver televisión”; con el fin de beneficiar a uno de los grupos más ricos del país que, con el ejercicio de su presión fáctica, consigue todo tipo de prebendas y privilegios del Estado, incluso ahora, ajustar la Constitución a sus intereses, y no someterse a la competencia y al Estado de Derecho, como cualquier otro empresario mexicano.
- De esta manera, los senadores en México no sólo estuvieron dispuestos a incumplir una vez más la Constitución en materia de política de comunicaciones (el Congreso demoró más de seis meses en aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión); sino que incluso tuvieron la osadía de modificar la Carta Magna para satisfacer la demanda de los radiodifusores privados y de algunas televisoras públicas que intencional o ingenuamente se sumaron a esta campaña para posponer el apagón analógico.
- En esencia, la modificación de los legisladores obedeció al interés por congraciarse con las televisoras privadas, concediéndoles privilegios y un régimen de excepción regulatoria. Los concesionarios tuvieron tiempo, ingresos y fuentes de financiamiento suficientes para transitar a la televisión digital terrestre el 31 de diciembre de 2015. Por ello, sustraer las facultades técnicas y regulatorias del IFT, degradar el servicio o suspenderlo por falta de inversiones, constituyó una afrenta al derecho a la información y la libertad de expresión de los mexicanos.
- Todo ello constató que el poder de la telebancada es, cada vez más, transversal y mantiene presencia en todos los partidos, pues no sólo existe la telebancada del Partido Verde, sino aquélla que se configura la suma de los miembros del PAN, del PRD, del PRI y hasta del PT, con una clara alineación a los intereses del grupo Televisa.
- El viraje en beneficio del duopolio televisivo que propusieron algunos legisladores y partidos constituyó una retracción que nos llevó de regreso a la época de la preponderancia política del duopolio comercial privado de difusión masiva, que los ciudadanos y el poder político creían que ya se había superado en México.
- En este sentido, así como Televisa logró presionar al IFT para que no la declarara con poder sustancial en el mercado de televisión restringida, a pesar de contar con más del 62% de los suscriptores, permitiendo que continúe con su megaproceso de concentración. Imponer una ley de derecho de réplica que benefició sus intereses y no a los ciudadanos. Debilitar la tercera cadena de televisión (Cadena Tres) para evitar competir contra los monopolios audiovisuales. Postergar el ingreso de la companía América Móvil a la competencia del triple play. Logró que Gobernación moviera los horarios de los programas grabados para adultos a los horarios infantiles, para vender más publicidad…
Ahora, al aplazar el apagón analógico se demostró que Televisa manda realmente en el sector de telecomunicaciones y en el Congreso de la Unión. Dicha señal fue todavía más ominosa en el año 2015, que cuando el poder mediático doblegó al Congreso para aprobar la Ley Televisa en 2006.
En la esfera de la democracia
- Posponer el apagón un año más generó una disputa electoral, pues en 2016 se realizarán elecciones para gobernadores en 12 entidades y, al continuarse repartiendo en varias de ellas televisiones digitales por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras se realiza la campaña electoral, revivirá el debate que se creó con el “apagón” en Tijuana, en 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón.
- En ninguna parte del mundo los ajustes normales a la política de televisión digital fueron resultado de una instrucción expresa de las televisoras como ocurre en México, ni mucho menos el Poder Legislativo se sometió a ellas.
Al contrario, los gobiernos forzaron a los radiodifusores a hacer las inversiones necesarias para la transición a la televisión digital terrestre y a los fabricantes de los equipos y componentes los obligaron a modificar sus normas para que los televisores reciban las señales digitales y no vender equipos obsoletos.
- Finalmente, esta acción le constató a la clase política que si el poder mediático cuenta con un instrumento muy poderoso, que es su política informativa de televisión y la dirige contra la clase política, es capaz de modificar el mandato constitucional y extraviar las políticas públicas de un país al capricho de los intereses de una empresa de televisión domínate y subordinar el sector político a su voluntad.
En síntesis, todo ello demostró contundentemente que quien manda y gobierna en México ya no son los poderes constitucionales de la república, sino el poder mediático. Por ello, hay que subrayar que los canales electrónicos de transmisión colectivos ya no son medios, ni instancias de socialización, ni empresas de entretenimiento, ni grupos de presión, ni poderes fácticos; sino que ahora en el siglo XXI, ya se han convertido en el Estado que gobierna la nación.
Este nuevo fenómeno histórico jugará un desenlace fundamental en la definición de las elecciones de los poderes públicos de 2016 y de 2018 en la nación, y en la construcción de un régimen político favorable al modelo ultramonopólico de la comunicación colectiva, especialmente de la televisión en México.
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