Entrevista a Guillermo Zepeda Lecuona | Profesor investigador del ITESO | Exclusiva Siempre!
Oscar Wilde decía que uno puede conocer un país por sus prisiones. Y las cárceles en México son espacios de corrupción, violencia y muerte. Un 40% de los reos no han recibido sentencia, se presumen inocentes ante la ley pero duermen en las cárceles. Si se les permitiera seguir su proceso judicial en libertad, habría un poco más de 100 mil personas menos en los reclusorios.
Hacinamiento, ingobernabilidad, insuficiencia de servicios básicos y violaciones a los derechos humanos ha provocado que, por lo menos, 22 centros penitenciarios del país se conviertan en verdaderas bombas de tiempo como el penal Venustiano Carranza, en Nayarit. Un dato preocupante es que en 5% de las prisiones se encuentra el 42% de los internos. Es decir, en una veintena de penales hay 103 mil 800 personas que están al 212% de su capacidad penitenciaria.
En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que el sistema penitenciario enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda las obligaciones constitucionales. Además se violan los derechos de los reos al realizar clasificaciones diferentes a las previstas en el artículo 18 de la Constitución, que establece criterios de edad, género, situación jurídica y régimen de vigencia.
“Favorecer la circunstancia —dice la institución humanitaria— de que los internos se encuentren en centros cercanos a su domicilio, denota que la separación entre el fuero federal y local no constituye una categoría de clasificación prevista constitucionalmente”.
Cárceles saturadas
Para Guillermo Zepeda Lecuona, profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, experto en justicia penal y seguridad ciudadana, en el sistema penitenciario estallan todas las contradicciones del sistema penal mexicano: desde la legislación hasta la mala política criminal.
“Hay que ponerle fin —dice el catedrático— al encarcelamiento de personas en tanto se resuelve su caso a través de una sentencia. Se deja en prisión a personas por delitos no violentos. La gran paradoja es que se ha duplicado el número de personas en prisión pero no nos sentimos dos veces más seguros”.
¿Cómo define el estado en que se encuentran las cárceles mexicanas?
En términos generales muy mal, desde luego hay muchos matices. Hay un aumento del hacinamiento penitenciario, autogobierno en el interior de los penales, y lo vimos en el caso de Topo Chico como uno de los hechos más sangrientos en la historia reciente del sistema carcelario mexicano.
Desde hace muchos años se ha documentado que las cárceles son espacios violatorios a los derechos humanos, domina la corrupción y la violencia, ¿por qué las autoridades no han regulado esta realidad?
En el sistema penitenciario estallan todas las contradicciones del sistema penal mexicano: desde la legislación hasta la mala política criminal. Se sigue abusando en el número de capturas en vez de concentrarse en los delitos de mayor impacto. Esto hace que el 70% de las personas en prisión preventiva estén por el delito de robo y la mitad de ellas hayan hurtado menos de 2 mil pesos sin violencia. El costo-beneficio es elocuente: en una década duplicamos el número de personas en prisión y no nos sentimos dos veces más seguros. Como país estamos al 130% de ocupación penitenciaria pero hay entidades como el Estado de México que está al 257% de su capacidad en promedio. Hay penales como el de Chalco que está al 450%. Entonces realmente el sistema penitenciario está desbordado, hay cerca de 257 mil internos en México. Hay estados que le están apostando a despresurizar la población carcelaria a través de políticas criminales y de justicia penal, pero aún así hay estados como Nayarit, Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, que siguen teniendo indicadores preocupantes.
Es lo que el penitenciarista Elías Carranza ha denominado “genocidio carcelario”, como lo ha citado usted en varios estudios…
Las cárceles están tan saturadas que los reglamentos y las políticas de reinserción social son obstaculizados por el drama del hacinamiento. Los centros penitenciarios más grandes del país están a más del 200% de su capacidad. Dos de cada tres internos en México viven hacinados. Así es imposible desarrollar actividades deportivas, culturales, educativas y laborales en óptimas condiciones y que no respetan los derechos humanos. La violencia que observamos es por el autogobierno que impera en los centros penitenciarios. Lo que hacen las autoridades es sólo administrar el caos, a veces tolerar y apoyarse en las estructuras informales de autogobiernos, que es muy lamentable. Son bombas de tiempo permanentes que ya estallaron recientemente en el penal de Topo Chico.
