Entrevista a Martín Sánchez | Director de Renace | Exclusiva Siempre!
Cuando era candidato al gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, firmó 10 compromisos para revertir la crisis de los penales como el de Topo Chico. La carta fue entregada el 24 de marzo de 2015 por el patronato de Renace, institución que apoya jurídicamente a personas de escasos recursos.
El documento advertía que los penales del estado padecían problemas de ingobernabilidad, deficiencias en infraestructura y en los esquemas de revisión, vigilancia y seguridad, la falta de separación de internos de alto riesgo, así como sobrepoblación penitenciaria.
Por lo menos desde hace cinco años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó una serie de vulnerabilidades en la seguridad en la cárcel de Topo Chico, pero fueron ignoradas por las autoridades de Nuevo León.
Pese a las advertencias y el conocimiento de peligrosidad de Topo Chico, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón culpó a los magistrados de dejar una “bomba de tiempo” en el penal, cuando permitieron mezclar a delincuentes rivales como Jesús Iván Hernández, el Credo, y a Juan Pedro Saldívar, el Z-27.
Al gobierno actual no le alcanzó el tiempo
Para Martín Sánchez, director de Renace —organización civil que trabaja en programas de seguridad y readaptación social—, la responsabilidad de los hechos violentos del pasado 10 de febrero, que dejó un saldo de 49 muertos y 12 lesionados, es del gobierno que encabezó Rodrigo Medina, y el gran error de el Bronco fue no darle importancia a la crisis carcelaria de Topo Chico.
“El actual gobernador tuvo que tomar en cuenta también el informe de la Comisión Nacional de Derecho Humanos y de la ONU. Había indicadores alarmantes que los conocía Jaime Rodríguez Calderón. Sí tenía la estrategia y los planes, pero no los aplicó de manera más rápida y contundente.”
¿Quién o quiénes son los responsables del caso Topo Chico?
La responsabilidad es, principalmente, del gobierno anterior. Ante el mal funcionamiento de los reclusorios, no hizo nada para controlar lo que estaba pasando en Topo Chico. Creo que deberíamos de ubicar esas fallas en la administración anterior. El gran error del actual gobierno fue que lo alcanzó el tiempo. Nos enteramos de que contaban con una estrategia para realizar la intervención de muchos aspectos relacionados con los reclusorios y tenían que coordinarse con la autoridad federal. Lamentablemente, también la autoridad federal actuó de manera muy lenta para resolver y decidir los traslados de la gente mantenían el control del reclusorio, los grupos de la delincuencia organizada que se estaban disputando la cárcel. La responsabilidad es de ambas administraciones, debieron actuar más rápido. La autoridad federal tiene una responsabilidad importante porque debió resolver y apoyar al estado de una forma más concreta. Topo Chico sufre un descuido total, así como los otros penales de Apodaca y Cadereyta.
Pero el gobernador Jaime Rodríguez sabía de la crisis de Topo Chico y no hizo nada…
Sí, eso es un hecho. Nosotros le dijimos que había necesidad de realizar una intervención en todo el sistema penitenciario y firmó 10 compromisos que se traducen en acciones concretas para mejorar las cárceles de Nuevo León. La información de las condiciones de Topo Chico es alarmante por el número de gente que se encontraba presa, el hacinamiento y el autogobierno.
Legisladores federales han acusado al gobernador de negligente, ¿se hizo de la vista gorda el mandatario?
No se hizo de la vista gorda, pero tuvo que poner el caso de las cárceles como una prioridad. Al llegar al gobierno tuvo que priorizar el tema de seguridad pública. El estado tiene muchos retos y principalmente en el asunto del presupuesto público, porque el gobierno anterior dejó una deuda inmensa. Jaime Rodríguez tuvo que atender de manera especial el asunto de los reclusorios, pudo hacer más y actuar más rápido.
¿El gobierno de Nuevo León cuenta con un plan adecuado para contrarrestar la crisis carcelaria?
Sí, tiene un plan estratégico de intervención que se aplicará en distintas fases: control penitenciario, establecimiento de nuevas reglas para un buen funcionamiento de las cárceles, nuevos programas de reinserción social, la construcción de nuevos espacios. En este último punto debe exigirle de manera contundente a la federación que continúe con el plan de construir el penal de Mina, que fue suspendido en el gobierno anterior porque no era prioritario y ahora vemos las consecuencias.
La lista de pendientes es enorme
En el recorrido que hizo en días recientes, ¿qué se encontró en Topo Chico? ¿Cuál es el estado en que se encuentra el penal?
Encontré una cárcel muy deteriorada, estamos hablando de una construcción de 1940, con muchos espacios reducidos por la sobrepoblación. También me percaté de que no existen espacios en materia de salud y educación para los casi cuatro mil internos. Hay un ambiente de tranquilidad y relajado por la presencia policiaca. Toda la gente está en sus funciones, están realizando trabajos y acciones para mejorar el aspecto del reclusorio, reparaciones de mantenimiento, a fin de comenzar a darle una imagen distinta al penal. Las visitas se están realizando de manera normal. Pero es un reclusorio que tiene una lista enorme de pendientes que no se han asumido. Ahora con la intervención de la policía de fuerza civil, la autoridad debe aprovechar para reclutar y capacitar custodios, pagarles bien para que puedan trabajar adecuadamente.
¿Qué recomendaciones le han planteado al gobernador tras los hechos violentos en Topo Chico?
La recomendación principal es tener el control absoluto de las cárceles. Es decir, planteamos que se agilicen los beneficios que se puedan extender a un número más significativo de personas, que se les tramite el beneficio de ley bajo las diferentes figuras que existen en el marco jurídico de Nuevo León. Además de un programa efectivo de reinserción social que Renace ha estado trabajando durante muchos años con la gente que hemos ayudado a obtener su libertad, que implica capacitación y trabajo, de acompañamiento para la reinserción social.
La otra estrategia es que se termine de establecer la Unidad de Medidas Cautelares, una institución nueva en el sistema de justicia y que está enfocada para que los jueces puedan dictaminar medidas cautelares en libertad bajo la vigilancia de la Unidad. Se cuenta con un programa piloto en el municipio Guadalupe y la idea es que se extienda en todo el estado.
¿El penal de Topo Chico está en plena disputa entre bandas del crimen organizado?
Fue solamente entre el grupo delictivo de los Zetas. Dos grupos distintos ocasionaron el hecho trágico. Estaban en disputa por el control de la cárcel. Ahora el gobierno de la prisión ya lo tiene la autoridad, sigue habiendo grupos delictivos en el reclusorio, pero el control de la cárcel ya lo tiene la autoridad.
¿Cómo quitarle el poder a los grupos criminales porque sicarios entraban y salían del penal para cometer ilícitos?
A través de una intervención drástica, donde la Policía Federal apoye a la policía de seguridad pública del estado. Hay que contar con una disminución considerable de la población, que esté en la cárcel sólo la gente que realmente haya cometido delitos graves. Que exista personal capacitado, reclutar gente y ofrecerle un servicio civil de carrera para que se incentive y se comprometa en mejorar el sistema penitenciario. Esas cosas van a permitir, en el corto plazo, una reestructuración real de las cárceles locales.