Entrevista a Luis Humberto Fernández | Senador del PRD | Exclusiva Siempre!

 

  Esta ley tiene que salir con la más amplia legitimidad de todos los actores políticos.

 

Para lograr las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción existen muchos temas donde hay diferencias entre las fracciones parlamentarias representadas en el Senado de la República, pero “la diferencia de fondo es qué interpretación le das a la Constitución, si una interpretación restrictiva, esto es ir a lo menos que se puede de lo que te permite nuestra Carta Magna; o ir a una interpretación progresista, una interpretación que permita, sobre la base de la lectura de la Constitución, limitar más el poder y darle más poder a los ciudadanos. Ese es el eje de las cosas”, afirma Luis Humberto Fernández Fuentes, senador por el PRD.

A partir de estas diferencias conceptuales, “se derivan muchas cosas: Uno: qué tanto debe de tener el poder del combate a la corrupción el gobierno, el gobierno no es bueno para combatir la corrupción, no lo ha hecho y no tenemos elementos para que lo vaya a hacer. Dos: derivado de esto, cuál es el papel que deben tener los ciudadanos y el margen de independencia de las instituciones que tienen que combatir a la corrupción. Tres: cuál es la amplitud que debe tener el sistema, cuáles son los sujetos obligados y cuáles no”.

El PRD —apunta— cree que el Estado mexicano no puede tener islas de oscuridad en la cuales reciban dinero del Estado con una mano y con la otra digan que no pueden acreditarlo. Nuestra postura es que todo aquél que reciba un peso del Estado mexicano está obligado a rendir cuentas de él.

Por último, ya son las definiciones de procedimiento que parecen menores, pero “un procedimiento que no permita una fiscalización eficaz se vuelve absurdo, entonces se debe dar más potencia a la supervisión en tiempo real, esto es, no esperar a que acabe el año, si no, estaremos como aquel caso del niño ahogado, ya que se cometió el daño, ya que se robaron el dinero, para qué hacerlo, por eso nuestra aproximación es más ancha, nosotros partimos de tres principios: uno: de educar, educar a los ciudadanos, educar a los gobernantes, educar a los legisladores; dos: prevenir, y tres: sancionar.

El senador Fernández Fuentes considera que ése “es el espectro que se debe hacer, y aquí de lo que se está hablando es si se tendrá una reforma instrumental en materia anticorrupción, esto es cambiar nada más los instrumentos o si se adaptará de verdad el Estado mexicano para combatir la corrupción. Estas cuatro leyes: del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos y de participación en hechos de corrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa y la nueva ley o reforma a la ley del Sistema Nacional de Fiscalización que fortalece a la Auditoria Superior de la Federación; son el inicio pero también implica cambiar muchísimas leyes más que van desde el código penal, auditorias en los estados, tiene que ver con muchísimas normas que se tienen que ir cambiando”.

Arranque del andamiaje legal

“Lo que quiero decir es que, en este proceso debe iniciar una adaptación del Estado mexicano al combate a la corrupción y no se puede ver cómo sacar cuatro leyes nada más, sería una visión de muy poco alcance y de muy corto plazo.”

El pasado el pasado 15 de marzo, en conferencia de prensa, los senadores del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, encabezados por su coordinador Miguel Barbosa, fijaron su posición respecto al avance, al comienzo de la discusión sobre los dictámenes, sobre el arranque del proceso legislativo del andamiaje legal del Sistema Anticorrupción.

Barbosa comentó que hace dos semanas el senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, distribuyó un documento al que llamó Primer documento de trabajo con rumbo a un dictamen.

Documento que criticaron los perredistas al asegurar que es un documento que sólo se refiere a la propuesta legislativa que presentó el propio Escudero a nombre de su Grupo Parlamentario del Partido Verde y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Además de que afirmó que el documento fue elaborado desde el gobierno federal. “Es la propuesta del gobierno federal sobre el andamiaje legal del Sistema Anticorrupción.”

