Las autoridades, sordas y ciegas

 

Para beneplácito de los católicos viene a México el papa Francisco, primer latinoamericano que llega al solio pontificio. Sólo resta desear que sea afortunado el encuentro entre el pontífice y su feligresía, lo que no ocurrirá con los seguidores de otros cultos, pues abundan las autoridades que ignoran la separación entre el Estado y las Iglesias y hostilizan a los credos minoritarios para quedar bien con Roma.

Ya hubo por lo menos un par de incidentes en los que se pretendió coartar el derecho de La Luz del Mundo —Iglesia mexicana que tiene cinco millones de adeptos—, que solicitó que se le permitiera realizar un acto masivo el 14 de febrero en el Zócalo. Se le negó la Plaza de la Constitución y a cambio se le dio la explanada del Monumento a la Revolución. Sin embargo, días después un tipejo se apersonó en las oficinas de la Luz del Mundo, se dijo funcionario del gobierno capitalino y sin identificarse amenazó con impedir la concentración de este culto. Los permisos están en orden y no hay notificación oficial de un cambio, pero así se las gastan algunas autoridades.

En Morelia, el cabildo se bailó un zapateado sobre la Constitución de la república y reservó para las actividades papales la plaza principal y un amplio sector del centro de la ciudad. Afortunadamente, alguien les recordó que en México la religión católica no es oficial y dieron marcha atrás. Pero así andan las cosas.

Francisco viene a México después de haber perdonado las trapacerías de los Legionarios de Cristo, la multimillonaria orden fundada y dirigida por Marcial Maciel, quien durante décadas abusó de los niños y jóvenes confiados a su cuidado. En esas canalladas, el también polígamo Maciel no estuvo sólo. En sus abusos fue auxiliado por otros miembros de la orden que siguen ahí, seguramente cometiendo sus fechorías, pero eso sí, ahora con la indulgencia plenaria que les obsequió no Juan Pablo II, el protector del pederasta, sino el mismísimo Francisco.

Por supuesto, creer santos a semejantes monstruos es derecho de los católicos, pero el ministerio público del Estado mexicano ha sido omiso para investigar los casos de pederastia y, en general, la vieja y reiterada comisión en pandilla de delitos que involucran a personeros de esa orden religiosa, casos denunciados en todos los foros por algunos de los afectados.

La visita papal nos costará a los contribuyentes muchos millones de pesos, tantos, que el gobierno federal y las autoridades locales no han querido informar con precisión sobre el desmesurado gasto que ocasionan las actividades religiosas y políticas de Francisco, quien por cierto, según informó el nuncio Christophe Pierre, hará declaraciones públicas sobre asuntos que corresponden a la soberanía de la nación mexicana.

Es de esperarse que la intromisión papal en política interior se disfrace de mensaje evangélico, pero lo cierto es que hará la crítica de “determinados problemas en el país”, según declaró el nuncio. En esa tesitura, cabe replantearse la conveniencia de mantener relaciones con un Estado que ostenta esta calidad cuando le conviene o aparece como Iglesia si de esa manera le resulta mejor.

Para mayor confusión, los sacerdotes “mexicanos” le deben obediencia a ese Estado sui géneris, y tan se la deben que, cuando así lo decidió El Vaticano, desconocieron la Constitución, primero la de 1857 y después la de 1917 para luego declarar la guerra al Estado mexicano y desatar la guerra cristera, a la que consideran una gesta memorable. Para ratificarlo, el propio Francisco sigue canonizando alegremente a individuos de la Cristiada, sin mayor efecto, pues se trata de santos a los nadie conoce ni venera, pero la provocación se queda ahí, y las autoridades mexicanas permanecen sordas y ciegas. No es mucho pedir que se respeten a sí mismas, por católicas o convenencieras que puedan ser.