Así, el INAI ha determinado que la Procuraduría General de la República deberá “buscar” e informar sobre el número de casos de tortura que ha recibido la controvertida unidad especializada, desde su creación hasta el 13 de enero del presente año.
El Instituto ha determinado que es necesario que la sociedad conozca esa información que lacera al sistema de justicia en México, un cáncer histórico.
De acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del pasado 31 de diciembre, denominado Derechos Humanos en México, el estado que guarda la tortura en el país sigue siendo un desafío para todas las autoridades.
Las cifras del Estado mexicano reportan que la PGR contaba, al mes de abril de 2015, con 2 mil 240 investigaciones en trámite y sólo 15 sentencias condenatorias a nivel federal por este delito.
Cuando el particular solicitó la información del acumulado, de acuerdo al informe emitido por el INAI, la PGR señaló que “sólo contaba con el registro de la Visitaduría General, que consta de 86 indagatorias (38 averiguaciones previas y 48 actas circunstanciadas) iniciadas a partir del 28 de octubre de 2015”, fecha de creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
Asimismo, la PGR informó que en 78 casos, la denuncia se interpuso contra quien resultara responsable y en 8 indagatorias se denunció a 16 servidores públicos federales; 11, señalados como posibles elementos de la Policía Federal Ministerial.
En una última patada de ahogado, la PGR dijo que no podía tener esa información, ya que muchos expedientes no estaban disponibles y la respuesta, en contraparte, fue clara: la dependencia encargada de procurar la justicia en México deberá “buscar” y “encontrar” la información que le ha sido solicitada por el particular.
La puerta sellada comienza a ser destruida. La demanda informativa y el dictamen del INAI deberán asentar un procedente donde no habrá vuelta de hoja. Uno de los más grandes problemas que tiene a México sumido en la desconfianza de la sociedad hacia el Estado Mexicano, es precisamente el ocultamiento de la información, el no saber el cómo, cuándo y por qué.
Las instituciones están para servir y los mexicanos tienen el derecho de saber qué es lo que hacen y cómo lo hacen, valorar el desempeño que tienen y los esfuerzos que realizan o no. Acabar con los tiempos del oscurantismo no es una tarea fácil, pero alguien tiene que hacerla.