Entrevista a Gerardo Rodríguez Sánchez | Coordinador de Índice Global de Impunidad | Exclusiva Siempre!
Los cinco países con los índices más altos de impunidad son: Filipinas, México, Turquía, Colombia y Federación de Rusia. De 59 países miembros de la ONU que cuentan con información estadística, México ocupa el lugar 58. Las tres entidades con mayor índice de impunidad son Quintana Roo, Estado de México y Baja California.
La enfermedad de México es la impunidad que está presente en todas las entidades del país, aseguró Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, quien junto con el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, presentaron hace unos días el Índice Global de Impunidad, hace unos días.
Siempre! entrevistó en exclusiva al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien junto con Juan Antonio Le Clercq —académicos e investigadores de la UDLAP— coordinaron los trabajos del primer modelo estadístico que midió los niveles de impunidad en 32 estados de la república, basado en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario.
Rodríguez Sánchez Lara también habló sobre cuerpos de policía y de la pertinencia del mando único.
La UDLAP y el Consejo Ciudadano de Justicia de Puebla presentaron el índice global de impunidad, primer modelo estadístico en la materia, ¿cómo medir la impunidad?
La definición clásica y sencilla de la impunidad es delito sin castigo, en ese sentido teníamos que encontrar la cadena de todos los pasos que suceden desde que se comete hasta que el ciudadano decide o no denunciar; si decide denunciar pasa a la parte de investigación del ministerio público que depende de los gobiernos estatales; después, si sigue bien el curso de investigación pasa al Poder Judicial. Si se encuentra que hay un presunto delincuente, hablamos de que se involucra un tercer sistema, que es el penitenciario, y culmina con la sentencia o no, hacia el delito que se cometió. La última fase no la podemos medir porque ya no tenemos información sobre la reparación del daño; a eso le llamamos la cadena de impunidad desde que se comete el delito hasta que es o no castigado.
Este estudio es sobre los 193 miembros de la ONU de los cuales sólo 59 países tenían la información estadística para realizarlo, ¿qué es lo que encontraron respecto a México?
Ocupa el penúltimo lugar, lamentablemente de los 59 países que teníamos información hay otros 134 países que denominamos de impunidad estadística, es decir, que no brindan esa información al sistema nacional de sus unidades para ser evaluadas en sus políticas de justicia y de seguridad. En el caso de México muy lamentablemente sale en el penúltimo lugar, sólo detrás de Filipinas.
Impunidad generalizada
¿Qué significa? ¿México es un país podrido?
Con el índice de impunidad en México encontramos las causas de fondo que producen la impunidad a escala nacional y hay que decirlo, el 80 por ciento de los delitos que se cometen en el país recaen en la jurisdicción, en la responsabilidad de 32 gobiernos estatales. El año pasado hicimos el índice global y arrojó que estamos en una posición deplorable, sin embargo ahora encontramos las razones; la impunidad lamentablemente es generalizada en la mayor parte de los sistemas de seguridad y de justicia en los estados de la república.
¿Tenemos un sistema de justicia que no funciona?, tenemos un sistema penal ¿en qué condiciones?
Es importante entender que al final del día la administración de justicia, la procuración de justicia y el sistema penitenciario están en un sistema engarzado, si uno de los eslabones no está bien conectado con el otro sistema, va a empezar a fallar, o por ejemplo, si un eslabón: el de seguridad, el de justicia o el penitenciario, se encuentra oxidado o no se le ha dado un mantenimiento, todo el sistema se puede colapsar.
En México, han aumentado de manera importante los niveles de inseguridad y violencia, lo que vemos es que los aparatos de seguridad y de justicia no se fueron adecuando a las nuevas realidades de un México azotado por la delincuencia organizada. También la población ha crecido en los últimos años y demanda también mayores capacidades de administración de justicia.
El problema de la impunidad, de las estructuras de las instituciones de seguridad y de justicia es que no se fueron profesionalizando, muchos de los poderes judiciales no son debidamente autónomos. Lo que produce la impunidad son tres grandes enfermedades: la inseguridad, la violencia y la corrupción; y la impunidad es la madre de todos los problemas que sufre el país.
