El Instituto Nacional de las Mujeres ha decidido incorporar más a la sociedad civil organizada en la lucha contra la discriminación hacia la mujer en todas sus formas y será una organización civil la que tomará parte en el Foro de Consulta que sobre el tema llevará a cabo la Organización de las Naciones Unidas en el mes de julio del presente año.
Esta vez, un grupo de mujeres egresadas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (en su mayoría) serán las que tomarán parte en dicha actividad y presentarán una serie de propuestas encaminadas a abatir las agresiones en sus distintas formas contra las féminas, concentrado en el IX Informe de México.
Este informe contiene las conclusiones del foro local que recientemente se llevó a cabo en México, en cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Para el Instituto de la Mujer, la aportación de la sociedad civil organizada es clave a la hora de identificar la dimensión territorial o temática para los diferentes problemas que aquejan a las mujeres y niñas, y analizar los avances y retos para una efectiva aplicación de las disposiciones de la CEDAW.
Los temas tratados fueron: lucha contra la discriminación, mujeres indígenas, acceso a la justicia, armonización legislativa, empleo y educación, participación política, violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, entre otros.
Y sobre ellos, se establecieron algunas propuestas en esos temas, que aunque los enfocaron en su entidad natal, Michoacán, engloban la problemática nacional en toda su expresión: invertir los efectos negativos de la estrategia de seguridad para las mujeres y las adolescentes y cumplir las obligaciones del gobierno de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio.
Asimismo, investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables.
También, desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta Amber, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y jóvenes desaparecidas, así como apoyar a las mujeres y jóvenes para buscar a sus familiares; y normalizar los protocolos de búsqueda policial.
Sobre el embarazo adolescente, quieren que se garantice el abasto de medicamentos e insumos suficientes para la prevención del mismo, con especial énfasis en comunidades indígenas. Que el Estado garantice el acceso universal a servicios de atención de salud y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular para las adolescentes, a fin de prevenir los embarazos no deseados y de adolescentes.
Garantizar la rápida aplicación de la Ley de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos de 2012 en los planos federal y estatal a fin de asegurar la vida, la libertad y la integridad de las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, y vele por que no sean objeto de ningún tipo de violencia
Que se adopten medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad.
Que el Estado elabore una estrategia general orientada a eliminar las prácticas nocivas que discriminen contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular realizando campañas de concienciación dirigidas a las comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres a fin de reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer.
Que el Estado adopte medidas especiales de carácter temporal para tener en cuenta las disparidades que enfrentan las mujeres indígenas de las zonas rurales en su acceso a las tierras y la propiedad, y a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, así como su participación en los procesos de adopción de decisiones.
La participación de las mujeres será a través de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, compuesta en un 98% de mujeres egresadas de la Casa de Hidalgo.