De acuerdo con un análisis que realizó la bancada del PRD sobre el documento, los legisladores encontraron que en “la propuesta del gobierno federal —así la llama el coordinador Miguel Barbosa— encontraron, sí, el achicamiento de los propósitos y los alcances que están contenidos en la reforma constitucional”… Pero sobre todo “elimina lo que para nosotros es irreductible, que son las faltas administrativas de los legisladores en el asunto de los moches, las faltas administrativas en la representación de intereses de litigios, es decir, quienes litigan desde el cargo público, e incluso litigan en contra de los intereses del Estado”.

En este contexto, el senador Luis Humberto Fernández, quien también es miembro de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, reafirma a Siempre! que efectivamente “hay un documento de trabajo, no un predictamen, no viene anunciado así, pero este documento tiene como base su propuesta; nuestro punto es que no podemos iniciar el proceso de negociación donde se excluyan las propuestas del PRD, las del PAN, y también sería inadecuado no considerar las propuestas de la sociedad civil organizada. El punto es muy sencillo, empecemos a negociar a partir de un documento que reconozca que existen esas diferencias y que reconozca que hay otras propuestas, y a partir de esto integrarlo y empezar a ver ya de manera muy concreta en qué coincidimos y en qué no”.

Se ha avanzado

No obstante, explica a Siempre! que primero que nada hay que tener en cuenta que en México el diseño del Estado mexicano no estaba delineado para combatir la corrupción. El año pasado se hicieron las reformas constitucionales que son el avance más importante en el combate a la corrupción, por lo menos de la vida independiente de México, reforma constitucional que obliga a adaptar el Estado mexicano a esta nueva norma constitucional.

Como señalé, hay cuatro leyes que se están viendo ahorita que son: responsabilidad de los servidores públicos; la propia de anticorrupción; la de fiscalización; y la del tribunal administrativo. Ahorita estamos iniciando los trabajos, ya están presentadas las reformas del PRI, del Verde Ecologista, del gobierno federal, la del PAN y la del PRD, por lo tanto se está en la etapa en la cual estamos revisando en qué coincidimos y cuáles son nuestras diferencias fundamentales, ya comenzaron propiamente los primeros intercambios de documentos, en eso vamos avanzando con solidez.

El pasado primero de marzo el PRD presentó su iniciativa de ley para el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se destaca el establecimiento de sanciones a los moches, el protagonismo de la ciudadanía en el combate a la corrupción y un nuevo modelo de fiscalización.

Sin embargo, temas como “la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos en el cobro ilegal de comisiones por tramitar partidas presupuestales, los llamados moches y el conflicto de intereses en que incurren legisladores que al mismo tiempo litigan asuntos particulares, muchas veces contra el Estado”, que son de gran importancia para el PRD, quedan fuera del documento presentado por el presidente de la Comisión Anticorrupción.

Sobre lo que expresa el legislador perredista, que ése es el tema de fondo, “mencionar, definir algo por su nombre no significa resolver nada; si esto no tiene sanción y no tiene un vehículo efectivo para sancionar estamos en un tema de puro rollo, estamos en un tema discursivo; la propuesta del PRD es una propuesta más amplia y con mayores limitaciones al poder, y sí, la propuesta que presenta el gobierno a través del Partido Verde y del PRI es lógico que el gobierno busque menos límites y menos control, el tema es: ¿qué es lo que más le conviene al país en el largo plazo? Yo no haría un juicio severo ni descalificación, ellos traen su juego, su juego es hacer una reforma que les dé un mayor margen de operación, una reforma que les permita menos controles y nosotros estamos en que se abra y en que sea una reforma con más límites”.

La gran corrupción es política

Porque el tema de fondo es “la corrupción política, no podemos caer en la trampa de pensar que atacando la corrupción administrativa se resuelva; es muy importante atacar ésta, pero la gran corrupción es la corrupción política. A qué me refiero con esto: a un ciclo que es terrible para el país, un círculo vicioso que es demoledor, que es, entra mucho dinero en las elecciones, muchísimo, una cantidad brutal de dinero. Este dinero ,en las elecciones, quien lo mete compra algo, no lo mete como un acto de patriotismo ni de civismo; lo meten los que invierten, en ese caso es para obtener un beneficio, entonces esta gran cantidad de dinero en elecciones que manipulan y que tiene todo lo que tú conoces se convierte en compromisos de gobierno; estos compromisos de gobierno se convierten en contratos, licitaciones, concesiones, privilegios, todo lo que conoces”.