¿Cómo atacar el problema?
En el índice de impunidad con datos duros encontramos cuáles son los problemas de los 32 estados de la República, en algunos casos es la funcionalidad del sistema de seguridad que trabajen mejor, que tengan mejores capacidades los ministerios públicos, las policías.
En otro lado, los sistemas de justicia están colapsados; por dar un ejemplo: en el ámbito nacional tenemos cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, la media internacional es de 16, hay entidades que tienen un juez por cada 100 mil habitantes. Somos seres humanos, tenemos problemas al momento de relacionarnos en sociedad, imagina un Estadio Azteca con 100 mil personas y un solo juez que va a impartir justicia por sí te roban el celular, te asaltan, te golpean, y quieres denunciarlo a un juez, lo que resulta imposible.
Todavía en el modelo de Estado y sociedad que nos hemos dado como seres humanos, la justicia es un monopolio exclusivo del Estado. Mientras que en la corrupción puede haber dos partes, un agente corruptor y un agente que se corrompe; en el caso de impunidad, decimos que, a diferencia de su hermanastra la corrupción, la impunidad tiene un solo padre se llama: el Estado.
Lo que se necesita es diálogo
La recomendación que hacemos de manera muy honesta y responsable es pedirle a los poderes en los Estados, a los gobernadores, a los poderes judiciales en los estados, a los Congresos, es que vean los datos duros de la situación de sus estados, porque se necesita —en algunos casos— mayor asignación de recursos porque la estructura es insuficiente para dar justicia. Pedimos a los poderes judiciales que platiquen con los gobernadores, con el Congreso, para ver en dónde están las fallas, en dónde se necesita más presencia de los poderes judiciales para administrar justicia administrativa, penal, de todos los órdenes. Por el lado de los gobernadores, que le apuesten a que haya mayor autonomía política por parte de los poderes judiciales en los estados, si no va a ser crítico y se colapsará la cadena.
Que los gobernadores sigan trabajando en profesionalizar a sus policías, a sus ministerios públicos, que aumente la capacidad y funcionamiento, por ejemplo, de oficinas de peritaje de investigación en las fiscalías. Es nuestra recomendación, que cada uno empiece a ver dónde están sus problemas en la cadena de impunidad que están perfectamente bien identificados en el índice de impunidad.
Más jueces y ¿más cuerpos policiacos?
En el tema de las policías, el índice es un modelo estadístico cronométrico. ¿Qué vemos?, si una parte del sistema tiene demasiados cuerpos de policía a lo mejor está desincentivando la denuncia o está saturando el sistema penitenciario o el sistema de procuración de justicia, o está saturando, a su vez, el sistema de justicia.
Más policías no generan más seguridad, cada estado tiene que encontrar cuál es su punto óptimo. Para encontrarlo tienen que hacer evaluaciones los órganos internos de las policías para decir: sí tenemos muchos policías y a lo mejor lo que están generando es corrupción, el que haya competencia entre ellos para extorsionar posiblemente a la población.
Deben encontrar sus puntos óptimos, puede haber en una especie de campana puntos subóptimos donde más policías sólo saturan la cárcel, y no estás invirtiendo en otro lado como puede ser el sistema de justicia o el sistema penitenciario, pero afuera hay estados donde todavía no alcanzan los niveles óptimos de ministerios públicos o de policías en la calle.
Está en la mesa de discusión la pertinencia de un mando único, ¿qué opina?
Creemos que no hay un modelo exclusivo de mando único para el país, hay realidades diferentes para Yucatán, para Naucalpan, para ciudad Neza o para la Laguna o Monterrey. Debemos avanzar en mejores niveles de coordinación, pero el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya no sirve; hemos visto cómo éste no tiene capacidad de castigar y de premiar a los cuerpos de seguridad a escala local, que verdaderamente estén funcionando. Se tienen que encontrar mecanismos más sólidos de coordinación.
