Fraudes de “bolsillo” CDMX
Las comunidades estéticas nunca tejen
responsabilidades ni compromisos.
Zygmunt Bauman
Acusada de favorecer a empresas patrocinadoras de algunos de sus proyectos, la maestra Dhyanna Quintanar, titular de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México, fue destituida el pasado 25 de febrero por el jefe de Gobierno, el Dr. Miguel Ángel Mancera, tras la denuncia publicada en un importante medio de comunicación impreso.
Calificada como paradigma del “progresismo” enarbolado por el actual gobierno capitalino, la política impulsada por la funcionaria no siempre fue bien recibida por la comunidad vecinal, para cuyos integrantes los desplantes urbanos de la responsable no siempre respondieron a las necesidades colectivas de la recuperación social del espacio público, sino más bien a los intereses económicos y las aspiraciones estéticas y “vanguardistas” de la promotora y sus patrocinadores.
Baste constatar las reacciones encontradas que generaron sus proyectos urbanos en emblemáticas plazas como la de la Villa de Madrid (La Cibeles), la reducción de carriles en la avenida 20 de noviembre, sus impuestos “parques de bolsillo”, la polémica desatada por la remodelación del Jardín Pushkin, en la colonia Roma, o por su concepción del “parque lineal” de la Calzada de la Viga, en la cual ignoró la ilustrada opinión de los vecinos de la histórica población de San Francisco Tultenco, descendientes directos de los pobladores originarios del canal chinampero.
Pero si estéticamente las decisiones de la funcionaria no contaron con la simpatía generalizada, lo que sí unió en su contra a la sociedad fue la reciente publicación de las conversaciones sostenidas entre ella y sus colaboradores, para maquinar una ilegalidad en agravio al inversionista al que se le tuvo que anular la concesión del Corredor Cultural Chapultepec tras el adverso resultado obtenido en la consulta ciudadana, que obligó a recapitular al gobierno de la capital el pasado 6 de diciembre.
Según se desprende de los audios transcritos, la destituida funcionaria orquestó una suerte de “fraude de bolsillo”, consistente en ampliar una autorización destinándola a una organización civil —presuntamente dedicada a promover una cultura verde a favor de la ciudad—, para que ésta cobrara como $700 mil pesos a la promotora de las obras del fallido Corredor en compensación por la supuesta afectación generada a la escultura ambiental colocada en Chapultepec y Sevilla.
A pesar de la gravedad de este artero hecho, y sólo ante la determinación de los partidos de oposición para exigir explicaciones en comparecencia a la funcionaria responsable de la Autoridad del Espacio Público, el Dr. Mancera la relevó de su cargo, expresando con esa determinación, más que un acto de gobierno y transparencia, una acción estética tan en boga para estas comunidades a las que tanto favorece una política que, parafraseando a Bauman, “nunca tejen responsabilidades ni compromisos”.