“Esto se convierte en dinero nuevamente, y dinero que va para la autoridad, para el empresario y también mucho de este dinero regresa al ciclo de la política; si nosotros no rompemos ese círculo vicioso, entonces no le estamos entrando al tema de fondo. ¿Cómo le tenemos que entrar? Uno, no atacando a individuos corruptos sino a redes de corrupción, ya se dio un avance muy importante en este sentido, se dictaminó en la Comisión de Justicia una iniciativa de tu servidor en la cual buscaba homologar los delitos de corrupción a crimen organizado; no se logró el 100%, pero sí se logró que se incluyera como asociación delictuosa, entonces ése es el tema de fondo, de lo que tenemos que abordar”.

En ese mismo tenor aborda el tema de la Fiscalía Especial Anticorrupción: “aquí el tema es un dilema muy sencillo, puede funcionar una fiscalía especial que su titular tenga como jefe al presidente; yo creo que no, por eso, o lo hacemos independiente o no funcionará. Ése es el tema y es muy sencillo: ¿qué es lo que más le conviene al país? Un fiscal independiente, sí o no, ya no podemos andar con argumentos leguleyos ni evasivos. Nadie en su sano juicio cree que un fiscal dependiente de la burocracia pueda hacer algo; mira lo que le paso al pobre hombre del fiscal en asuntos electorales, ése es un buen tema: cómo un hombre que llega a hacer su trabajo, algo que era muy claro, y de repente la burocracia y el sistema y todo lo desapareció. ¿Queremos eso para un fiscal anticorrupción? No, queremos una fiscalía que tenga credibilidad, solvencia moral, autonomía financiera y de operación y que no dependa su estabilidad en el cargo de la voluntad de un tercero”.

“No estamos atorados”

A pesar de este escenario, el perredista rechaza que los senadores se encuentren atorados en la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción, “no diría que estamos atorados en esto, estamos atorados en un tema de método, en un tema de cómo organizamos la discusión y de cómo debemos entrarle a los temas de fondo. Aquí hay que señalarlo, esto va cambiando muy rápido, pero de ninguna forma diría que las negociaciones están atoradas o empantanadas, estamos en movimiento, estamos viendo cómo es la forma más eficiente de ponernos de acuerdo, hay gran apertura, hay que reconocerlo, para platicar las cosas, y estoy seguro de que lograremos un acuerdo conveniente en su oportunidad”.

Por eso, confía en que las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción estén listas antes del 30 de abril, día en que concluye el periodo ordinario de sesiones en la Cámara alta, “no veo ninguna objeción de fondo para no sacar las leyes reglamentarias. Ya redactamos en la fracción del PRD cuatro leyes que son muy consistentes en términos técnicos, en términos jurídicos, las hemos revisado muy bien, creemos que pueden tener siempre sus espacios de mejora, pero si ya hicimos lo más difícil, que era redactar nuestra propia ley, y ya la comparamos con las demás, pues ya lo demás es un proceso de entendimiento y tratar de acercar posiciones sobre lo que sea más conveniente”.

Ahorita “estamos estudiando mucho, estamos trabajando mucho; lo que sigue es dialogar, dialogar, dialogar, y llegar a un acuerdo, no hay otra forma, la verdad es que todos estamos en el interés de sacarlo. Hay diferentes posiciones, pero al final del día nadie está apostándole a algo que no abone al beneficio del país; sería terrible en un tema tan delicado, pero además aquí hay un tema, en este tema en específico de anticorrupción: nadie se puede jugar su credibilidad, hacer una cosa fuera de lugar, porque fallar en la ley anticorrupción sería un absurdo de verdad y además esta ley tiene que salir con la más amplia legitimidad de todos los actores políticos, no puede ser de ninguna forma una ley que nazca bajo sospecha”.