Lacera y alarma la confirmación de que los cinco jóvenes desaparecidos a principios de enero del presente año en Tierra Blanca, Veracruz, murieron a manos de la policía estatal. Es inentendible qué lleva a los vigilantes de la seguridad pública a detener a estos jóvenes y llevarlos, tras una lenta y tortuosa agonía, al fatal desenlace.
Mario Arturo Orozco Sánchez, Bernardo Benítez Arroniz, Alfredo González Díaz, José Benítez de la O y Susana Tapia Gribo, originarios todos de Playa Vicente, fueron detenidos por elementos policiacos del Estado cuando viajaban por una carretera en Tierra Blanca.
De ahí, fueron trasladados a distintos lugares. Inicialmente, la versión que corrió es que habían sido entregados al Cártel Jalisco Nueva Generación; hubo varios detenidos y muchos más declarados, pero la investigación cayó en un bache hasta la detención del octavo policía.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, confirmó que con la detención y declaración de ese octavo policía de nombre Rubén Pérez Andrade, quien ya había sido llamado a declarar al inicio de la investigación pero fue hasta ahora que se le vinculó directamente, es que se ha podido confirmar el deceso de los cinco jóvenes.
La versión de Pérez Andrade vincula la investigación con información técnica, videos, huellas y referencias de los teléfonos, y además permite corroborar lo que hasta ahora se ha dicho, y es que los primeros policías detenidos se habían negado a relatar los hechos.
Campa Cifrián ha relatado que Rubén Pérez Andrade estuvo presente en la detención de los muchachos; en el traslado de los jóvenes, primero a un segundo punto para alejarse de las cámaras de videovigilancia, después a un tercer punto donde hacen un primer interrogatorio y finalmente, al rancho El Limón, donde vuelven a interrogarlos y donde son asesinados.
El octavo policía detenido fue testigo de cómo los privan de la vida, y fue testigo también en el inicio del proceso de desaparición de los cuerpos.
La confirmación de los hechos ha sido notificada a los familiares de los jóvenes, que ahora viven la pesadilla de conocer cómo y cuándo murieron sus hijos. Ha sido tan duro que algunos han preferido ignorar todos los detalles.
A las familias las están acompañando y apoyando psicólogos de la Comisión de Atención a Víctimas, de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía, en el afán de brindarles cualquier respaldo y atención que pudieran ocupar.
Ahora, la fiscalía enfrenta el problema de localizar los cuerpos. La búsqueda sigue a pesar de que han ido apareciendo en el dichoso rancho El Limón restos humanos que no han podido ser identificados. Ha trascendido también que faltan detenciones por hacer, ya que hay otros servidores públicos involucrados. Playa Vicente está de luto y exige justicia.