¿Ambiciosa o sólo para salir del paso?
La historia de México se puede resumir como la lucha por construir un Estado sólido y funcional, arena de una permanente batalla entre el interés público contra los abusos, los excesos y los privilegios. El mayor lastre de nuestro país ha sido que unos pocos se han apropiado de los recursos de todos, mediante la depredación, expoliación y el abuso. La corrupción se ha vuelto una sombra permanente detrás de cada servidor público.
La ineficacia, opacidad y deshonestidad lacera y perjudica los intereses de la sociedad en su conjunto y abre la puerta a la corrupción que es un cáncer que corroe la credibilidad ciudadana en las instituciones, así como debilita la ejecución de las obras y acciones prioritarias que necesita nuestro país.
La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción aprobada en 2015 representa el avance más importante en la materia en toda la historia de México, pero será hueca si las leyes secundarias no están a la altura. Esta semana el grupo parlamentario del PRD presentó, ante el Pleno del Senado de la República, su propuesta que no consiste sólo en instrumentos legales, sino que también ofrece la ruta para tener una respuesta adecuada y proporcional al mal de la corrupción.
Este paquete de medidas que abandera el PRD busca potenciar la fuerza del Estado a través del incremento de su credibilidad y legitimidad, con la visión de anteponer la racionalidad de la ley frente a la fuerza bruta de los intereses fácticos. Si bien no es la más ambiciosa, sí la necesaria, pertinente, posible y armónica con la Constitución y las convenciones internacionales aplicables.
Se busca sancionar y no ser omiso sobre los prevaricadores, aquéllos que con una mano cobran al Estado como servidores públicos y con la otra lo demandan y buscan su merma pecuniaria; también está la de quienes llevan a cabo la gestión indebida de activos nacionales para obtener de ello beneficio económico o político, como es el caso de los llamados “moches”. Situación de vergüenza, que ha ocupado la agenda pública, y atañe a las conductas que solicitan, a cambio de gestionar la obtención de un recurso, un porcentaje del mismo.
Las leyes secundarias anticorrupción no tendrán efecto si no toca a los propios traficantes de influencias, aquéllos que como los mercaderes en el templo usan la ley y su posición de poder para enriquecerse. En muchos casos, se podría mencionar a abogados, despachos encumbrados y de elite que han hecho nombre y fortuna a costa del dinero de todos, para beneficios de unos pocos.
En este proceso, las diferentes fuerzas políticas darán a conocer a la ciudadanía cómo hacer frente al cáncer de la corrupción, que hoy pone en tela de juicio la fortaleza de las instituciones que desde hace años se crearon para este fin y que se han convertido en instrumentos para alimentar al mismo sistema.
¿Cómo hacer frente a este flagelo?
- a) Combatir la corrupción política a través de la fiscalización obligatoria a sindicatos y partido políticos.
- b) Equiparar los actos de corrupción a delincuencia organizada.
- c) Garantizar un tribunal independiente que no limite la reforma constitucional.
- d) Educar, tomar conciencia, prevenir y sancionar.
- e) Considerar la opinión ciudadana y la de las organizaciones civiles.
La gran tentación será limitar lo avanzado en las normas constitucionales y aprobar una reforma chiquita, limitada y a modo, que favorezca al poder y no al interés público. El dilema de fondo es si se hará una reforma ambiciosa pero aplicable o una reforma sólo para salir del paso.
No aprobar una ley que resguarde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y le otorgue la potencia y viabilidad, sería renunciar a cualquier sentido de progreso.
@LuisHFernandez
Senador de la república.