Desde hace poco más de un año, Javier Duarte de Ochoa es considerado el peor gobernador en la historia de Veracruz. Lo dicen políticos, académicos y, sobre todo, la ciudadanía de esa entidad.
La deuda pública que heredará a su sucesor se calculó en el 2015 en más de 44 mil 400 millones de pesos, aunque hay quienes hablan de un boquete financiero superior a los 81 mil 700 millones de pesos; de su mano, el otrora alegre estado alcanzó la distinción como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, entre otras cosas.
Duarte de Ochoa sumió a esa entidad en una olla de violencia, corrupción y pobreza; el “rinconcito de Dios” se transformó en un ente generador de asesinatos, desapariciones forzadas y censura.
De ahí que la petición de los legisladores panistas para que se inicie un juicio político en contra del deficiente mandatario, resulta un acierto, sí; sin dudar, cualquiera les compraría el posicionamiento a los albiazules; el único problema es que, casualmente, este pedimento llegó, precisamente, en la antesala electoral para renovar poderes en ese estado.
El rosario de malas acciones y decisiones de gobierno se coronó con la reciente publicación del informe de resultados de la Cuenta Pública 2014 de esa entidad del sureste mexicano, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, la cual estableció que Duarte debe aclarar más de 10 mil 756 millones de pesos sólo de ese periodo.
Desde el primer año, el robusto gobernador sacó el cobre. Desde el 2010, por ejemplo, los servicios de salud iniciaron una caída libre y hasta el 2015, la pobreza se incrementó en 492 mil nuevos pobres según confirmó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es decir, hay más de 4 millones 643 mil personas viviendo en esas condiciones, los que representan más de 58 por ciento de su población total.
También, entre el 2000 y el 2015, en esa entidad murieron de forma violenta más de 16 periodistas; hay, al menos, otros cuatro desaparecidos y el registro contable marca más de 70 agresiones hacia comunicadores.
Eso es sólo en cuanto a ataques a periodistas se refiere, pero en general, en cuanto a seguridad pública, Veracruz pasó de mil 467 homicidios en 2010 a mil 724 en 2013 y en secuestros, la cifra también sigue al alza.
Hablar de Javier Duarte de Ochoa, abogado, gobernador desde el 2010 de Veracruz, es hablar de una de las figuras más ligadas a la corrupción, a la omisión y una cantidad casi indefinida de delitos y mala praxis de gobierno. Lo saben los veracruzanos y los mexicanos en general desde hace años.
Javier Duarte violentó la constitución de su estado y la federación, cometió presuntos delitos electorales, atentó contra el patrimonio de la universidad pública de esa entidad y del Poder Judicial. La violencia, el acoso, la violación constante a los derechos humanos, se le puede restregar por largo tiempo en la cara.
Pero es hasta hoy que los panistas decidieron llevarlo a tribunales, o al menos intentarlo. Varios legisladores ajenos al Partido Acción Nacional respaldan la moción albiazul, pero afirman que al tratarse de un posicionamiento enmarcado en el proceso electoral, la petición de juicio político no tiene cabida, y tienen razón: jugar y manipular así, aunque sea por una buena causa, no es honesto ni legal. Javier Duarte debe de ser juzgado por sus actos y omisiones, pero ¿a qué precio?…
Toca ahora a las comisiones de gobernación y justicia y de puntos constitucionales dictaminar; tienen tres días hábiles para decidir si procede o no el juicio político; de ser así, sin lugar a dudas, se marcará un precedente histórico no solamente en esa entidad sino en el país entero. Al tiempo.