Las notas que resumo a continuación dan cuenta de que efectivamente en nuestros tiempos el periodismo se ha convertido en un oficio de alto riesgo.
En México, desafortunadamente, muchos periodistas terminan asesinados por tener ligas con el crimen organizado; pero independientemente de los nexos que un periodista pudiera tener con la delincuencia, nunca será la fórmula legal hacer justicia con mano propia.
El tema de los periodistas asesinados no ha sido prioridad legislativa. El reporte que consigno es concluyente.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, el Senado de la República tiene un rezago de mil 761 iniciativas, de las cuales la gran mayoría están concentradas en 10 de las 64 comisiones ordinarias. Por su parte, la Cámara de Diputados tiene un retraso de mil 46 iniciativas, de las cuales casi el 50% son heredadas de las legislaturas anteriores.
Desde el 19 de abril de 2015, el Senado debió haber elegido al sustituto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos. También está pendiente la designación de los magistrados electorales locales de órganos jurisdiccionales de los estados que tendrán el próximo proceso electoral.
De igual forma, la Cámara de Diputados no se quedó atrás, tiene excesivas demoras con respecto a los nombramientos, pues desde hace más de dos años que debieron haber nombrado al contralor interno del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Con respecto al tema de la transparencia, está pendiente el paquete de leyes secundarias de la Ley de Transparencia; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley de Propaganda Gubernamental, con la que se podrían fijar límites y regular el dinero que las dependencias de gobierno podrían gastar en propaganda; así como la aprobación de las leyes secundarias para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción.
En materia económica, el Senado tiene pendiente discutir y votar la iniciativa presidencial para crear las zonas económicas especiales, propuesta para impulsar la competitividad en tres puntos de la región sur: Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas (Michoacán) y el corredor Transístmico (Oaxaca-Veracruz).
Asimismo, está detenida en comisiones la Ley Reglamentaria de Disciplina Financiera para estados y municipios, para que los congresos estatales intervengan en la definición del endeudamiento de las localidades, ya que en algunos casos la deuda se ha incrementado de forma alarmante.
Del mismo modo, faltan de aprobarse las reformas en materia de pensión universal y seguro de desempleo; la que busca convertir el sistema Pensionissste en una empresa de participación estatal mayoritaria y en una Afore pública; la minuta para reformar la Ley de Asociaciones Público-Privadas y agilizar así estos proyectos de inversión; y la Ley que le daría la autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
La Ley General de Aguas se encuentra pendiente desde febrero de 2013; con ella se busca establecer un marco que regule aspectos de acceso y uso del agua que van más allá del derecho humano, y que facilita el uso del líquido para actividades económicas como las prácticas mineras y de extracción del sector energético.
El próximo 27 de mayo, vence el plazo para que se aprueben las leyes secundarias de la reforma anticorrupción, también debe elegirse, por parte del Senado, el fiscal anticorrupción que quedará adscrito a la Procuraduría General de la República; esta ultima, de aprobarse la legislación orgánica, sería transformada en la Fiscalía General de la República.
Respecto de la reforma sobre desaparición forzada, en octubre de 2013, ante llamados de organismos internacionales a que México reformara su legislación sobre desaparición forzada, el Presidente envió una propuesta de reforma al Código Penal Federal para, entre otras cosas, imponer penas de hasta 50 años de cárcel contra quien cometa este delito. La iniciativa desde entonces está en el Senado, donde no ha avanzado porque algunos legisladores y activistas creen que, más que un cambio al código penal, se requiere toda una nueva ley en la materia.
Después del caso Ayotzinapa —la desaparición de 43 estudiantes de esa Escuela Normal Rural, presuntamente a manos de policías municipales ligados a narcotraficantes—, el Presidente presentó este paquete de reformas al Congreso, argumentando que con ellas se evitarían otros crímenes de este tipo.
La iniciativa en seguridad y justicia llegó al Senado en diciembre de 2014, dos meses después del ataque contra los normalistas. En este documento, el Presidente plantea reformar la Constitución para, entre otras cosas, desaparecer las policías municipales y que éstas sean sustituidas por policías estatales de mando único. Asimismo, se propone disolver las instituciones municipales infiltradas por la delincuencia organizada.
Sin embargo, la propuesta no ha avanzado en la Cámara Alta porque divide a los senadores de oposición. Algunos temen que eliminar las policías municipales deje indefensos a los ayuntamientos. Otros creen que ésa u otras medidas atentan contra el federalismo. El PRI, en tanto, ha dicho que buscará retomar el documento y conseguir que salga adelante.
La Ley Nacional en Materia de Ejecuciones de Sanciones Penales para que se pueda echar a andar el nuevo sistema de justicia penal, ya que para su implementación general el próximo 18 de junio, se necesita la creación de nuevas figuras como los jueces de ejecución, establecer los derechos y obligaciones de los internos con libertad condicionada, fijar los parámetros de pago de reparación del daño, entre otros aspectos, incluidos en dicha legislación.