Descalificar sin ton ni son
“Es materialmente imposible e impensable que en el mundo de tecnologías y prodigios del cual estamos hablando, el gobierno federal de esta república ignore dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y quiénes fueron los autores y encubridores del imborrable e imprescriptible crimen de desaparición forzada. No lo pueden borrar, nunca, nunca más, y en la historia tampoco la sangre ésa no se le borra y la van a llevar. Aunque el papa Francisco se haya callado, no haya recibido a los padres y madres, y no les haya dicho ni una sola palabra, ésa tan sencilla que ellos esperaban, el crimen es indeleble y será permanente mientras no sepamos dónde están”.
Tal fue el sentido mensaje emitido por el investigador de la UNAM Adolfo Gilly en la presentación de la obra El tiempo del despojo: siete ensayos sobre un cambio de época, el cual cobra una gran relevancia a la luz del pronunciamiento hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre la situación de los derechos humanos en México: “La desaparición de los 43 normalistas constituye una grave tragedia. Es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Es, además, un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
En cualquier otro contexto, la gravedad intrínseca del caso y la dureza de esos señalamientos habrían conducido al despliegue de un aparato indagatorio capaz de producir resultados creíbles en el corto plazo, análogo al que en su momento hizo posible la recaptura del Chapo Guzmán. Ello, sin embargo, no ha sido así. Lejos de apoyar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado a instancias del Estado mexicano, desde las entrañas gubernamentales se ha proyectado una andanada de ataques e infamias en contra de sus miembros, se han hecho filtraciones maliciosas y se ha sembrado una nueva teoría que vendría a dar un segundo aire a la derrumbada “verdad histórica” inicialmente difundida por la Procuraduría General de la República, según la cual algunos de los desaparecidos habrían sido ejecutados en el basurero de Cocula.
Descalificar sin ton ni son, también ha sido la respuesta oficial al informe de la Comisión Interamericana, cuya crítica central es clara y precisa: México está inmerso en una gravísima crisis de derechos humanos derivada de la atribución a las fuerzas armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiacas civiles, y por consiguiente el gobierno federal está obligado a presentar un plan concreto para retirar al ejército de las calles.
Negar sistemáticamente la realidad, elevar la conducta instintiva del avestruz a la categoría de política de Estado, masacrar al mensajero para hacer de cuenta que el mensaje no existe, son síntomas de una manifiesta incapacidad política y de un muy preocupante estancamiento mental.