México es un país reprobado en transparencia de acuerdo al organismo Transparencia Mexicana. El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 reflejó que la nación azteca tiene una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger por corrupción. También se ubicó en la última posición (34 de 34) entre los países que integran la OCDE.
A escasos tres días de que venza el plazo (la fecha fatal es el 17 de marzo), hasta este lunes por la mañana, la iniciativa 3de3 registraba 111 mil 34 firmas de las 120 mil que se ocupan a nivel nacional para que el Congreso de la Unión reciba la iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que sea una obligación de los servidores públicos, el hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
De ahí que la invitación a los ciudadanos para que firmen por esta iniciativa y finalmente se convierta en una norma obligatoria para alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y el presidente de la República, se haya fortalecido en la última semana.
Seguramente que los 111 mil 34 firmas ya fueron rebasados y apenas se está contabilizando todo, ya que, a diferencia de las convocatorias o redes sociales donde con un “like” se puede expresar el apoyo, esta vez el proceso de recolección de firmas es diferente: cada aval registrado deberá ser entregado de manera física, previo llenado de formato.
Ello es debido a que el Instituto Nacional Electoral deberá validará las firmas de respaldo que se reciban, las cuales, por tanto, requieren ser físicas y venir en tinta en un formato establecido, por ello.
La iniciativa en cuestión busca canalizar el hartazgo y frustración por la corrupción que vive el país, además, los ciudadanos serán el factor primordial para exigir a través de su firma, reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos.
Los impulsores de la propuesta, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, han catalogado los 10 tipos de corrupción en México: soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, y uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo.
Reza uno de las razones que dan sustento a la propuesta que los mexicanos están hartos de la corrupción; pero “pedirle a los políticos que resuelvan el problema, es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. La solución tiene que venir de los ciudadanos”.
En la Iniciativa Ciudadana de Ley 3de3, se establece como ya se dijo, la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Además, define reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos.
En el documento se resaltan quince puntos enmarcados en cinco enunciados de conductas ideales, que vale la pena consignar: