Contra la dignidad y los derechos humanos
La prohibición de la regresividad en el campo de los derechos humanos es una conquista histórica que asegura la prevalencia de la ley de los más débiles y el sometimiento de los poderes salvajes a los controles inherentes al paradigma del Estado constitucional de derecho.
La amenaza del establecimiento de la regresividad como política de Estado fue sembrada por los ministros de la segunda sala del máximo tribunal al haber declarado la validez del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que se trata de una norma manifiestamente regresiva, aserto que hemos desglosado en otras entregas. De este modo, los jueces de jueces se erigieron en la punta de lanza de la desastrosa regresión humanitaria que en breve viviremos el país.
Un ejemplo es la reforma laboral que se está cocinando en lo oscurito. Los conflictos individuales del trabajo se ceñirán a reglas quebrantadoras de los principios vertebrales del constitucionalismo social y de los derechos humanos de los trabajadores reconocidos en tratados internacionales, las cuales preconizan que trabajadores y patrones son esencialmente desiguales y el cometido de las leyes laborales es tutelar y otorgar la máxima protección posible a la parte débil.
Contrariamente a lo establecido en ese apotegma jurídico, entre otros graves retrocesos, trabajadores y patrones se regirán por el enunciado de la igualdad procesal de la partes, es decir, en la justicia laboral del siglo XXI imperará la figura de los juicios de estricto derecho troquelada en el siglo XIX. Ello implica que las fallas que acusen las demandas de los trabajadores ya no serán objeto de la suplencia de la queja, ni mucho menos se hará efectivo el mandato garantista que previene que en caso de duda debe favorecerse al trabajador.
Otro tanto puede decirse en relación al TPP o acuerdo transpacífico firmado por México en octubre de 2015. Su objetivo es otorgar a las corporaciones trasnacionales exorbitantes prerrogativas jurídicas. Se trata de una especie de megaconstitución supranacional que protegerá los intereses de los grandes inversionistas privados y llevará la tesis del Estado mínimo a su máxima expresión. Todo ello en violación a la soberanía nacional, en detrimento de los derechos humanos y a contracorriente de los esfuerzos que ha realizado la ONU a fin de obligar a las corporaciones a respetar los derechos fundamentales.
La regresión en este ámbito es de no creerse: las medidas aperturistas y protectoras de las inversiones serán irreversibles; las patentes farmacéuticas se ampliarán automáticamente, lo que dificultará la producción de medicamentos genéricos; si el Estado introduce nuevas regulaciones ambientales o de cualquier otra índole que generen costos adicionales para los inversionistas, éstos podrán interponer reclamos ante paneles privados extranjeros.
La contrarrevolución en favor de los poderes salvajes está en marcha. ¿Qué hacer ante este magno ataque a la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos?