Constituyente para la Ciudad de México
El Constituyente Permanente —mayoría calificada de los individuos presentes en el Congreso de la Unión y mayoría de las legislaturas locales— aprobó las reformas constitucionales que dan pie a una “manoseada y desaseada” reforma política del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
Se han expresado opiniones de la clase política elogiando esta reforma, incluso el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que era parte del Pacto por México, no obstante, el proceso reformista ha estado plagado de inconsistencias constitucionales, y al final del camino no logró la erección del estado 32; simplemente se consolidó un híbrido constitucional que le da mayor autonomía a la Ciudad de México, pero deja mucho que desear en la construcción de su Constitución y en el beneficio a los habitantes de la metropolí más grande del mundo.
La integración del Constituyente por sí misma es absolutamente inconstitucional, pues permite que el presidente de la república y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México —titulares del poder ejecutivo federal y local— nombren a 12 de los integrantes del Constituyente sin ninguna explicación teórica constitucional; asimismo, faculta a las cámaras de Diputados y de Senadores para nombrar también como diputados constituyentes a legisladores de estas, ejerciendo dos cargos al mismo tiempo, lo cual es incorrecto constitucionalmente; los 60 constituyentes restantes serán nombrados, no por elección directa, sino por una sola circunscripción plurinominal, cuya convocatoria formulada por el INE, obstaculiza las candidaturas independientes, imponiéndoles requisitos inconstitucionales, tales como la obligación de ser apoyadas por una asociación civil y que registren sus cuentas ante el SAT, favoreciendo con ello a los partidos políticos.
Este desaseo, en el que sólo surgen vanidades y ambiciones mezquinas de muchos, dejará igual los servicios públicos tales como agua potable, seguridad, vialidad, transporte, como siempre, cambiando todo para dejarlo todo igual, como lo afirmamos anteriormente “gatopardismo constitucional”.
No se integrarán municipios, sino demarcaciones territoriales con alcaldes y cabildos a semejanza de los municipios, pero eludiendo abiertamente las facultades que otorga a estos últimos el artículo 115 constitucional, es decir, la recaudación fiscal, particularmente la del predial, seguirá en el poder central, y la policía seguirá siendo de mando único. Por estas razones, no se consolidó un proyecto que le dé a la Ciudad de México un carácter de estado.
El Constituyente de marras tendrá por objeto crear una Constitución particular, parecida o igual a las 31 constituciones de los estados, que la propia Carta Magna denomina como libres y soberanos, es decir, no podrá ir más allá del marco constitucional.
Por otra parte, el Congreso local sí formará parte del Constituyente Permanente y los nombramientos del procurador de justicia de la Ciudad de México y del secretario de seguridad pública ya no dependerán de la ratificación del Ejecutivo federal.
En esta negociación de partidos se dejó todo en manos del jefe de Gobierno del Distrito Federal la facultad de presentar una iniciativa de Constitución local, para lo cual, ya nombró a 28 notables –que muchos de ellos serán constituyentes— para presentar un proyecto. No se dio esta facultad de iniciativa ni al jefe del Ejecutivo federal ni al Senado de la Republica, que en todo caso es el garante de la equidad federal.
Contra toda técnica constitucional, a la par del Poder Constituyente —creador de la Constitución—, seguirán vigentes los poderes constituidos, lo que es una aberración jurídica; lo correcto hubiera sido que una vez votada la Constitución de la Ciudad de México, se debieran realizar elecciones para el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para el nuevo Congreso local —que deberá iniciar como legislatura I— y para los alcaldes de las demarcaciones territoriales, que tendrán un cabildo integrado por representantes de distintos partidos con jugosos sueldos.
Todo es el resultado de negociaciones en lo oscurito, donde no se consideró a la opinión popular y sólo se trató de componendas que, al final, sólo benefician al jefe de Gobierno y a su probable candidatura presidencial.
En suma, mucho ruido y pocas nueces, muchos nombres de notables y muchas ambiciones hacia la sucesión presidencial; un revoltijo, que a la luz de los juristas serios, es una verdadera vergüenza.
El autor es profesor de garantías y de derecho constitucional en la UNAM.