Que los trabajadores paguen

Es un hecho evidente que la actual agudización de la crisis que vive la economía mexicana obedece en gran parte a factores externos. De los muchos aspectos de preocupación, tres me parecen los más relevantes: la caída del precio del petróleo, la devaluación del peso y el desmedido crecimiento de la deuda pública.

De esos tres fenómenos, muy vinculados entre sí, el que más afecta es la caída del precio del petróleo, que se debe a las condiciones del mercado internacional que no dependen de las políticas aplicadas por el gobierno de México, y del mismo modo puede afirmarse que la inestabilidad del sector financiero ha provocado devaluaciones en varios países subdesarrollados. Sin embargo, incluso en estos casos, hay que señalar que la caída del precio del petróleo no es un fenómeno intempestivo, a semejanza de los desastres naturales, sino de una tendencia esperada a partir del ingreso de nuevas empresas petroleras estadounidenses a la producción.

Y algo semejante puede comentarse de las devaluaciones. O sea, que la actual administración pudo prever con suficiente anticipación lo que iba a ocurrir en esos dos campos determinantes para el comportamiento de la economía.

Hay, sin embargo, otro terreno en el que la responsabilidad de los funcionarios no se limita a la falta de previsión, sino que es total, pues sólo ellos deciden, y es en las políticas aplicadas para enfrentar la crisis. Ahí, la primera decisión es que eligen paralizar la economía al aplicar recortes drásticos al gasto público. La segunda es que los recortes se aplican en la mayor proporción al sector energético. En el caso de Pemex, se profundizan las acciones dirigidas a quebrar la empresa, pues con los recortes aplicados en 2015 y en el presupuesto federal aprobado para este 2016, Pemex ya había sufrido una merma de 70 mil millones, y ahora con el nuevo recorte de 132 mil millones de pesos le aplican sólo a Pemex una merma de 100 mil millones.

Y por el otro lado, se continúa con la política de obligar a Pemex a entregar a Hacienda todas sus utilidades, y un monto enorme más de sus recursos para financiar el gasto público. Como comentaba en estas páginas hace 15 días, Pemex ha acumulado un déficit de más de 315 mil millones de pesos sólo en los tres años de la actual administración. O sea, que la segunda orientación de las políticas es quebrar Pemex.

Los otros rubros mayormente afectados son la Comisión Federal de Electricidad y la infraestructura, principalmente carreteras rurales, el sistema Cutzamala y líneas del Metro. (Se deja incólume, en cambio, el nuevo aeropuerto que es la obra privilegiada por la actual administración.)

La tercera decisión política es descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores. Por un lado, porque los recortes, además de Pemex, la electricidad y la infraestructura, están dirigidos a la educación media superior y superior, y a lo que llaman infraestructura indígena. Además, porque ya en específico el espacio preferido para aplicar los recortes son los despidos de trabajadores. Ya se han anunciado más de 13 mil en Pemex y casi 16 mil en el gobierno federal.

Hay otro aspecto en la forma de enfrentar la crisis económica y es en el lado de los ingresos públicos. Es obvio que cuando los recursos por la venta de petróleo disminuyen por el descenso del precio, los recortes no son la única opción, pues también podría recuperar sus ingresos a través de los impuestos. Y ahí hay que destacar que las grandes empresas en México no sólo gozan de una baja tasa impositiva, si se compara con otros países, sino que aparte el gobierno les da un trato increíblemente preferencial. La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que en 2014 (ya se sabe que la Auditoría realiza su dictamen con mucho retraso) se dejaron de recaudar un billón (sí, un millón de millones) 200 mil millones de pesos, debido a beneficios fiscales, devoluciones y evasión fiscal de las grandes empresas que operan en México. A una sola empresa (de la que no informan el nombre) se le devolvieron 13 mil 924.8 millones de pesos.

Sí, hay crisis económica; sí, hay factores externos, pero es igualmente cierto que los funcionarios deciden que las grandes empresas sigan obteniendo utilidades millonarias, mientras los trabajadores enfrentan la inflación (derivada de la devaluación) y el desempleo, tanto por los despidos en el sector público, como porque la paralización de la economía determinará el aumento del desempleo en todo el país.