La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León informó que cuatro ex funcionarios del penal de Topo Chico, detenidos luego del enfrentamiento entre grupos de zetas por el control de la prisión— entre ellos la ex directora el penal, Gregoria Salazar y el ex comisario en Jefe de la Agencia Estatal de Administración Penitenciaria Jesús Fernando Domínguez,— fueron procesados este viernes por su presunta responsabilidad en los hechos en donde murieron 49 reos.

Los funcionarios carcelarios— entre quienes también se encuentra Arturo Bernal, ex subdirector del penal— son imputados por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad por lo que se les impuso prisión preventiva como medida cautelar e incluso se les internó en celdas cuya ubicación no se dio a conocer por razones de seguridad. Además se fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación que tiene hasta el 20 de junio como plazo.

Sin embargo, el ex comisario penitenciario en la audiencia realizada este jueves con el juez de vinculación que lleva su proceso, informó que al momento de la masacre había 38 celadores de turno, en un penal donde cohabitan cerca de 4 mil presos.

Recalcó que no había suficiente personal para frenar la masacre y como prueba presentó informes de 2012 y hasta 2014, donde se advertía de la falta de custodios y la sobrepoblación de reos. La información fue presentada a sus superiores en ese entonces el gobernador Rodrigo Medina y al hoy procurador del estado, que en esa época era miembro del equipo de transición del hoy gobernador Jaime Rodríguez
Explicó que aunque los custodios deberían ser 62 sólo había en el lugar 38, ya que varios estaban de vacaciones o enfermos. Domínguez especificó que la noche del 10 de febrero en la sala C2 y C3 solo había 6 celadores. Un penal donde era vida cotidiana el tráfico de drogas, sobrepoblación, violencia y que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos habría reprobado por su vulnerabilidad.

De acuerdo a las normas oficiales internacionales deben existir mínimo un celador por cada 4 reos y máximo un custodio por cada 10 reclusos, según informó el patronato de la institución jurídica Renace.

Por otra parte se informó que a partir del primero de marzo, la policía militar se sumará a las tareas de patrullaje y vigilancia en la entidad luego de la firma de un convenio con la secretaría de la Defensa Nacional.