La construcción del Estado mexicano y de sus instituciones ha sido el resultado de innumerables esfuerzos para adecuarlo a las nuevas realidades nacionales y a las coyunturas internacionales, que han vivido y que viven todos los países en un mundo cambiante y dinámico.
Desde el ámbito de la admiración pública, los gobiernos experimentan constantes retos, que tienen en su origen: sus obligaciones constitucionales, las crecientes demandas sociales y la implementación de innovaciones científicas y tecnológicas para eficientar las tareas y responsabilidades propias de los Estados.
En este devenir evolutivo, algunos países han sido pioneros en reformar y restructurar sus sistemas administrativos para lograr un funcionamiento armónico que se traduzca, a la postre, en bienestar y desarrollo para sus ciudadanos.
Sin hacer retórica y apología de los hechos, México ha tenido importantes épocas donde se construyeron la mayoría de nuestras instituciones, pero también ha tenido periodos de estancamiento y retrocesos que hoy nos ponen en desventaja frente a una carrera de naciones, que han evolucionado a pasos agigantados y que marcan la pauta de la economía internacional.
Este hecho nos ha llevado a emprender un cambio estructural, que por distintos frentes, trata de contener y redireccionar el sentido de nuestra administración pública.
Durante los últimos tres años hemos escuchado una serie de reformas y cambios, que dada la celeridad con que se han aprobado generan suspicacias, sospechosismos e incredulidad; sin embargo, para los que hacemos política y sabemos de las necesidades y debilidades que hoy tiene el Estado, estamos convencidos que la nueva base jurídica dará certeza a la realidad mexicana. Es una reingeniería institucional y administrativa con enfoques y principios de transparencia y rendición de cuentas, legalidad, eficacia, austeridad, entre muchos otros.
Como parte de estos cambios, la nueva ley en materia de disciplina financiera de estados y municipios, atiende un fenómeno creciente de endeudamiento y tiene como objetivo primordial, asegurar una gestión responsable y equilibrada de las finanzas públicas de estos niveles de gobierno.
Debemos reconocer que los municipios, como la célula básica de nuestro sistema federal, viven situaciones heterogéneas y contrastantes que necesitan una redefinición de sus funciones para hacerlas más eficientes a las exigencias y demandas sociales.
El techo de endeudamiento; la creación del Registro de Deuda Pública; la obligación de contratar deuda con instituciones financieras que ofrezcan mejores condiciones en el mercado; garantizar el pago sin comprometer las participaciones de los municipios; poner límite al crecimiento del gasto en servicios personales, son algunas medidas que sin duda mejorarán el proceso de planeación, programación y presupuesto.
Si bien este ordenamiento se concatena con otras nuevas disposiciones en materia de coordinación fiscal, de Deuda Pública, de contabilidad gubernamental, de transparencia y rendición de cuentas, tratamientos fiscales, anticorrupción, entre otras, el gran reto que tenemos los administradores públicos y funcionarios, es generar una nueva cultura de la legalidad y administrativa, para que desde nuestra burocracia y órganos directivos en general, entendamos la importancia y la necesidad de cambiar de raíz la concepción de la administración pública y enrolarnos en la lista de países eficientes y transparentes.
*INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
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