En ese caso, ¿cuál es la responsabilidad del actual gobierno de Nuevo León? Porque el Bronco asegura que le dejaron “una bomba de tiempo”.
Sí, tiene razón, pero en el país hay varias bombas de tiempo. El gran reto de las autoridades es mantener la paz en los centros penitenciarios, donde luchan todos los días por su vida muchas personas, en condiciones de hacinamiento. Un dato preocupante es que en el 5% de las prisiones está el 42% de los internos. Es decir, en 22 prisiones hay 103 mil 800 internos que están en promedio al 212% de su capacidad penitenciaria. La prisión de Chalco es la que tiene más sobrepoblación y así es difícil aplicar adecuadamente la reinserción social. Son 22 centros penitenciarios que son verdaderas bombas de tiempo que pueden estallar en el penal Venustiano Carranza, en Nayarit. También los centros federales tienen sobrepoblación. El sistema penitenciario está en crisis y una muestra de ello es la poca profesionalización de los custodios, porque parte del problema de Nuevo León es que no entraron a tiempo las autoridades estatales por desconfiar que fueran a exacerbar el conflicto y se ampliara la masacre.
Enfocarse al 5% de los delincuentes
Hasta ahora la reinserción social es un mito, ¿cuál debe ser el nuevo modelo penitenciario?
Es fundamental cambiar el peso de la privación de la libertad. Hay estados como Baja California que han apostado por despresurizar su población penitenciaria a través de fortalecer la justicia alternativa, con lo cual ha logrado pasar del tercer lugar al 18. Tiene 103% de ocupación penitenciaria, que llegó a tener 180%, es un ejemplo exitosos. Hay estados como Durango que tienen el 74% de prisión preventiva: 3 de 4 internos se presume inocente ante la Constitución, pero en la práctica duermen en la cárcel. Por este tipo de políticas 105 mil personas están en prisión preventiva (40% del total de los internos). Unas 30 mil tendrían que estar en prisión preventiva ya sea por la gravedad del delito, por el riesgo de fuga o por interferir en la investigación; los otros 75 mil podrían estar perfectamente en libertad y recibir una sanción mínima. Incluso en la reforma penal están mecanismos como la suspensión del procedimiento de prueba que evita que la persona quede con antecedentes penales. Además queda libre del estigma social de ser exconvicto.
¿A quiénes se está encarcelando?
Las autoridades deberían focalizarse en el 5% de los delincuentes que según los criminólogos son los responsables del 60% de los delitos de alto impacto como secuestro, trata de personas, extorsión telefónica, homicidio doloso, robo a cuentahabiente y violación. No estamos acertando en mandar a prisión a los responsables de los delitos de alto impacto, sino que estamos ensañándonos con los que tienen posesión de drogas, con los pequeños robos y con eso el sistema penitenciario está desperdiciando hasta el 70% de los recursos. En el caso de Tamaulipas pensamos en autos incendiados, en extorsiones, secuestros, pero cuando analizamos las sentencias observamos que el 83% son por delitos de menos de 3 años. Es decir, la demanda de seguridad y justicia es por ingobernabilidad y por delitos de alto impacto desbordados, pero sólo se sancionan delitos de tránsito, robos sin violencia y en eso está retenido el sistema de justicia penal, sin atender realmente los delitos que le han robado la tranquilidad a la gente.
