Desde el escándalo del padre Marcial Maciel, el tema de la pederastia en México es una constante ofensa social que crece al paso del tiempo. Cada vez es más frecuente escuchar de casos de menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes. Maciel murió en a los 87 años de edad, hace casi ocho años, sin haber enfrentado ningún proceso penal o eclesiástico.
Hoy, igual que hace poco tiempo, cuando se descubrió que el cura Eduardo Córdoba Bautista, violó a más de 100 niños durante sus tres décadas sacerdotales en San Luis Potosí, un nuevo escándalo se ha difundido:
Gerardo Silvestre Hernández, párroco de Oaxaca, ha sido acusado por otros curas de haber violado a más de 100 niños indígenas de la región. El sacerdote ya está preso pero la Iglesia insiste en no reconocer el caso, uno de los cientos, miles, que le han sido reportados y que se niega a aceptar.
Por este caso, nueve sacerdotes católicos han sido amenazados de muerte y algunos de ellos, ya hasta fueron suspendidos en sus actividades. La denuncia pública es que la Iglesia pretende que el caso pase de largo, again.
Los sacerdotes “traidores” han solicitado la urgente intervención de las máximas autoridades eclesiásticas; primero lo pidieron al arzobispo José Luis Chávez Botello, pero todo parece indicar que el arzobispo cubre al acusado.
Los denunciantes se enteraron de las agresiones que cometía Gerardo Silvestre cuando cuatro de las víctimas se confesaron con otro párroco; el sacerdote puso al tanto del tema al arzobispo quien se limitó a cambiar de iglesia al acusado, pero éste, seguro del respaldo, siguió con sus actividades ilícitas en su nuevo templo y en otros cinco más.
El caso finalmente explotó y en una muestra más de injusticia, la Iglesia perdonó al malhechor y castigó a los denunciantes, los expulsó de sus parroquias y les quitó sus derechos sacerdotales.
El abusivo sacerdote violador de menores, se encuentra encarcelado, pero la Iglesia no acepta la culpa.
Por cierto, el año pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformas para hacer imprescriptible los delitos de pederastia y abuso sexual de menores.
El artículo 209 bis del Código Penal Federal establece penas de 9 a 18 años de prisión y multas de 750 a 2 mil 250 días de salario, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, y lo obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.