No imagino grandes ciudades o grandes urbes donde conviven varios municipios o un municipio central, como puede ser Monterrey, Guadalajara, Naucalpan, Toluca o Nezahualcóyotl, que se le derogue la responsabilidad que tienen en materia de seguridad pública, de proximidad a las ciudades capitales, que están a 30, 50, 100 kilómetros de distancia y que no conocen las realidades.
Sería muy irresponsable dejarle toda la responsabilidad a los gobernadores porque eso se puede politizar fácilmente, hay ciudades como Aguascalientes que tienen un estado de fuerza superior al del gobierno estatal pero tiene una razón de ser, tienen labores de proximidad que no deben de atender el día a día las policías estatales; pero hay casos, como Morelos, donde sí se puede defender que haya un mando único, porque hemos visto cómo la delincuencia organizada ha cooptado las policías municipales.
Cada estado debe tener su propio modelo, lo debe de estudiar junto con la sociedad e incluso crear un sistema nacional o un consejo nacional de evaluación de las políticas de seguridad para que se tomen las decisiones correctas, y no querer implantar un modelo para todo el país.
Tendrán que hacer un análisis muy cuidadoso porque, como lo señalan algunos gobernadores, hay policías municipales que sí funcionan y deberá darse una eficaz certificación en materia policiaca.
Me gusta mucho el modelo alemán, pero a veces solo vemos el modelo chileno, colombiano, español, americano; pero el modelo alemán es muy interesante, es una federación al igual que México y han avanzado en mecanismos estatales para bajar la profesionalización en los municipios o en las entidades más cercanas a la población. En este sentido, a que le apuestan verdaderamente profesionalización, pero también seguridad social, prestaciones, que los policías vean en la carrera policial un futuro de vida laboral, de estabilidad y de reconocimiento para ellos, para su profesión, para su familia.
Jueces saturados de trabajo
Mientras no logremos eso, la impunidad va a seguir siendo rampante. Sí lo pasamos a los jueces es muy importante porque se encuentran saturados en materia de trabajo, se necesitan más y mejores abogados para que puedan atender las necesidades de la población y en este sentido el nuevo sistema de justicia penal sí es una solución para despresurizar el aparato de justicia y el sistema penitenciario que se encuentra abarrotado.
Un ejemplo, las cárceles estatales tienen el doble de sobrepoblación de lo que se registra internacionalmente, hay una sobrepoblación de 30 por ciento promedio a escala nacional, habrá unas cárceles que estén sobre el 100 por ciento y otras que estén en una situación mejor pero nos habla de que el sistema en general no está funcionando, o bien que lo dejamos colapsar en los últimos 50 años.
Más impunidad, más problemas y esto nos lleva a gran desconfianza de la ciudadanía, y después…
El tema de la desconfianza es terrible. El sistema de seguridad y justicia, entendido como dos manzanas que están conectadas, no está funcionando; cuando se comete un delito, la ciudadanía dice dos cosas: uno, no van a entender mi queja, ¿para qué voy?, y dos, que es una pérdida de tiempo, eso sigue creando una espiral de desconfianza sobre el gobierno y es terrible, hay que atender con mucha prontitud estos dos aparatos del Estado.
Pagamos impuestos para que el Estado nos dé seguridad y justicia, no solo carreteras o nuevos edificios. Cuando nos llega un asunto de inseguridad, de violencia o de injusticia tenemos que recurrir forzosamente al Estado y cuando el Estado no provee seguridad y justicia, surgen fenómenos como las autodefensas.
Se genera prácticamente un estado de ingobernabilidad, un posible estado de guerra interior en algunos estados, como sucedió en Michoacán o en Guerrero. En el caso de Michoacán, en 2013, el año base de estudio del índice global de impunidad no pudimos medirlo con confianza porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el propio gobierno federal dijeron que ese año, la fiscalía michoacana no reportó verdaderamente los delitos cometidos como homicidio, desaparición y tortura.