Entonces, el origen del problema está en el sistema de justicia, porque el 40% de los reos no han recibido sentencia…
Así es y a nivel federal es del 52%. En la prisión estallan todas las contradicciones que se originan en el poder legislativo: aumentar penas, agravar los delitos. Si una persona tiene una dosis mínima de enervantes es sometida a prisión preventiva, porque se le acusa de posesión con fines de venta, jamás van a comprobar que es narcomenudista, a menos que lo hagan confesar. Estará sujeto a una prisión preventiva de más de un año y al final lo sentenciarán a 8 meses de prisión. En el sexenio de la guerra antinarco, en 2006, había 4 mil condenas en materia de narcóticos de menos de un año de prisión; en 2013 hubo 14 mil. Mientras que en delitos de alto impacto —la sanción es de más de 7 años de prisión por tráfico, producción y comercialización a gran escala de drogas— pasó de 3 mil 900 a 4 mil 200 condenas. La guerra está concentrada en los consumidores, criminalizándolos, y aumentó 208%, se triplicó el castigo de sanciones mínimas. Mientras que las sanciones a delitos de alto impacto apenas creció un 17%. Esto ilustra que para el ministerio público es más fácil consignar a alguien por robo simple que desarticular una banda de secuestradores o por extorsión.
No hacen falta más presidios
¿Cómo quitarle el control de las cárceles a los grupos del crimen organizado?
Ayudaría mucho descongestionar el sistema penitenciario con las medidas que hemos mencionado y que estén en prisión los que verdaderamente son delincuentes, hacer valer los reglamentos internos con una población adecuada, porque hay personas call center que se dedican a extorsionar, autores intelectuales de delitos que se cometen afuera. Es fundamental saber qué hacemos con la mitad de los presos. No le pasará nada a la seguridad si prescindimos de ellos en las prisiones, porque son personas de nula peligrosidad, tendríamos un mayor control de las cárceles. En México por cada custodio hay 13 internos, pero si a eso le sumamos turnos, incapacidades, licencias, vacaciones, en promedio hay 35 internos por custodio. En algunos penales, como el de Hermosillo, existe la videovigilancia o las celdas se cierran electrónicamente, para compensar la falta de custodios. También hay que trabajar el tema de las prelibertades.
¿La Ley Nacional de Ejecución Penal terminaría con la actual crisis institucional?
Sería un gran apoyo, y hay que ver cómo acompañarla en estados que ya tienen un nuevo modelo acusatorio como Oaxaca y Jalisco. Se debe capacitar permanentemente a los jueces, porque aún no tienen la pericia para determinar si una persona tiene cierto modo de reinserción a fin de ser reincorporado a la sociedad. La ley es fundamental pero sobre todo la capacitación de los jueces para que sepan aplicar de manera responsable ciertos beneficios a los presos. Pero apostaría más bien por cambiar la política criminal, no fomentar la prisión preventiva como lo señalan los principios internacionales de que debe ser excepcional, y lamentablemente en México la mitad de las personas que están sometidas a un proceso penal, se quedan en prisión preventiva y esto es terrible. Es buena señal que haya una presurización por los jueces de agilizar las sentencias, pero lo mejor sería tener una política criminal más prudente. Todas las agravantes que el ministerio público sistemáticamente proporciona se caen durante el proceso y acaban siendo sanciones ridículas.
¿La solución sería cerrar cárceles y construir nuevas? ¿Privatizar las prisiones?
No hacen falta más cárceles. Está probado en Estados Unidos o en Chile que son más caras para el erario. El Estado puede dejar la administración pero tiene que dar cierto monto a los particulares para la manutención de los internos. Sería lamentable pensar que por la corrupción y la falta de profesionalización de los custodios y personal carcelario se tengan que privatizar las cárceles, y así tener una mejor calidad de servicio. Lo fundamental es lo que está haciendo Baja California: a través de las medidas cautelares redujeron la prisión preventiva de 46% a 30%. Algunas entidades están a la vanguardia al dosificar el tema de la prisión preventiva y concentrarse en los delitos de alto impacto. Hay que dejar a un lado la pirotecnia legislativa y evitar encarcelar a personas como evidencia de éxito, cuando la percepción de inseguridad y la incidencia de delitos de alto impacto se mantiene intacta.